Por Marco Kremerman, investigador de la Fundación SOL Por estos días se anuncian cierres y fusiones de escuelas municipales en distintas comunas del país. Los problemas estructurales de financiamiento y la migración progresiva de los alumnos a las escuelas particulares subvencionadas impiden poder responder a los distintos compromisos que significa administrar la red educacional pública en cada territorio. Según las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Educación, en su Anuario 2008, sólo el 43,3% de los estudiantes de la educación parvularia, básica y media asiste a un colegio municipal, mientras un 48,1% está matriculado en una escuela particular subvencionada (y el resto en una particular pagada). Hace 30 años ocurría exactamente lo contrario: 8 de cada 10 alumnos chilenos estudiaba en los colegios municipales. Recientemente, se ha dado a conocer el documento “Chile País Desarrollado”, en donde el gobierno de Sebastián Piñera traza su hoja de ruta y señala como fundamental para que nuestro país alcance el desarrollo, la configuración de un sistema que entregue una educación de calidad. No hay en ese programa, sin embargo, ni una palabra de educación pública. La política del Ministerio de Educación se ha focalizado principalmente en proporcionar la información adecuada para que padres y apoderados sepan dónde matricular a sus hijos; fortalecer la profesionalización y el sistema de reclutamiento de los directores de las escuelas; elaborar los incentivos para premiar a los mejores docentes y propiciar un aumento de la subvención mensual para los colegios que reciben a los alumnos más vulnerables. Finalmente, año a año se irá plasmando la transformación de 50 liceos en Liceos de Excelencia. Nadie podría estar en desacuerdo con que se inyecten más recursos a la educación, ni que se mejore el trabajo en el aula o se fortalezca la labor de los directores. Sin embargo resulta de extrema gravedad que el avance de estas políticas se haga al margen de la difícil situación que enfrenta la educación pública. Todo se concentra en crear nuevos mecanismos para incorporar mayor competencia al sistema, en línea con lo que se ha venido realizando en las últimas décadas. Bajo este formato, al final del gobierno del presidente Piñera, tendremos el siguiente panorama: sólo 3 de cada 10 alumnos estudiarán en una escuela municipal, vale decir, la educación pública propiamente tal, será un complemento de la educación privada. En los países desarrollados ocurre todo lo contrario. Según datos de Education at a Glance, publicación anual de la OCDE, la matrícula pública representa el 80% o el 90% como promedio en esos países y solo el resto de la cobertura se realiza vía proyectos privados, para asegurar la libertad de enseñanza. En breve, y como siempre nos pasa en el diseño de nuestras políticas públicas, estamos al revés del mundo desarrollado. El pilar de nuestro sistema es la educación privada. Pero la educación pública cumple un rol insustituible, que no puede ser resuelto por la vía del mercado. Pensémoslo de la siguiente manera: si los incentivos están puestos en sacar buenos puntajes en el SIMCE y en la PSU y de esa forma captar más recursos vía subvención (en la medida que más alumnos se interesarán por matricularse en esas escuelas), ¿quién se preocupará de formar ciudadanos democráticos, libres, preocupados por el bien común de la nación, que no toleren las desigualdades de oportunidades e ingresos?; ¿en dónde se estará pensando una educación que se conecte con las necesidades de una nueva estrategia de desarrollo? Hay que fortalecer la educación pública, entregando más recursos, mejorando las condiciones para que la docencia en el aula sea de mejor calidad y potenciando el rol de los consejos escolares. Necesitamos que vuelva a ser el 80% de la educación chilena, no hagamos más experimentos, miremos a los países más desarrollados. El problema es que hay muchos intereses creados, negocios comprometidos y nos acostumbramos a diseñar política pública sobre la leche derramada. En un seminario sobre financiamiento de la educación, una participante mencionó lo siguiente: “las cosas van a seguir empeorando porque a los políticos nos les afecta”. Por tanto, como primera medida para rescatar la educación pública podría ser efectivo proponer que sea condición obligatoria que los hijos e hijas de los diputados y senadores se matriculen en una escuela municipal.