El comienzo de una nueva etapa en la disputa constituyente y más allá
[EDITORIAL] El hito político de esta semana ha sido el plebiscito que inicia el proceso constituyente en Chile, mostrándose un aplastante 78% v/s 22% en favor del apruebo. Se trata de la mayor participación electoral de las últimas décadas, especialmente en un contexto de voto voluntario, y varias comunas populares la aumentaron, pero aún cerca de la mitad de los y las chilenas no se sintieron interpelados por el proceso. Asimismo, a pesar del crecimiento en la votación de algunas comunas de bajos ingresos, no se cambia la tendencia general de que a mayor ingreso mayor participación electoral. El escenario electoral sigue siendo desigual.
También habría que considerar que la pandemia pudo haber afectado la votación. Por ejemplo, la participación en comunas con alta concentración de mayores de 65 años fue más baja que las otras, al igual que las comunas con mayores restricciones sanitarias.
Dos aspectos son interesantes de notar en los resultados del plebiscito: la baja y concentrada votación por el rechazo, ya que sólo en 4 comunas logró ganar y 3 son del sector oriente de la capital; y que en las comunas conocidas por ser “zonas de sacrificio” medioambiental la votación por el apruebo haya ganado por sobre el promedio nacional.
De todas formas, no se puede olvidar que este proceso eleccionario se realiza una semana después de la conmemoración de un año de la Revuelta Social; con más de 2000 presos y múltiples casos no esclarecidos de muertos en el marco de las protestas, con una ausencia de responsabilidad civil y política por la violencia policial y con una institucionalidad deslegitimada.
La celebración por el apruebo, el mismo día 25, fue masiva en los principales centros urbanos del país, expresando una energía contenida y la esperanza que concita la posibilidad de enterrar la Constitución de 1980. Pero, además de esto, se observa el deseo de participar y colectivizar las apuestas: las personas comenzaron a congregarse en Plaza Dignidad al menos 5 horas antes de los resultados. Probablemente estamos frente a un proceso de politización de grandes magnitudes sin estructura definida aún.
Esa noche, los partidos políticos de todo el espectro del apruebo también sacaban cuentas alegres y el presidente daba un discurso donde intentaba dar la señal que sería un garante del proceso. Sin embargo, este proceso de politización en ciernes se está dando en su mayoría en paralelo a las estructuras de poder oficiales.
Días después del plebiscito, conviene estar atentos para no dejar que nuevamente el proceso pase por encima de los sectores populares. En términos de la Constituyente, que genera expectativas en algunos, hay que tener en mente que el proceso eleccionario se dará, por el momento, con las mismas reglas de las demás elecciones y que los sectores populares no se han dotado autónomamente de suficientes representantes competitivos para incidir ahí. Dado ese escenario, podría ser estratégico construir propuestas alternativas y socializadas popularmente para definir las transformaciones estructurales necesarias, pero esto requerirá de esfuerzo y participación. Por último, se viene un proceso de reformas inmediatas impulsado por el actual gobierno que, si no tiene un contrapeso, generará un marco normativo a través de leyes que modelará el sistema por varios años más.
Este largo y complejo proceso que se viene puede ser un estímulo para fortalecer los espacios de aprendizaje, debate y organización en el ámbito del trabajo ampliado, de manera tal que pueda emerger una posición real en defensa de los sectores populares.
La crisis previsional terminará con el fin de las AFP
Los oídos sordos de la elite política que discute una reforma de pensiones forzada por la calle, omite la existencia de la propuesta democrática y sustentable construida por los movimientos sociales y la gente.
La crisis previsional mantiene a un 50% de las personas jubiladas con una pensión promedio de 202 mil pesos —sin los aportes directos del Estado (APS) siquiera alcanza los $145 mil— una situación que está lejos de cambiar con la propuesta impulsada desde el Ejecutivo. Ya que la discusión va más allá del destino del 6% de cotización adicional y por mucho que se intente adornar un “nuevo” modelo: la capitalización individual y las AFP mantienen su protagonismo y son resguardadas pese a su evidente fracaso.
