A lo anterior se suma la elección del candidato demócrata Joe Biden en EE.UU. cambia el panorama de liderazgo de la principal potencia hegemónica, aunque deberá enfrentarse a un Senado conservador y a la articulación de grupos nacionalistas violentos, que pueden ser un germen de conflictividad interna.

Por su lado, el presidente Piñera marca su propia posición en materia regional: no asiste al cambio de mando boliviano, sino que envía al Canciller Allamand y anuncia una próxima cita del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), una reciente articulación sudamericana con tendencia a la derecha. Respecto a EEUU, escribe un mensaje al candidato ganador arrogándose el respeto a los DD.HH. y al medioambiente.

Lo cierto es que el actual gobierno sigue firme con su agenda neoliberal autoritaria, sin dar solución a la gran mayoría que se encuentra en la incertidumbre. No ha respondido por las violaciones a los DD.HH. en el contexto del estallido, considerando el respaldo al exministro del Interior y a la jefatura del General Rozas, mantiene un toque de queda injustificable, ha diluido el pedido generalizado de transformar la Institución de Carabineros y ha evitado resolver la situación irregular en la que están muchos presos de la revuelta. En términos económicos, acaba con el Ingreso Familiar de Emergencia y fija en $6.000 el aumento del Salario Mínimo. 

Mientras tanto, los hogares han visto disminuir sus recursos disponibles durante la pandemia, obligados a endeudarse y con la esperanza, como arma de doble filo, de sacar por segunda vez sus recursos de las AFP para paliar los efectos de la crisis. Son estos los que han puesto más de 3 veces las ayudas comprometidas por el gobierno, que ha sido incapaz de poner al centro a las personas.

En este sentido y aunque las autoridades vean con buenos ojos la disminución paulatina en la caída de algunas cifras sobre la actividad económica actual, la crisis que estamos presenciando es estructural y global. Para el gobierno se trata de priorizar una política de reactivación económica, con incentivos empresariales, pero para la gran mayoría del pueblo esto significa seguir soportando en sus hombros la reproducción de la vida.

Dada la actual coyuntura constituyente, varios actores han comenzado a tematizar sobre los posibles candidatos a la Convención y se arrogan la interpretación, a su conveniencia, del 80% del Apruebo. Pero esto deja de lado el enorme desafío que supone disputar social, política y económicamente el modelo imperante. 

Por ello, es necesario construir colectivamente un espacio de aprendizaje, debate e investigación en el cual se pueda, desde las bases y en todos los niveles, generar alternativas que representen a las mayorías del país, pero que también se conecte con los procesos a nivel internacional.  

La pandemia y la discusión por un segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones continúan, tras ser aprobada el proyecto con 130 votos a favor en la Cámara de Diputados/as esta semana pasará al Senado, donde se requieren 3 /5 para  su aprobación. Un debate forzado ante la ausencia de transferencias directas por parte del Estado, pero que nuevamente lleva a los y las trabajadoras a sostener la crisis con sus ahorros previsionales, mientras un 49% de los hogares—según la Encuesta Social COVID-19, del Min. de Desarrollo Social— indica que no le alcanza para llegar a fin de mes. 

Según datos de la Superintendencia de Pensiones, el primer retiro fue recibido por sobre el 94% de las personas habilitadas —más de 9 millones — mientras que el monto pagado sumó más de  US $16 mil  millones, con un promedio individual de 1 millón 357 mil pesos.  Dineros  gastados principalmente en el pago de deudas o consumo, lo que permitió resultados menos negativos a la fecha, pero que aún se encuentran muy lejos de una “recuperación” sólida de la economía nacional, en contraste a los dichos del Ejecutivo.

Por su parte, el segundo retiro presenta cifras similares a su antecesor, ascendiendo a US $19 mil millones — la suma de ambos significa el 8.9% del total de los fondos de pensiones a julio de 2020— en el caso de que cada afiliado/a retire el total permitido. De ser así, los y las trabajadoras estarán aportando más de siete veces — sobre los US $35 millones — que los US $5 a 6 millones aportados por el Gobierno a los hogares en el combate de la crisis económica producto de la pandemia.

¿Cómo se verían afectadas las pensiones tras el segundo retiro?  En primer lugar, podrían quedar 4,2 millones de personas con saldo cero en sus cuentas individuales—según datos de la Superintendencia de Pensiones— aumentando las 1,9 millones personas que ya agotaron el total de sus ahorros previsionales en el primer retiro, aunque la mayoría de éstas tenía pocos años cotizados. 

Mientras que para el 50% de los y las trabajadoras en Chile —que ganan menos de $401 mil pesos— la disminución en sus ahorros para la vejez  en relación a los dos retiros —según datos de la Superintendencia de Pensiones— podría alcanzar un 25,7% para las mujeres y un 15,9% para los hombres. Es relevante considerar que la disminución se hará sobre pensiones que son y serán realmente bajas, por ejemplo una pensión autofinanciada de $150.000 —recibida por cerca de la mitad de los y las pensionadas actualmente— se reduciría a $111.145 en el caso de alcanzar una disminución de 25,7%.

