Entrevista Publicada en El Soberano 28 de Abril de 2016

Son múltiples las abominaciones (o “anomalías”, si usted es un tanto susceptible) que tiene Chile a su haber. Hablamos de cosas que no existen en ningún lugar del mundo, o al menos en el mundo civilizado al que decimos o queremos pertenecer, aun cuando nosotros, bombardeados por la propaganda difundida por medios representativos de una sola ideología, creemos que también son de lo más normales en otros países. La última abominación que se encuentra a medio camino es la Reforma Laboral que, mutilada por los mismos parlamentarios y el Tribunal Constitucional, debilitaría aún más el músculo que necesitan los sindicatos a fin de contrarrestar nuestra obscena desigualdad social y económica.

Ha habido grandes pensadores chilenos que han reflexionado sobre esa extraña fascinación nuestra por los imbunches, esa inclinación casi parafílica hacia lo que, a ojos vista, resulta monstruoso. A todo nivel, en toda clase de tema. La Reforma Tributaria, por ese estéril afán de mezclar el agua con el aceite, había sido el último Frankenstein surgido de esa probeta que el conservadurismo guarda en su cocina. El último engendro todavía es una posibilidad, por lo que aún no podemos darla por segura en esta extensa galería de animales de circo. ¿Cuál es? Un caso único a nivel mundial: ¡una Reforma Laboral que empeora la situación de los trabajadores en circunstancias que se proponía hacer todo lo contrario!

Se trata de un autogolazo de antología, una reforma tramitada en democracia que ha de ser digna de estudio en materia de legislación laboral comparada.  En otras palabras: los trabajadores de Chile fueron por lana pero estarían saliendo trasquilados. Eso es lo que, con muy buenos argumentos, teme que ocurra finalmente el economista Marco Kremerman, investigador de la Fundación Sol, quien alerta sobre aspectos que no sólo terminaron por licuar el espíritu de la iniciativa que buscaba, en lo medular, fortalecer los sindicatos para establecer una negociación mucho más ecuánime entre trabajadores y empresarios, sino que acabaron por debilitar lo poco y nada que dejó José Piñera en su ya famoso plan laboral impuesto en dictadura. El fallo del Tribunal Constitucional, que echó por tierra totalmente el principio de la titularidad sindical y, parcialmente, la extensión de beneficios (es decir, un sindicato es el único que puede negociar y sólo los sindicalizados reciben los beneficios de esa negociación), fue sólo el último clavo en el ataúd del proyecto.

“El objetivo era corregir la asimetría de poder que vemos entre el capital y el trabajo, pero lo que vimos ya en la discusión parlamentaria fue una total falta de convicción en esta iniciativa por parte de determinados parlamentarios de la Nueva Mayoría. Algunos ejercieron el rol de moderadores de la reforma y otros carecieron de la fuerza y las ganas necesarias para impedir concesiones que desdibujaron el proyecto, aunque muchos insistan en que lo que salió del parlamento es muy bueno. Claro, algunas cosas mejoraron, pero comparadas con las cosas que no lo hicieron, el balance final es muy sombrío”, dice Kremerman.

“En ese contexto nos parece entendible entonces que algunas voces de la Nueva Mayoría se hayan inclinado por establecer los famosos pactos de adaptabilidad entre empleador y trabajadores, es decir, la posibilidad de negociar, por ejemplo, aumentos de jornada por encima de lo que establece la legislación existente. Es muy grave que se incluya esta adaptabilidad cuando no tenemos negociación por rama. Ahí hablamos de flexibilidad laboral encubierta, que es sinónimo de precariedad”, sostiene el economista.

Otro retroceso, según Kremerman, fue el aumento de quórum para la conformación de un sindicato. “Si antes en una empresa con menos de 50 trabajadores, necesitabas 8 personas para crear un sindicato, con este proyecto debes contar con 25. Entonces tenemos una barrera más alta, lo que podría dejar fuera de toda posibilidad de sindicalización a más del 60% de los trabajadores. El proyecto además incluyó la realización de servicios mínimos a todo nivel, restringiendo el poder efectivo de paralización, y ni hablar de lo último, que fueron las así llamadas ‘adecuaciones necesarias’ al interior de la empresa, que en la práctica no es otra cosa que admitir el  reemplazo en huelga interno. Para lograr este reemplazo en huelga efectivo, los empleadores multiplicarán los contratos laborales que consagren la polifuncionalidad”.

“Hay un hecho muy revelador de la falta de convicción en este proyecto: el hecho de que tantos exigieran establecer el concepto de ‘huelga pacífica’. Eso ya demuestra cuál es esa mirada ideológica que tienen frente a los sindicatos. Así como estaban las cosas, el proyecto ya era bastante tímido antes de llegar al Tribunal Constitucional y en ningún caso desmontaba los pilares del plan de José Piñera, sino que, muy por el contrario, logra que los trabajadores retrocedan respecto de lo que ya existía antes de su tramitación, al tiempo que legitima su inspiración neoliberal”, añade el investigador de la Fundación Sol, quien luego señala: “El Tribunal Constitucional lo que hará en definitiva es licuar aún más esta reforma”.

Excusas y disparates

Marco Kremerman sostiene que han sido demasiados los disparates que ha debido escuchar en medio de esta discusión. Por de pronto, le llamó la atención que algunos defendieran tanto el reemplazo interno en huelga afirmando que aquello era cosa corriente en el mundo, pero que se negaran, al mismo tiempo, a ver lo que sí es efectivamente habitual en los países que queremos igualar: la negociación por rama, cuestión que quedó, como era de esperar, fuera del proyecto.

Respecto a las explicaciones del senador DC Ignacio Walker, quien justificó el aumento de quórum sindical gracias a la oportuna regulación del multirut (vieja triquiñuela tendiente a convertir distintas áreas de la empresa en empresas más pequeñas, como si no tuvieran vinculación entre sí en términos de producción y propiedad), el economista aclara: “Me parece que demuestra un escaso conocimiento de la realidad laboral de este país, donde la falta de fiscalización y las bajas sanciones no alcanzan para disuadir a los empresarios que infringen la ley de manera permanente y sistemática”.

Y sobre los que justificaron todas estas medidas con el pretexto de defender a las pymes, que es lo que sostuvieron senadores como los PPD Felipe Harboe, Ricrado Lagos Weber y Eugenio Tuma (este último dijo pertenecer a la “bancada pro-pyme”), Marco Kremerman sostuvo: “Es difícil de creer cuando adoptan el mismo discurso que suele utilizar la CPC y la Sofofa. Me gustaría saber qué han hecho ellos respecto de los verdaderos problemas que aquejan a las pymes, que son la colusión de las empresas grandes para imponer sus términos en la negociación a efectos de lograr un pago menor a sus proveedores o hacerlo cada 120 días. Ni hablar del otro gran problema del sector: las tasas de usura que les aplica la banca. ¿Qué han hecho por las pymes en ese sentido? Nada”.

“Es bueno sincerar el debate. Es legítimo que las personas tengan su sensibilidad ideológica y crean que lo que es bueno para el empresariado es bueno para el país. Entiendo que haya quienes pretendan mantener las altas tasas de ganancia de las empresas, conseguidas gracias al bajo pago de impuestos, a costa del medioambiente y de los mismos trabajadores, que en Chile perciben salarios muy bajos”, concluye.