Si bien la rentabilidad promedio histórica de las AFP es de 8%, en la última década bajó a un 4,8%. Mientras que cada punto a la baja significa una reducción de hasta un 20% en el monto final de la pensión, siendo los y las trabajadoras quienes deben cargar con la “incertidumbre individual” de un sistema que no asegura pensiones dignas y en vez de eso, se ven en la obligación de subsidiar —con su ahorro previsional para la vejez— al gran capital.
Ante los oídos sordos de una élite política desconectada, no hay que olvidar que la gente y los movimientos sociales tienen ideas claras de cómo enfrentar la crisis previsional y avanzar por la construcción de un sistema basado en la Seguridad Social. NO + AFP y la Fundación Sol —de la mano con las demandas históricas por pensiones dignas— presentaron el 6 de octubre una actualización de la Propuesta de pensiones que Chile necesita.
La construcción de la propuesta surge de una revisión profunda de modelos previsionales, principalmente del Modelo de Pensiones de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la utilización de una nueva metodología: el Cálculo Actuarial. Una disciplina que permite realizar proyecciones de escenarios de riesgo —con recursos provenientes de las ciencias demográficas y matemáticas financieras— y prever los ingresos y gastos relacionados a la implementación del nuevo sistema.
Además, con la implementación del Cálculo Actuarial se pueden respaldar los montos que se pagarán, a quién y lo sustentable de la propuesta a lo largo del tiempo, con diversos escenarios de rentabilidad.
El grueso de la propuesta plantea un modelo de Reparto, de financiamiento tripartito —trabajadores, Estado y empleadores— con Reservas Técnicas, basado en los principios de la Seguridad Social. En otras palabras, las pensiones son financiadas de forma solidaria por quienes aún se encuentran activos en el mercado laboral, reduciendo las desigualdades que afectan a cada persona particularmente y que se ven profundizadas por el sistema de capitalización individual.
La transformación al modelo también integra un fondo de Reservas Técnicas que tiene la finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones del sistema a largo plazo, además de amortiguar fluctuaciones económicas y demográficas, siendo invertido parcialmente con el objeto de generar rentabilidad social.
También se reconoce que todas las personas trabajan —ya sean remuneradas o no— con la implementación de una Pensión Garantizada Universal equivalente al salario mínimo actual ($320.500) en reemplazo de la Pensión Básica Solidaria. Incluye también aportes específicos a mujeres, reconociendo su mayor carga en labores domésticas y de cuidado, además de la discriminación salarial en el mundo de trabajo. Lo que, en su conjunto, genera claridades en torno a las tasas de reemplazo—porcentaje del retiro con relación a los ingresos previos— y montos que el actual sistema de pensiones no ha podido, ni podrá pagar.
Entonces, con la propuesta clara y la historia que ha llevado a los y las trabajadoras a luchar por la suprimida Seguridad Social en el país, es necesario involucrarse y comprometerse en la solución a una crisis que está lejos de la actual propuesta de reforma.
Y en miras a los dichos del Presidente en el discurso posterior a los resultados del plebiscito: “Concentraremos esfuerzos en fortalecer la red de protección social e impulsar una reforma previsional”, se denota un sentido de urgencia, a lo que se debe responder con organización y compromiso. Para que el Gobierno no termine por acaparar y transformar los anhelos de justicia social del pueblo movilizado, en beneficio del empresariado, el gran capital y las AFP; que lucran con los fondos previsionales de los y las trabajadoras devolviendoles sólo incertidumbre ante la vejez.
El camino de las reformas: La disputa de la agenda urgente
Tras la aprobación del plebiscito constitucional queda la urgencia por disputar reformas en el corto plazo, por la construcción de una legislación que asegure salarios suficientes, pensiones dignas y el reconocimiento del valor del trabajo de la mujer en las tareas domésticas y de cuidado.
