Publicada en El Mostrador el 28 de mayo 2020
Por Recaredo Gálvez, investigador Fundación SOL
Hoy, ad portas de un posible nuevo acuerdo social transversal emanado de la elite, es fundamental no esconder bajo la alfombra las causas de la gran crisis política, social, económica y sanitaria que nos aqueja, así como tampoco se debe desconocer su dimensión global. Pensar medidas conservadoras en la misma línea de las décadas pasadas, es el salvavidas que la elite pide a gritos.
Durante la última semana se ha constatado un dramático incremento de personas contagiadas con COVID-19. Los pronósticos del Gobierno se derrumbaron y las medidas para abordar la pandemia han sido insuficientes. Tanto así, que en diversas localidades del país se han desarrollado fuertes protestas, debido a la carencia de los recursos necesarios para mantener la vida en este contexto.
El Gobierno ha llamado a construir un acuerdo amplio que le permita enfrentar la compleja situación que atraviesa el país. Mientras tanto, en los medios de comunicación ronda la propuesta técnica del denominado “grupo transversal de expertos(as)”, que propone incrementar el gasto orientado a las transferencias directas a los hogares, no solo en monto, sino también a lo largo del tiempo.
En este contexto, urgen políticas concretas que mejoren las paupérrimas propuestas del Gobierno, pero la suficiencia y universalidad es la cuestión central. Al mismo tiempo, medidas que sean estrictamente coyunturales o parciales y que contemplen transferencias focalizadas, no se hacen cargo de la envergadura de la crisis que vivimos, la cual no es solo una crisis sanitaria. Basta con ver la fragilidad de decenas de empresas multinacionales que ahora dependen de los salvatajes estatales.
Pero ¿es ahora el momento para pensar en cambios estructurales?, ¿son las medidas de corto plazo compatibles con una mirada estructural? Cuando Chile estalló en una revuelta, la falta de alivio de los dolores estructurales del neoliberalismo se hizo presente. Los bajos sueldos no eran un dato más, sino la realidad que vive el 70% de las trabajadoras y los trabajadores que ganan menos de $550 mil líquidos mensuales. Décadas antes de octubre de 2019, nunca había llegado el “momento ideal” para discutir e implementar cambios estructurales. Haya sido que pasáramos por un ciclo económico de crecimiento del PIB o por una desaceleración, nunca lo fue. En cada momento decisivo la posición del bloque gobernante ha sido la misma: el modelo no se toca.
Los informes sobre deuda morosa han alertado con elocuencia que los ingresos no alcanzan para vivir y que la deuda se convierte en la palanca para abrir la puerta de fin de mes. En las comunas de San Ramón, La Pintana, Cerro Navia y El Bosque, una de cada dos personas mayores de 18 años es deudora morosa. A nivel nacional, el 82% de las personas mayores de 18 años se encuentra endeudada. No era muy difícil anticipar lo que podría ocurrir en un contexto como el actual, donde trabajadores formales e informales han visto enormes dificultades para desarrollar las actividades a partir de las cuales obtienen sus ingresos.
Mientras los ingresos del trabajo disminuyen o desaparecen, poco se puede hacer en los hogares a partir de los ingresos previsionales. En el año 2019, un total de 127.305 personas recibieron su primera pensión de vejez autofinanciada, el 50% de ellas alcanzó un monto menor a $48.977, lo que equivale a apenas un 15,3% del salario mínimo actual. El 50% de quienes cotizaron entre 30 y 35 años –una carrera laboral completa prácticamente– recibió menos de $234.124.
El bloque gobernante que hace poco planteó que teníamos uno de los mejores sistemas de salud del mundo, algunas décadas atrás había dicho lo mismo para el sistema de AFP y lo ha seguido sosteniendo en el tiempo.
Hoy, ad portas de un posible nuevo acuerdo social transversal emanado de la elite, es fundamental no esconder bajo la alfombra las causas de la gran crisis política, social, económica y sanitaria que nos aqueja, así como tampoco se debe desconocer su dimensión global. Pensar medidas conservadoras en la misma línea de las décadas pasadas, es el salvavidas que la elite pide a gritos.
Desmontar el sistema de AFP, el Código del Trabajo pro empresa, así como la estructura subsidiaria del Estado, son un par de horizontes hacia donde debiese mirar cualquier acuerdo presente que se plantee cómo enfrentar desafíos de mediano plazo en un mundo convulsionado. No contemplarlos es mantener la comodidad del 1% más rico de Chile, grupo que mira paciente y con ansias la llegada de las píldoras de siempre, útiles para aliviar momentáneamente el dolor que han generado en los hogares las décadas de resaca neoliberal.
Es importante mantener la alerta y fortalecer la organización colectiva y autónoma en los territorios, ante un posible nuevo acuerdo de las elites. Lo anterior, dado el actual contexto de protestas y el nivel de militarización que actualmente se ha implementado. Puesto que, a la luz de la evidencia de los meses recién pasados, donde luego de un “Acuerdo por la Paz” los barrios populares en todo Chile comenzaron a vivir una guerra, junto con el continuo asesinato y mutilación de manifestantes, queda claro que cuando los acuerdos se cierran por “arriba”, es a las mujeres y hombres de “abajo” a quienes se les pasa la cuenta.