Publicada en El Mostrador el 24 agosto 2015
Por Alexander Páez y Benjamín Sáez, Fundación SOL
El conflicto que mantuvo la CTC con Codelco es una muestra de las prácticas de desposesión y resistencia colectiva organizada, que refleja el actual desequilibrio político entre el trabajador y el empleador, así como a nivel más general entre pueblo y élite. Esto se vive no tan solo en sectores productivos históricos como la Minería sino que también en los nuevos sectores introducidos a las lógicas de acumulación de capital, como Enseñanza y Salud.
Desde fines de 2014 el debate sobre la Reforma Laboral ha dejado a la vista los pilares que sostienen el modelo de relaciones laborales en Chile. Ciertos sectores del “oficialismo económico” (dentro y fuera del Gobierno) y el gran empresariado han defendido férreamente los principios del Plan Laboral de 1979. Los avances que puede traer la reforma se relativizan tremendamente al mantener y profundizar el corazón del Plan Laboral: contener la negociación colectiva encerrada en la empresa (es decir, negar la negociación ramal), consolidar una huelga que no paraliza (permitir el reemplazo interno y garantizar servicios mínimos) y despolitizar la acción sindical.
Cerrar la puerta a la negociación más allá de la empresa y desconocer el derecho a huelga implica negar la existencia de los trabajadores, manteniendo el monólogo empresarial de los últimos 40 años. Las recientes movilizaciones de los trabajadores contratistas de Codelco dan cuenta de este problema: ¿cuánto deben sacrificar hoy los trabajadores por sentarse a una mesa? y ¿cuánto está dispuesto a sacrificar el empresariado con tal de negar esta posibilidad? En el momento más álgido de los 22 días de movilización de la CTC, el presidente ejecutivo de Codelco señaló que las pérdidas diarias por la paralización de faenas equivalían a US$27 millones, mientras el costo total del Acuerdo Marco era de US$120 millones al año [1]. A tal punto ha llegado la negación de los trabajadores y sus derechos que, hace un año, el Informe Anual de Derechos Humanos de la UDP señaló que en Chile “el panorama es desolador” en materia de derecho a huelga [2].
El proceso que ha llevado a la consolidación del Acuerdo Marco, desde las primeras manifestaciones (2003-2005), pone en evidencia la importancia de la acción colectiva más allá de la empresa [3]. Cabe recordar que las primeras demandas de los subcontratados del cobre apuntaban a aspectos mínimos de seguridad e higiene, que de no mediar la paralización de faenas posiblemente jamás se hubiesen implementado. Esto se debe en gran medida a que ha existido una política activa de abaratamiento de costos laborales en que la empresa mandante no garantiza las condiciones en que la empresa contratista mantiene a los trabajadores. No es casual que actualmente la minería concentre la mayor cantidad de subcontratados a nivel nacional con un 58,3%, ni que en Codelco 7 de cada 10 trabajadores sean externos. Como ha señalado la Federación de Supervisores del Cobre, lo que muestra el conflicto reciente es que el modelo de negocios del subcontrato ha sido un fracaso desde el punto de vista laboral y económico [4], situación que ha comenzado a ser reconocida incluso por algunos ejecutivos de la gran minería [5].
Las movilizaciones de los subcontratistas no cuentan ni con garantías “legales” que protejan a los trabajadores, ni con el reconocimiento de la autoridad, que niega la legitimidad del conflicto. De esta manera, en los últimos 10 años hemos tenido que lamentar cientos de trabajadores heridos en jornadas de protesta, además del asesinato de Rodrigo Cisterna (trabajador subcontratado de Bosques Arauco S.A) y Nelson Quichillao (trabajador subcontratado de Codelco), acribillados por la fuerza policial en defensa de una huelga que no paraliza. El antecedente es contundente, en ambos casos se envía a la fuerza pública a actuar como esquiroles haciendo un uso desmedido de fuerza, como establece el juicio que reconoce la responsabilidad del Estado en la muerte de Cisterna [6], quien junto a sus compañeros luchaba, entre otras cosas, por igualar su salario de $60.000 al de $123.000 de los trabajadores de planta [7].