Ya quedan atrás las celebraciones por el histórico plebiscito constitucional y al contrario de cómo se impulsó la idea de “rechazar para reformar”, el camino de quienes van por la defensa del modelo actual podría plasmarse en asegurar reformas que mantengan y resguarden sus privilegios. A continuación, se revisarán tres temas relacionados al mundo del trabajo que son de especial relevancia en la lucha por un Chile digno.
El primero corresponde al reajuste del Salario Mínimo —recibido por más de 890 mil personas— que luego de ser aprobado en Comisión Mixta, pasará a rectificarse en ambas salas —llegando a $326 mil 500— desde el 1 de septiembre de 2020 y con el compromiso de recibir una propuesta de un nuevo reajuste en abril del próximo año. Por parte del Gobierno se ha pedido urgencia en la aprobación del reajuste, sin propuestas que entiendan la importancia del sueldo base en el valor referencial del trabajo y que aseguren un monto que al menos alcance la línea de la pobreza.
Un segundo tema viene de la prioridad expresada por el Gobierno por concretar la implementación de la estancada Reforma a las Pensiones. Una propuesta que se contradice con los dichos del Ejecutivo por incluir un factor solidario, sobretodo cuando la discusión se ha enfocado en el destino del 6% de cotización adicional — 2% a cuentas individuales, 2% a un seguro de longevidad y 2% reparto, hasta el momento— sin tocar el modelo con base en la capitalización individual y la existencia de las AFP. Además de no tomar en cuenta el clamor popular y las propuestas de los movimientos sociales por cambios estructurales, ante lo que se prevé el eventual fracaso de la reforma que al ser incapaz de entregar mejores pensiones no acabará con la crisis previsional, sumando una nueva promesa incumplida por parte del Gobierno.
Mientras que el tercer punto, tiene que ver con la irresponsabilidad de la elite política por atender la crisis de los cuidados, agudizada aún más en pandemia. Y que luego de la suspensión de la segunda aplicación de la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) —por ajustes presupuestarios relacionados a la pandemia— dificulta una medición clara de los efectos que ha tenido la crisis sanitaria las mujeres, que se han visto particularmente perjudicadas por el desempleo y un bajo retorno a las actividades remuneradas debido a la priorización de labores de cuidado.
Cabe resaltar que la encuesta realizada en 2015 —primera y única versión— evidenció que el 95,5% de las mujeres ocupadas destinan 41 horas a la semana en trabajo doméstico y de cuidados. Una situación alarmante, que requiere de proyectos o iniciativas urgentes, como la Agenda Feminista propuesta en 2019 que reconoce las demandas históricas del movimiento feminista.
Dados los antecedentes, es claro que el Ejecutivo no ha revisado alternativas para resolver la crisis política, social y sanitaria en la cual se encuentra inmerso el país. Mientras que con sus políticas públicas —proempresa y negligentes— agudiza las desigualdades y problemáticas que mantienen: el bajo valor del trabajo, las bajas pensiones y la falta de reconocimiento de la doble jornada laboral que viven las mujeres, producto de las brechas impuestas por una sociedad patriarcal.
La necesidad de presión, movilización y organización por la implementación de cambios estructurales se intensifica, ante una inminente apropiación de las demandas sociales por parte del Gobierno a través de reformas cosméticas a un modelo basado en el despojo y la desigualdad.
La obligada tecnologización del trabajo
La pandemia transformó la cotidianeidad de los y las trabajadoras, pudiendo significar un amplio retroceso en los derechos laborales ante las carencias legislativas actuales.
