Reforma al sistema de pensiones: ¿Quién le pone el cascabel al gato?
“Enero será un mes clave para la reforma al sistema de pensiones”, señalaban varios personeros de gobierno al finalizar el 2020. Sin embargo, lo cierto es que la tramitación está detenida a la espera de las indicaciones que el ejecutivo se comprometió a ingresar y que aún no materializa.
Además, se trata de una reforma que no soluciona en profundidad la grave y urgente crisis previsional que existe en el país, y tampoco garantiza la resolución de las bajas pensiones a futuro. Recordemos que -por ejemplo- la mitad de las nuevas jubiladas (aquellas que reciben su primera pensión autofinanciada) están recibiendo montos que son inferiores a los $51.400.
La pregunta que surge en este contexto es ¿qué estará haciendo el ejecutivo para destrabar un proyecto que parece ser clave para su gestión?
Hace pocos días, la ministra del Trabajo y Previsión Social reconoció que el ahorro individual no es suficiente, y que por tanto es necesario incorporar un componente de solidaridad intergeneracional, algo que los movimientos sociales vienen planteando desde hace varios años. Este componente, que es ha sido fundamental para los sistemas de pensiones que operan en alrededor del 95% de los países a nivel mundial, hoy se transforma en un argumento válido para el gobierno, luego de haberse negado tajantemente a ponerlo sobre la mesa.
Este giro puede tener varias justificaciones, sin embargo, más que una convicción real, parece ser (en una lógica muy improvisada) la estrategia que usará el ejecutivo para ganar votos de la oposición en el parlamento. Porque hasta ahora han sido declaraciones, pero nada que se materialice como indicación en el proyecto.
Sin embargo, desde un punto de vista serio, el debate sobre el sistema de pensiones que Chile necesita o de las reformas planteadas no puede ser dado en un tiempo tan acotado. Se requiere escuchar propuestas, revisar indicaciones, debatir con más argumentos sobre la mesa para lo cual, a todas luces, un mes es insuficiente. Además, desde el parlamento tampoco existe claridad de qué es lo que se busca, ni tampoco propuestas alternativas para resolver esta situación.
Es decir, entre un gobierno que improvisa y un parlamento que calla o no propone, parece que la reforma está en tierra de nadie, pero más importante aún, que el debate sobre pensiones no tiene liderazgos claros ni propuestas concretas hacia las personas que esperan soluciones de fondo y rápidas. La pregunta que surge es ¿quién le pone el cascabel al gato?
Incluso tal vez sea mejor así. Porque después de enero y de las vacaciones, surgirá todo un clima electoral asociado al proceso constituyente y la discusión se puede tornar más interesante, las disputas pueden ser más audaces y podamos conversar realmente de las soluciones estructurales y no de parches que mantienen el actual status quo..
La pandemia empobrece a la mayoría y hace más ricos a los multimillonarios
Si bien el año 2020 fue un pésimo año para la mayoría de los chilenos y chilenas debido a la pandemia por COVID-19, y una crisis económica mundial como no veíamos en décadas, paradójicamente, las máximas riquezas mundiales crecieron.
Según datos de Bloomberg, las 500 mayores fortunas en 2020 habrían aumentado en cerca de un 30%, totalizando más de 8 billones de pesos. Si nos vamos a la cima, las cifras son obscenas: el 60% de los más ricos aumentó su patrimonio durante este año y los primeros 5 lo incrementaron en 310 mil millones de dólares.
En esto Chile no es la excepción. Según información de Forbes, las 5 principales fortunas del país vieron importantes incrementos en su patrimonio durante este año de crisis. Iris Fonbona (del Grupo Luksic, dueños de Banco de Chile y de Antofagasta Minerals) obtuvo un aumento del 84,2%, correspondiente a más de 9 mil millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, la ganancia de los Luksic es un poco menos de lo que el Estado ha puesto a disposición de la población en el Fondo COVID para 18 meses. Cabe señalar que, pese a este aumento estratosférico, el Banco de Chile acaba de despedir cerca de 500 trabajadores, siendo que a noviembre de 2020 registraba utilidades diarias de $1.308 millones. Un fiel reflejo del "Modelo" chileno que no valora el trabajo.
