Columna publicada en El Mostrador el 29 de agosto de 2018 Por: Gonzalo Durán y Karina Narboa, investigadores Fundación SOL. ¿Cuánto se paga en arriendo por viviendas similares a la suya?, esta pregunta es usada en la CASEN 2017 para calcular un elemento crucial en la determinación de los ingresos de su hogar, aunque suene extraño. Desde 1990 así como en toda la saga de encuestas CASEN, de algún modo siempre ha estado presente. En 1990, por ejemplo, se indagaba por “el arriendo estimado por el uso de la vivienda propia o cedida”. A nivel público muy poco se sabe lo que es y los impactos que tiene en términos contables y políticos. ¿Quiénes responden y qué consecuencias tiene?, la pregunta la responden las jefaturas de hogar que son dueñas de su vivienda, que se encuentran pagándola o bien que tienen una vivienda que se les ha “cedido”. Si usted o su familia está en esta situación (propietaria, pagando o usando una vivienda cedida), entonces debe responder esta pregunta. Supongamos que vive en Santiago Centro y paga un dividendo mensual de $250.000 por un departamento que en el sector se arrienda por $400.000. Este último monto será el llamado “alquiler imputado”, un alquiler que se imputa como parte del ingreso del hogar. En otras palabras, puede ser que usted perciba un sueldo de $600.000 y un/a segundo/a integrante del hogar otro sueldo de $300.000. Sobre estos dos ingresos, se suma el alquiler imputado de forma que el ingreso mensual total del hogar asciende a $600.000 + $300.000 + 400.000 = $1.300.000. Otro ejemplo. Una persona de 75 años vive sola y, luego de haber pagado dividendos por más de 30 años, es dueña de su casa. El arriendo que se paga en el sector por una vivienda similar es de $300.000. Esta persona no recibe pensión básica y su pensión autofinanciada a través del sistema de AFP es de $100.000. Tampoco recibe aporte previsional solidario. Dicho de otro modo: es una persona mayor que vive en su casa y cuyo único ingreso es de $100.000. Al momento de calcular el porcentaje de pobreza, sin embargo, esta persona obtiene un ingreso mensual de $400.000, correspondiente a la suma del alquiler imputado y su pensión autofinanciada y, como la línea de pobreza para el hogar de una persona es de $158.145, figurará estadísticamente como que no es pobre. El pasado martes 21 de agosto el gobierno de turno informó un nuevo cálculo de pobreza monetaria. Para 2017 se registran 1.528.284 personas en situación de pobreza monetaria o por ingresos, lo que equivale al 8,6% de la población. Pero ¿qué sucede en Chile si eliminamos del cálculo el llamado alquiler imputado, o el dinero que se imputa a las finanzas del hogar? Es un buen ejercicio para tener un acercamiento distinto al nivel de la pobreza en el país. Si hacemos esto, la pobreza crece no solo considerablemente sino que más que se duplica y sube a un 19,4% (10,8 puntos porcentuales de diferencia). En el caso de las personas de 60 y más años de edad, la pobreza se cuadriplica, pasando de 4,5% a 18,7%. ¿Qué pasa si además de eliminar el alquiler imputado, removemos también los subsidios y transferencias del Estado? Es decir, qué pasa si consideramos exclusivamente los ingresos que se generan en el mercado (por cierto, aquí el grueso corresponde a salarios y pensiones autofinanciadas). Esto es relevante si queremos evaluar la autonomía económica. Los datos de la encuesta CASEN 2017 nos dicen que la pobreza se triplica y llega a 24%. En las personas de 60 y más años, el porcentaje de pobreza monetaria más que se sextuplica, y llega a 28,9%. Pero entonces, ¿cuál es el porcentaje de pobreza monetaria?, depende de con qué ingresos la midamos, es un debate que hay que dar. Si introducimos la totalidad de los ingresos al cálculo, incluidos los subsidios estatales (como el bono de bodas de oro, bonos de invierno, subsidio al empleo joven, etc.) y también el valor del arriendo por viviendas similares, ahí la pobreza por ingresos es 8,6%. Si utilizamos sólo los ingresos generados de forma autónoma por las familias, sin la asistencia del Estado y además dejando afuera el ingreso del alquiler imputado, ahí la pobreza, que podemos llamar “de mercado”, es de un 24%. Disponer de esa información extra no es baladí, porque las lecturas políticas que abre son muy diferentes. Es cierto que ya se ha complejizado la estadística de la pobreza en el país con la medición de ésta en varias dimensiones o “pobreza multidimensional”, que eso sí excluye la dimensión monetaria. Pero en relación a los ingresos todavía queda algo que problematizar. Suspendiendo por un momento la interferencia que produce el efecto del alquiler imputado, alguien podría pensar que el cálculo que contiene las transferencias del Estado es idóneo porque releva el aporte que el Estado hace a la economía de los hogares, un aporte positivo, desde cierto punto de vista, porque permite sacar a flote a muchos que están al límite. Pero eso nos dice poco sobre cómo se construye socialmente dicha situación al límite. No indica cómo esa asistencia estatal se despliega mientras, al mismo tiempo, se socaba la fuerza social, política y económica del trabajo y los hogares se enfrentan asimétricamente a un poder económico cada vez más concentrado con la venia (y la anestesia) del Estado. Si en el país con el mayor PIB per cápita de la región (según el Fondo Monetario Internacional), la pobreza de mercado (con ingresos autónomos o autogenerados) abarca casi a una de cada 4 personas, valdría la pena indagar porqué pasa aquello. Y efectivamente un buen punto de partida parece ser la situación del trabajo. La misma encuesta nos informa que la mitad de las y los trabajadores percibe menos de $367.000 al mes. Para complementar este cuadro, otros estudios dan cuenta de un elevado nivel de endeudamiento privado de la población (Encuesta de Presupuestos Familiares, Informe DICOM/Equifax/Universidad San Sebastián). Quienes se retiran por vejez, por su parte, experimentan una precariedad que reproduce la experimentada en la vida laboral y aún más, porque el diseño esencialmente privado y especulativo con que como sociedad retribuimos a quienes se jubilan multiplica el daño. Desde un punto de vista de economía política, la formación de los salarios en la economía y la distribución del poder en la sociedad se relacionan estrechamente con la capacidad de organización, contestación y autovalencia de quienes producen. Este motor, de vital importancia para revertir la “pobreza de mercado” y para una democratización social, en Chile se encuentra intencionadamente apagado o funcionando a una marcha muy baja. Los sindicatos masivos con negociaciones colectivas de alto impacto en donde la mayoría laboral esté representada (digamos, sobre un 65%), como las de nivel supra-empresa, son una herramienta todavía básica de contrabalanza de intereses sociales en un contexto de conflicto entre capital y trabajo y en Chile ni siquiera se admiten como posibilidad. Quizás en mirar esa realidad está la clave, en lugar de contentarse con métricas que (ya sea por especulación inmobiliaria o respiración artificial del Estado), esconden más que revelan.