La proliferación del COVID-19 hasta convertirse en pandemia marca al 2020 como un año de grandes transformaciones —debido a la implementación medidas sanitarias, políticas y económicas—que tienen entre sus consecuencias la consolidación del teletrabajo y la multiplicación de aplicaciones o plataformas como empleadores. Situaciones preocupantes, que agudizan la baja calidad de los empleos en Chile —sumadas a una débil contención por parte del Gobierno— y terminan por potenciar una nueva forma de enfrentar la laboralidad con matices profundamente neoliberales.
En primer lugar, al revisar la legislación relacionada al teletrabajo se encuentra un proyecto de ley impulsado en 2018 que fue ampliamente criticado por no definir un control sobre la jornada laboral, además de no asegurar la capacitación ni permanencia de los y las trabajadoras en la modalidad. Pese a esto, se retomó el proceso al inicio de las cuarentenas —sin mayores cambios— y se promulgó el proyecto que fue puesto en marcha desde el 1 de abril de 2020.
La modificación al Código del Trabajo define que la provisión de los instrumentos para el desarrollo de las funciones —como el internet y equipos computacionales— corre por cargo del empleador, algo que ha sido ampliamente incumplido y que pone en cuestión los mecanismos de fiscalización de las medidas. Por ejemplo, miles de profesionales de la educación han sostenido por su cuenta los gastos adicionales producto de la suspensión de actividades presenciales, resguardando con sus propios recursos el derecho a la educación.
La regulación también incluye el “derecho a la desconexión” que establece un margen de 12 horas donde el empleador no tiene el derecho a ejercer control o interrumpir el tiempo de descanso de los y las trabajadoras que no estén previstas de una jornada fija. Queda así un horario laboral virtual de 12 horas, algo que atenta directamente a los avances históricos en esta materia e incluso —ante la falta de fiscalización — expone a los y las trabajadoras a una tensión en relación con sus labores domésticas que podría tener duras consecuencias en su salud mental.
Por otra parte, las aplicaciones que ofrecen servicios de reparto han crecido significativamente. Y han servido como ocupación a miles de personas desempleadas producto de la pandemia, que se ven empujadas a “colaborar” con grandes empresas que se ofrecen como “puente” — rechazando su condición de empleador— entre proveedores y “socios”, un eufemismo con el cual omiten su condición de trabajadores y trabajadoras.
Sin un contrato laboral, estas personas pasarían a ser trabajadores independientes pese a estar sometidos a la oferta indeterminada de las aplicaciones que a su vez está sometida a la demanda de los clientes, en un ejercicio despiadadamente neoliberal. Tampoco proveen las condiciones materiales relacionadas a sus funciones—desde la mochila al medio de transporte y su mantención son autofinanciados— además de tener que asumir completamente los gastos relacionados a accidentes y asaltos.
En torno a esto, se han marcado precedentes que podrían significar avances en materia legislativa, como el fallo del Tribunal del Trabajo de Concepción —realizado el 5 de octubre de 2020— a favor de un repartidor que demandó a “Pedidos Ya” por despido injustificado.
Cómo recuento, es importante tener en claro que estas dos situaciones —el teletrabajo y las aplicaciones como empleadores — son parte de un entramado más complejo que está delineando sobre la marcha de la pandemia: la tecnologización obligada del mundo del trabajo bajo lógicas neoliberales.
Una gran amenaza para los y las trabajadoras, que ya están sometidas a una legislación pro-empresa que no permite la sindicalización por ramas, limitando el resguardo del — cada vez más bajo— valor de trabajo y las condiciones de laboralidad. Situaciones que ponen urgencia a la movilización y organización de quienes —además de sobrevivir con bajos salarios— deben asumir las consecuencias de un modelo productivo depredador que no atiende siquiera la salud mental de los y las trabajadoras que se mantienen contrarrestando con sus labores los efectos de la crisis económica producto de la pandemia.
Estas transformaciones del empleo debieran ser espacios en los que pensemos alternativas para que la tecnología esté al servicio del trabajo humano y no al revés, apuntando a un mayor control productivo desde los y las trabajadoras organizadas.