En segundo lugar, según el patrimonio, se encuentra la familia Piñera-Morel que aumentó en un 11% su riqueza, la cual actualmente es administrada por un fideicomiso ciego. En tercer lugar, se ubica Julio Ponce Lerou (SQM) que casi duplicó su patrimonio en 2020, alcanzando los 3.500 millones de dólares. Luego, Roberto Angelini (Corpesca) vio un aumento del 30% de su patrimonio y Alvaro Saieh, en un 15,3%.
Por contraposición, la situación de los hogares chilenos ha empeorado desde todas las perspectivas. Según la Encuesta Social COVID, un 49% de los hogares señala que sus ingresos no le alcanzan. Por su parte la CEPAL ha calculado que más de 200 millones de habitantes de Latinoamérica y el Caribe caerán en la pobreza y en Chile se pasará de cerca de un 8% de pobreza a más de un 14%, según las mediciones de ingresos tradicionales.
¿Por qué sucede este aumento tan marcado de los super ricos? Hay varios factores. En primer lugar, habría que puntualizar las características del capitalismo actual, financiarizado y flexible, que hace que las fortunas ligadas a los ámbitos financieros (compañías de seguros, banca, administradoras de pensiones), a los sectores tecnológicos y a los sectores extractivistas, donde se concentran los grupos económicos, se enriquezcan. Estos sectores no han parado durante la pandemia, incrementado así su valor bursátil. Otro elemento por considerar es que la moneda chilena se ha “apreciado” estos últimos meses, es decir, su valor ha aumentado en referencia al dólar (de 850 a fines del 2019 ha pasado a bajo los 700 pesos) lo que hace que estos patrimonios en pesos chilenos se vean valorizados. Por último, también se puede señalar el aumento en el precio de algunos commodities como el cobre, que se encuentra cerca de los 3 dólares la libra, favoreciendo a las empresas mineras.
No hay que olvidar también que estas fortunas, con el ejemplo de Ponce Lerou, parten de una base de acumulación inicial donde el Estado, capturado por la dictadura, vendió sus empresas casi a costo 0. En el caso de la minería, hoy en día cerca del 70% de la producción está en manos de privados versus el 30% que tiene CODELCO. En este sector, durante los gobiernos de la Concertación se creó el denominado “Royalty minero” que no funciona como tal y que ha recaudado en los últimos 12 años 0,12% del PIB, apenas tocando a estas grandes fortunas.
Además, parte de los beneficios que reciben estos grandes grupos económicos en Chile se pueden ligar al rol que han jugado en la política en los últimos años. Cabe señalar, por ejemplo, que SQM (Ponce Lerou) y el grupo Angelini son 2 de los principales grupos económicos que financian campañas políticas de diversos partidos en el poder. Sumado a esto, todos estos grupos económicos han sido sancionados por algún ilícito: colusiones, compras de empresas sin venta (empresas zombie), financiamiento ilegal a la política. Uno de las hechos más preocupantes es la naturalización de acciones reñidas con la ética: “ya pasó”, “todos lo hacían”, etc. Por último, estos mismos grupos se aseguran ganancias concentrando una buena parte de los fondos de pensiones de los y las trabajadoras chilenas.
Cabe recordar el proyecto de ley sobre un impuesto a los “súper ricos”, impulsado por la necesidad de contar con más recursos en el Estado para derivar en aportes a las familias, sigue en espera. En cambio, en otros países de la región como Argentina y Bolivia ya se aprestan a implementar un impuesto a las grandes fortunas. Urge un debate sobre la acumulación de la riqueza y desigualdad del modelo imperante.
