Editorial
¿Qué hay detrás del retiro del 10%?
Ad portas de la aprobación de un nuevo retiro del 10% de los fondos de las AFP, parece ser que el discurso o más bien los consensos apuntan hacia 1) los beneficios que esto traerá a las personas, sobre todo en el contexto de las fiestas de fin de año y 2) los réditos que dicha aprobación pueden significar para la clase política en el sentido de ser garantes de que el dinero efectivamente se reciba con las menos “trabas” posibles.
Sin embargo, ¿cómo se puede promover algo de estas características sin reparar en su génesis y estructura?
En primer lugar, es importante recordar el “10%” surge de una iniciativa parlamentaria como respuesta a las insuficientes medidas del gobierno en términos del apoyo que requieren los hogares en medio de la grave crisis sanitaria, social y económica que afecta al país. Es decir, se propone una salida alternativa para que las trabajadoras y trabajadores puedan retirar un porcentaje de sus propios ahorros en las AFP, mermando aún más las miserables pensiones que se obtendrán de seguir en este régimen de ahorro forzoso.
En segundo lugar, es importante notar que este mecanismo de “autoayuda”, opera dentro de los mismos parámetros de la lógica individual a la que estamos acostumbrados. La frase “es MI dinero” resume muy bien el sentir de quienes abogan (y con justa razón) por poder obtener este segundo retiro, pero también muestra la desconexión o desconocimiento de un sentir colectivo y solidario. Una vez más la élite nos somete al “sálvate solo”, pero esta vez -algunos de sus integrantes- se muestran como garantes de ello.
Queda un camino largo aún por recorrer en la ruta hacia la seguridad social, sin embargo, es bueno tener en cuenta estos alcances para cuando llegue el momento en que se requiera de decisiones y apoyos populares que empujen el cambio del sentido común hacia uno donde comienzan a equilibrarse los “MIS” con los “NOS”, y donde la autoridad (parlamentaria o gubernamental) busque de verdad el bien colectivo dejando de lado el mezquino aprovechamiento político en tiempos de extrema necesidad.
La Seguridad Social es un derecho fundamental que no debe ser privatizado
Con un precario presente y un incierto futuro, a diario los y las trabajadoras siguen organizándose por el derecho a la seguridad Social y la vida digna.
La lucha por la justicia social en Latinoamérica significa un imperativo moral para quienes viven a diario las consecuencias del actual sistema neoliberal, impuesto en varios países del continente tras la segunda mitad del Siglo XX. Gran parte de estas medidas fueron implementadas tomando a Chile como “conejillo de indias” y construyendo así el “Modelo chileno”, para más tarde ser replicadas en el resto de la región.
Ante esto, el Seminario Internacional “La lucha por la Seguridad Social en América Latina y el Caribe” reunió en sus exposiciones a más de 35 intelectuales y activistas, que han trabajado firmemente por teorizar y organizar las fuerzas de cambio desde los y las trabajadoras.
De forma particular, el panel “Experiencias de Lucha por la Seguridad Social” conversó sobre la realidad de Chile, México, Perú, Uruguay, Brasil, Colombia, Argentina y El Salvador; con experiencias similares de organización ante un escenario en crisis, marcado por la necesidad de un retorno a los sistemas solidarios de reparto luego de una forzosa privatización de la Seguridad Social.
Como recuento histórico, en un comienzo la influencia de la Revolución Mexicana propició la lucha de los y las trabajadoras por una forma solidaria de resolver la cuestión de la Seguridad Social, por medio de los sistemas de reparto. Luego de la implementación del Plan Cóndor, muchas naciones del lado sur del continente fueron re-estructradas al servicio del gran capital.
Se le quitó al Estado la función de preocuparse por la Seguridad Social —a través de la privatización — dando paso a la figura de las AFP en Chile, que en un comienzo estaban en manos del gran empresariado local para luego ser compradas por multinacionales. Respaldado con una fuerte campaña publicitaria, el modelo de privatización se expandió por Latinoamérica principalmente en los años 90. El “milagro chileno” prometía buenas pensiones y un salvavidas económico ante la inversión de los fondos.
“En Chile tenemos un aumento del gasto fiscal debido a la mantención de la industria privada, la cobertura de la previsión es cada vez menor y afecta principalmente a las mujeres, que presentan una mediana (50%) de sus pensiones autofinanciadas de $35.000” afirmó el vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No+AFP en Chile, evidenciando las consecuencias del supuesto milagro —en medio de un contexto de revuelta que se arrastra desde octubre del año pasado que pide el fin del actual sistema de previsión— para pasar a uno pensado por la gente movilizada.