La externalización como proceso de fragmentación y disolución de la acción colectiva, así como de precarización subterránea, es un fenómeno extendido en la gran mayoría de los sectores productivos. A nivel nacional, según la Nueva Encuesta Nacional del Empleo (NENE), los asalariados externos (subcontratados, suministrados, enganchados) han aumentado en un 77% desde que se tienen datos oficiales con este instrumento. Pasando de un 11,5% en enero marzo 2010 a un 17,8% para el último trimestre publicado por el INE correspondiente a abril-junio 2015. Sin embargo, existen sectores que en los últimos 5 años han aumentado exponencialmente el componente externo de su fuerza de trabajo. Destaca el sector Enseñanza, que representa el 43,7% de la variación positiva de asalariados externos desde enero-marzo 2010 a la fecha. Este sector, junto a Servicios Sociales y de Salud, Administración Pública y Minería, acumulan el 83,1% de tal variación. En tres de los cuatro sectores [8] el porcentaje actual de asalariados externos supera el 30% [9] (exceptuando el sector de Administración Pública).
Los cuatro sectores, a su vez, son actividades históricamente asociadas al Estado y que estaban fuera de los sectores privados económicos fundamentales previo al Golpe de Estado. Tanto Enseñanza como Servicios Sociales y de Salud, reflejan los mecanismos históricos de desposesión con los cuales contó el empresariado para obtener las grandes riquezas de la actualidad. Hoy, 16 instituciones de educación superior concentran el 53,2% de las utilidades del sistema. Entre ellas destaca Inacap con $ 30.825.392.000; Universidad Católica con $14.263.085.000 y Universidad Andrés Bello con $11.523.314.000. El caso de Inacap es particularmente interesante, pues era una institución estatal administrada por Corfo y Sercotec que, en 1989, se desliga del Estado y pasa a ser una institución privada, siendo integrado su consejo directivo por miembros de la Confederación de la Producción y Comercio.
Los mecanismos de desposesión por medio de privatizaciones, se reflejan también en los mecanismos de precarización y fragmentación del trabajo, complementando de esta forma la mantención de altas tasas de ganancia. Es por ello que la mercantilización de lo que antaño eran derechos sociales no solo atañe al servicio prestado (educación como “bien de consumo”, por ejemplo) sino que a la forma en la cual se entiende la organización del trabajo en su interior. De esta manera, la categoría de trabajador de segunda clase se evidencia en las brechas salariales entre un trabajador de planta y uno externo. Para el caso de la Minería, esta es de un 53% más alta para el trabajador de planta; en sector Enseñanza es un 20%; para Comercio, un 56%; y para Intermediación Financiera, un 188% [10]. La externalización opera de esta forma como un ahorro para el empleador, por medio de la desposesión salarial directa.
En la mayoría de los países del mundo la externalización (en inglés "outsourcing") funciona principalmente como un mecanismo de encadenamiento productivo horizontal entre empresas, privilegiando la dimensión comercial de esta relación. Los niveles de flexibilidad y el escaso poder negociador de los trabajadores en nuestro país han hecho que el énfasis de esta relación de integración no esté tanto en el aspecto comercial como sí en la subordinación vertical de los trabajadores externos a la empresa mandante. En un escenario de alta flexibilidad laboral, como en Chile, la subcontratación se ha convertido en una cortina de humo para ocultar la relación de subordinación y dependencia directa en que entran los trabajadores con la mandante. El naufragio de la "ley de subcontratación", y el apoyo institucional a este fracaso demuestra que la crisis actual ha sido el resultado directo de privilegiar intereses como los de Codelco, Escondida y las empresas "contratistas" [11]
En este escenario, el derecho a huelga pasa a ser central, pues invoca un derecho humano fundamental, que no solo afecta a los trabajadores sindicalizados sino que a todo un pueblo, pues es un mecanismo histórico de organización popular que supera con creces el mero ámbito laboral. El conflicto que mantuvo la CTC con Codelco es una muestra de las prácticas de desposesión y resistencia colectiva organizada, que refleja el actual desequilibrio político entre el trabajador y el empleador, así como a nivel más general entre pueblo y élite. Esto se vive no tan solo en sectores productivos históricos como la Minería sino que también en los nuevos sectores introducidos a las lógicas de acumulación de capital, como Enseñanza y Salud.