Gobierno evalúa alza en el IVA para ir en rescate de las AFP
Las claridades ante la urgencia de una reforma en materia previsional recién llegan al Ejecutivo que define el mes de enero para avanzar en la materia, mientras se busca cómo compensar los fondos repartidos tras el segundo retiro del 10%.
No es novedad que el actual sistema de pensiones no da para más —con una tasa de reemplazo cercana a 19,8% de las últimas remuneraciones— luego del segundo retiro del 10% y más de 40 años incumpliendo la promesa del “milagro chileno”. Un modelo en ruinas que el Gobierno se rehúsa a dejar ir al poner urgencia en la tramitación de su Reforma a las Pensiones que crea un “mini sistema mixto”, sin garantías ni cambios estructurales.
Para compensar la baja en los fondos producto de los retiros—que según datos de la Superintendencia de Pensiones alcanza un monto de US$ 13.063 millones en segunda instancia— e ir en rescate de las AFP, se barajan medidas inaceptables. Entre ellas se encuentra un alza de 1% o 2% en el IVA —dirigido a aumentar un aumento en el pilar solidario— que contrariamente, golpearía fuerte a los y las trabajadoras del país de bajos y medios ingresos, mientras se descarta tajantemente por parte del oficialismo que este monto corra por cuenta del empleador.
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) en Chile grava el consumo de bienes y servicios con un 19% uniformemente y significa más del 40% de la recaudación del Estado. Este impuesto al consumo es regresivo para los hogares de menores ingresos, ya que al recibir bajos salarios gastan todo su dinero en consumo, pagando así un proporcional mayor de IVA que quienes poseen la capacidad de ahorrar —consecuencia de sus mayores ingresos— sin que el dinero ahorrado reciba algún gravamen por parte del Estado.
Por ejemplo: quienes hicieron efectivo el retiro del 10% de sus fondos de pensiones y lo gastaron en comida, ropa y bienes de consumo, tributaron un 19% en cada intercambio. Mientras que quienes decidieron ahorrar aquel monto —ante la inexistencia de urgencias económicas— no se verán afectos a ningún gravamen particular al mantener sus dineros ahorrados.
Por su parte, los esfuerzos del Gobierno se vuelcan a la apresurada aprobación de su propuesta de Reforma a las Pensiones —con un plazo autoimpuesto para enero de 2021 — que se encuentra estancada hace un año, desde que recibió la aprobación por parte de la Cámara de Diputadas y Diputados a finales de enero de 2020. Cabe que se han realizado reuniones comandas por el Presidente para impulsar la reforma en el Senado, aunque la postura oficialista es no ceder en su defensa del modelo: “Hemos cedido bastante y esperamos que no exista una imposición de la oposición”, según las declaraciones del Senador Rodrigo Galilea (RN) al Diario Financiero.
La propuesta se encuentra en la Comisión de Trabajo del Senado debido al incierto futuro del 6% adicional en las cotizaciones —hasta el momento destinado un 3% a las cuentas individuales y un 3% a un “mini sistema de reparto”— además de otras otras adaptaciones a un proyecto gestado lejos de las intenciones del pueblo y las organizaciones sociales, que exigen el fin de las AFP y un verdadero sistema de reparto solidario que asegure montos de retiro dignos.
Las soluciones a la crisis social y política que arrastra el país deben venir de la mano de cambios estructurales, como una reforma tributaria que incluya un impuesto a los más ricos, que cuestione las exenciones tributarias que terminan por beneficiar a ese mismo sector de altos ingresos y que incluya un royalty real a la extracción de recursos naturales no renovables, sector económico donde además se encuentra gran parte de las inversiones de las AFP.
Para conseguir estos cambios a gran escala y evitar el nulo avance que significa la aprobación de la actual Reforma a las Pensiones es necesaria la organización y presión por parte de los y las trabajadoras a las elites políticas, para que de una vez se termine con un modelo basado en el despojo y la desigualdad, mientras las billeteras —de quienes se apropian de la riqueza producida por quienes trabajan— siguen aumentando incluso en medio de la pandemia.