La situación para las mujeres también se hace perjudicial en otros países —bajo la privatización de la Seguridad Social— cómo en Perú donde las trabajadoras del hogar han sido integradas recientemente al sistema de previsión —tras años de exclusión e informalidad— debido a la presión ejercida por la lucha organizada: “Las trabajadoras del hogar hemos salido a decir ‘basta de violencia contra la mujer’. Basta del no reconocimiento de las trabajadoras del hogar, a no tener un contrato por escrito, no tener derecho a la maternidad, no tener seguridad y salud en el trabajo, tener un sueldo por debajo del mínimo, eso es violencia”, argumentó Leddy Mozombite, en la voz de la Federación nacional de trabajadoras/es del hogar de Perú.
Por otra parte, en países como Colombia y México, la informalidad y los bajos salarios impiden el ahorro de las familias, inclusive el relacionado a pensiones para la vejez, repitiendo la historia de las AFP en Chile: grandes utilidades para las multinacionales y bajas pensiones para los y las trabajadoras. Por su parte Argentina también sufre un proceso de privatización que para Hugo Yaski de la Central de Trabajadores de Argentina,es una tampa: “El sistema privado es una trampa, donde el sector financiero pretende reapropiarse de los fondos de los que más aporta, le deja a los más pobres al estado y establece una brutal brecha de desigualdad, que es la lógica del libre mercado”, afirmó el sindicalista.
En escenarios más optimistas como el de Uruguay —tras avances en el sistema mixto influenciado por “modelo chileno” implantado en los ‘90— se discute una nueva reforma de pensiones dentro de un sistema estatal (BPS) que cubre el 90% de la previsión de los y las trabajadoras gracias a la sólida sindicalización y movilización, que según Lorena Lujan, de la Federación de Funcionarios de Salud, apuesta por: “Una Seguridad Social universal y sin lucro”.
Desde aquella consigna, se puede deducir que la conclusión general llega de manos de la desprivatización y el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, quienes son los y las principales responsables de la generación de la riqueza en los países y por consecuencia, merecedoras de una vejez digna, el reconocimiento de sus labores no remuneradas y remuneradas ejercidas en el hogar y síntesis: un sistema de Seguridad Social basado en la solidaridad y que permita la simple idea de una justa vida digna en toda Latinoamérica y el Caribe.
Nueva arremetida del TPP 11: ¿defender los derechos económicos y sociales o al capital?
Hace unos días el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, anunció que el gobierno insistirá para que nuestro país apruebe el Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (TPP 11). Después de varios años de negociaciones, iniciadas durante la presidencia de Michelle Bachelet e interrumpidas por las masivas manifestaciones de fines del año 2019, se vuelve a impulsar este controversial tratado. A continuación se exponen 3 elementos para mantenerse alerta sobre dicha iniciativa.
En primer lugar, es necesario contextualizar en términos geopolíticos qué significa un acuerdo de estas características. Si bien durante el mandato de Trump EEUU se excluyó del acuerdo por diferencias con algunas medidas, como aquellas sobre propiedad intelectual, hoy en día el nuevo presidente electo considera su incorporación. Desde este punto de vista, como señalan algunos analistas políticos, se trataría de una estrategia del país del norte por frenar la hegemonía de China en el mundo. En palabras de Joe Biden: “Nosotros representamos el 25% de la capacidad comercial alrededor del mundo. Necesitamos estar aliados con otras democracias, con otro 25% o más, de manera que podamos establecer las reglas del juego en lugar de que lo haga China u otras dictaduras, porque son ellos los únicos jugadores en un momento dado”. No habría que buscar las motivaciones sólo en supuestos beneficios económicos del tratado sino que en las relaciones de poder de las potencias económicas.
Un segundo aspecto para problematizar tiene relación con los límites a la soberanía que supone un tratado de esta magnitud, y los tratados bi o multilaterales en general. Por una parte, las autoridades del actual gobierno son erráticas en sus propios planteamientos: se niegan a firmar el Acuerdo de Escazú por los límites a la soberanía, pero no lo dudan respecto del TPP 11 ¿Cómo entender esta supuesta contradicción? Porque los sujetos de los derechos son opuestos en cada caso ya que en Escazú es la ciudadanía y los DDHH los protegidos, en cambio en el otro caso son los derechos de los empresarios e inversores. De esta forma, la cesión de poder implicado reproduce la desigualdad en los mecanismos de acción a nivel nacional e internacional.