Entonces, celebrar este “autopréstamo”es riesgoso, ya que si bien aporta a la economía del hogar encubre los problemas estructurales. Como los bajos salarios, que restringen a las familias a generar ahorros fuera del pago de sus imposiciones —evidenciado al observar que se duplicó el número de cuentas de ahorro para la vivienda tras el primer retiro— además de la incapacidad del Gobierno para resolver una crisis que no sólo es sanitaria, si no que también social y política. 

Hace mucho tiempo que existen las condiciones para generar un cambio sustitutivo del sistema de pensiones —no una reforma carente de cambios estructurales — que avance en la implementación de un sistema solidario de reparto, con financiamiento tripartito y  reservas técnicas. Y así, avanzar a la implementación de políticas públicas basadas en la Seguridad Social, pensada precisamente para resolver crisis como la provocada por el COVID-19  e ir en resguardo de los y las trabajadoras, que bajo este modelo son quienes soportan en sus hombros las consecuencias económicas de la pandemia con incertidumbre hacia un probable rebrote.

Un nuevo estudio de la Fundación Sol titulado “Los Verdaderos Sueldos en Chile”, tomó los datos de la Encuesta Suplementaria de Ingresos, ESI (2019) dando cuenta del atraso salarial y el bajo valor del trabajo que no ofrece suficiencia a los hogares.

En detalle, esta conclusión proviene de los datos que indican que el 50% de los y las trabajadoras chilenas gana menos de $401 mil — $422.400 en 2017— mientras que dos tercios (2/3) gana menos de $550 mil líquidos y tan sólo un 19,4% recibe una remuneración superior a $800 mil líquidos.

Al tener en cuenta que la línea de la pobreza para un hogar de 4 personas se demarca en $445.042, se concluye que un 54,5% de los y las trabajadoras no podría sostener un estándar básico de sobrevivencia, lo que obliga la entrada de una segunda persona del grupo familiar al trabajo remunerado.

Obligación que está lejos de generar suficiencia dentro de los hogares, ya que para que una persona genere ingresos a tiempo completo, probablemente otra deba cubrir sus labores de reproducción —trabajo doméstico y de cuidados — que no son remuneradas. Afectando principalmente a redes conformadas por mujeres —que ocupan 41 horas semanales adicionales a una jornada laboral en este tipo de labores— y que según el estudio: 3 de cada 4 de ellas, reciben ingresos menores a $550 mil, mientras que el 84,8% gana menos de $800 mil líquidos. Una situación preocupante si se toma en cuenta que el 40% de los hogares en Chile poseen jefaturas de hogar femeninas, de los cuales 42% son de tipo monoparental.

Por otra parte, el estudio indica que se registran casi 840 mil personas subempleadas, de las cuales el 50% gana menos de $176 mil. A lo que se suma un total de  1.164.736 de asalariados/as que no tienen contrato de trabajo, de los/as cuales un 80% gana menos de $454 mil. Una preocupación que se acrecienta cuando la pandemia deja efectos como:  cerca de 1,9 millones de puestos de trabajo perdidos y una tasa de desempleo que alcanza el 12,9%.

Bajos salarios que podrían atribuirse al Efecto Faro provocado por el Salario Mínimo en Chile —en las regiones de Coquimbo, Libertador, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Los Ríos, Arica y Parinacota y Ñuble  el 70 % de los ocupados/as percibe menos de  $520 mil—  denotando la importancia de la implementación de políticas públicas que reajusten el salario mínimo al menos sobre la línea de la pobreza.

 Por su parte, el estudio analiza esta situación —por medio de datos recopilados del  XXIX Informe de Deuda Morosa Universidad San Sebastián-Equifax— evidenciando que en Chile se registraron 4,9 millones de deudores morosos a junio de 2020 con un monto promedio de la morosidad de $1.894.721. Además,  datos proporcionados por el INE  indican que el 70% de los hogares —80% de los mayores de 18 años— en Chile está endeudado.

Dados los antecedentes, queda en claro la necesidad de políticas públicas estructurales que salden la “deuda histórica” relacionada al valor del trabajo, entre las que se puede alojar: una transformación del Salario Mínimo a un Salario Vital con montos que superen la línea de la pobreza y por otra parte, el reconocimiento de la función de los sindicatos que poseen un rol central en la redistribución de los ingresos al momento de negociar los salarios. Es decir, acabar con las trabas impuestas ante el cumpliento del Derecho a huelga y la Sindicalización Ramal, y así avanzar en la construcción de una fuerza colectiva que le doble la mano a los dueños del capital, que continúan enriqueciéndose a costa del trabajo ajeno.