Finalmente, resulta imperioso conectar esta discusión con el proceso constituyente ya en marcha y que nos permite cuestionar el modelo de desarrollo en el que se ha basado nuestro país, principalmente orientado por una acción subsidiaria del Estado, marginado de cualquier actividad económica, y la exportación de materias primas a gran escala. Chile ha basado su economía en la expansión de los mercados internacionales para colocar productos de bajo valor agregado, pero lo que pudo dar réditos económicos hace 20-30 años ya no es sostenible. Hoy en día la conciencia sobre los límites del planeta y de los recursos naturales, junto al despojo y afectación de las comunidades que subsisten en estos territorios intervenidos, obligan a cambiar radicalmente. Junto con esto, y para lograr que el Estado garantice efectivamente los derechos sociales y económicos de la población, se necesita repensar la orientación que la iniciativa económica está teniendo. En síntesis, la discusión sobre el rol del Estado y la actividad económica se verán restringidas en caso de que este acuerdo sea aprobado en estos momentos.
En vista de la reactivación del debate sobre el TPP-11a, urge conocer y reflexionar respecto del modelo de desarrollo y los tratados comerciales en que el país se involucra ¿para quienes irán los beneficios? ¿para las comunidades o el capital?
Chile arriesga la soberanía de sus recursos naturales
La fuerte arremetida de las inversiones chinas en el rubro eléctrico, pone en tensión el modelo extractivista y una legislación débil ante el control de servicios básicos que aún mantiene su raíz neoliberal impuesta en dictadura.
La confirmación del acuerdo de venta que traspasa el 94% las acciones de CGE Distribución —por más de US$ 3 mil millones— desde la compañía española Naturgy a la estatal china State Grid (SGID), la posicionaría con el 52,4% del mercado de distribución eléctrica bajo su control. Pese a que la transacción aún debe ser revisada por la Fiscalía Nacional Económica, enciende las alarmas ante la capacidad de la legislación chilena para regular la integración vertical en el mercado energético y el control de la explotación de los recursos naturales.
Al analizar la cadena de acción de las empresas chinas surge la figura de la Comisión Estatal para la Supervisión y Administración de los Activos del Estado de China —SASAC, por sus siglas en inglés— una agencia especial que aglutina la administración de inversiones estatales del gigante asiático. SASAC tiene bajo su control filiales en las tres subdivisiones que la Ley Eléctrica definió para el mercado en 1982: generación, transmisión y distribución, algo que podría ser problemático debido a que la legislación chilena limita la entrada de generadoras y distribuidoras a un 8% en el mercado de la transmisión, mientras que de manera inversa no se permite que las empresas con labores de transmisión participen en el mercado de la generación y distribución.
La participación de SASAC en el rubro eléctrico se podría describir de la siguiente manera: en generación, posee a Pacific Hydro por medio de SPIC; en transmisión es dueña de Transelec por medio de SCGI; mientras que en distribución maneja activos de Chilquinta y próximamente CGE, por medio de SGID . Las dos últimas, SCGI y SGID son filiales de la State Grid Corporation of China (SGCC) —la empresa de servicios más grande del mundo— lo que al mezclarse con las demás podría significar no sólo la integración horizontal del mercado chino, que se plantea con grandes inversiones en otros países de latinoamérica, si no que también podría darse una irregularidad al estar prohibida la integración vertical, es decir, el control y propiedad de compañías que se relacionan con la cadena de producción del servicio o producto final.
De esta relación, se deduce una fuerte influencia del gigante asiático sobre el futuro de los recursos naturales del país —que cómo Estado-Nación se ve incapacitado constitucionalmente a involucrarse directamente en faenas productuvias— además de las limitaciones que le impone su rol subsidiario definido en la constitución de 1980. Una herencia de la dictadura que tuvo como consecuencia la privatización empresas estatales — 725 instituciones entre 1973 y 1990— donde grupos cercanos al régimen, como SQM de propiedad del yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, empresas que nacieron y se desarrollaron gracias a el aporte y gestión estatal, a muy bajo costo, para luego venderlas principalmente a capitales extranjeros.
La incertidumbre relacionada a estas grandes inversiones y las consecuencias que podrían tener en el medio ambiente —que se potencia por medio del modelo económico extractivista— son gigantes y difícilmente reversibles. Sabiendo además la declarada intención de China por participar en empresas como Colbún y Endesa.
Por esto es necesaria la organización y movilización popular y sindical, que haga frente a las intenciones de un gobierno neoliberal cómo el de Sebastían Piñera, el cual en medio de la crisis celebra una baja en la caída del producto nacional proporcionada por las inversiones chinas, cómo si se tratara de un “Síndrome de Estocolmo” de una nación dependiente del secuestrador de sus recursos naturales.