Por Marco Kremerman, investigador de la Fundación SOL
En estos días de enero, cuando la mayoría de los chilenos, luego de un año muy difícil, se encuentran agotados y quisieran prontamente salir de vacaciones, se están aprobando importantes reformas al sistema educacional. El Gobierno pretende dejar todo resuelto, y de esta forma empezar el año escolar 2011 con el grueso de las modificaciones que ha propuesto transformadas en ley.
El proyecto de ley enviado al Congreso propone algunos cambios que pueden ayudar a mejorar la labor de los docentes en la sala de clases. Genera incentivos para que los alumnos que obtuvieron un buen puntaje en la PSU estudien Pedagogía. Avanza en dar mayores facultades a los directores de las escuelas municipales y crea un nuevo sistema para su selección. Entrega más de 100 mil millones de pesos a los municipios para el período 2011-2014 para paliar en algo sus deudas. Todas éstas son medidas necesarias. Pero corresponden sólo a un esfuerzo inicial, pues mejorar el trabajo en el aula es una tarea de largo plazo.
Pero hay un tema mucho más fundamental y es aquí donde nos pueden pasar el gran golazo del verano: ¿Qué vamos a hacer con la Educación Pública?
Actualmente, la situación de los municipios es crítica. Muchos están al borde de la quiebra y administrar escuelas públicas se ha transformado en una pesada mochila. Con los insuficientes recursos que les entrega el Estado y la salvaje competencia que enfrentan con las escuelas particulares subvencionadas por la matrícula de alumnos, el espacio de la escuela pública está condenado a ser sólo un complemento de la educación privada. Para el próximo año se proyecta que sólo 1 de cada 3 alumnos estudiarán en una escuela pública, mientras que hace 30 años era exactamente al revés: el 80% se educaba en estos establecimientos. Este es un dato que debiese inquietarnos, y que nos coloca como un caso raro a nivel mundial. De hecho, en los países desarrollados, en promedio, más del 80% de la matrícula básica y media se concentra en la escuela pública.
Ni el gobierno actual ni los anteriores enfrentaron el debilitamiento progresivo de la educación pública. Más bien la han dejado morir, privilegiando los intereses de los sostenedores privados. Por estos días se comenta que “da lo mismo el color del gato, pues lo importante es que sepa cazar ratones”. Esto significaría que lo importante es mejorar la calidad de la educación y, como ello es lo primordial, resulta irrelevante si se hace a través de un sistema público o privado: lo central son los niños.
Ese tipo de argumentos son tramposos; dañinos para la sociedad y grotescamente colocan a los niños como carnada. Además pasan por alto algo que es de suma importancia y que personas como Mario Waissbluth (Educación 2020) lo han dicho con claridad: la educación no está libre de ideología. Entonces, la pregunta de si queremos o no tener educación pública en Chile, pasa a ser una interrogante central del debate sobre las reformas educativas.
Resulta increíble que el sistema chileno tenga como pilar a las escuelas privadas y que sólo una parte mínima de los alumnos (justamente los considerados marginales) se eduque en establecimientos públicos. Con ello se ha destruido, y se seguirá haciendo, la integración, la sana convivencia y el proyecto educativo y democrático del país. Véalo señor lector de la siguiente manera: si el día de mañana, en la comuna “X”, un señor o señora construye 30 escuelas y decide que los alumnos se eduquen de acuerdo a los preceptos de la congregación religiosa “Y”, bueno, si no existen escuelas públicas, a los padres de esos niños y niñas no les quedará otra que matricular a sus hijos en las escuelas “Y”. Lo mismo puede ocurrir en otras zonas del país y por tanto podríamos tener 345 tipos de educación e ideologías.
Por supuesto que la libertad de enseñanza es un concepto respetable y por lo mismo es necesario que existan proyectos educativos privados en cualquier territorio. Sin embargo, los proyectos privados no pueden ser el eje del sistema educativo de un país, sino sólo un complemento (en los países más desarrollados, a lo sumo concentran el 25% de la matrícula total).
Si Chile aspira a ser un país desarrollado, es el momento de hacer esta reflexión. Si se aprueba el paquete de reformas propuestas por el Gobierno, los parlamentarios de la oposición y la ciudadanía deben colocar como condición que en 2011 se estructure una gran reforma al sistema educativo, que recupere la formación pública como un espacio de excelencia e integración. Todos apoyaremos los necesarios cambios en el aula, las cirugías a la carrera docente, y el fortalecimiento del rol de los directores. Pero para que la mesa no esté coja es fundamental que se hagan ambas cosas a la vez.
Para empezar, desde la Fundación SOL proponemos dos campañas. La primera es que en 2014 cumplamos la meta de tener 7 mil escuelas públicas de excelencia y, de esta forma, se pueda brindar educación a cerca del 50% de los niños en Chile (así recuperamos el terreno perdido en estas últimas décadas). Por supuesto esto debe ir de la mano con la eliminación del financiamiento compartido y una reestructuración del sistema de financiamiento de la educación.
La segunda campaña es que los parlamentarios de todas las fuerzas políticas matriculen a sus hijos en las escuelas públicas. De esta forma, tendrán los incentivos para legislar en estas materias.
Esta columna fue publicada originalmente en El Mostrador
Otra participación de Fundación SOL asociada a este tema, se publicó en La Tribuna
En estos días de enero, cuando la mayoría de los chilenos, luego de un año muy difícil, se encuentran agotados y quisieran prontamente salir de vacaciones, se están aprobando importantes reformas al sistema educacional. El Gobierno pretende dejar todo resuelto, y de esta forma empezar el año escolar 2011 con el grueso de las modificaciones que ha propuesto transformadas en ley.
El proyecto de ley enviado al Congreso propone algunos cambios que pueden ayudar a mejorar la labor de los docentes en la sala de clases. Genera incentivos para que los alumnos que obtuvieron un buen puntaje en la PSU estudien Pedagogía. Avanza en dar mayores facultades a los directores de las escuelas municipales y crea un nuevo sistema para su selección. Entrega más de 100 mil millones de pesos a los municipios para el período 2011-2014 para paliar en algo sus deudas. Todas éstas son medidas necesarias. Pero corresponden sólo a un esfuerzo inicial, pues mejorar el trabajo en el aula es una tarea de largo plazo.
Pero hay un tema mucho más fundamental y es aquí donde nos pueden pasar el gran golazo del verano: ¿Qué vamos a hacer con la Educación Pública?
Actualmente, la situación de los municipios es crítica. Muchos están al borde de la quiebra y administrar escuelas públicas se ha transformado en una pesada mochila. Con los insuficientes recursos que les entrega el Estado y la salvaje competencia que enfrentan con las escuelas particulares subvencionadas por la matrícula de alumnos, el espacio de la escuela pública está condenado a ser sólo un complemento de la educación privada. Para el próximo año se proyecta que sólo 1 de cada 3 alumnos estudiarán en una escuela pública, mientras que hace 30 años era exactamente al revés: el 80% se educaba en estos establecimientos. Este es un dato que debiese inquietarnos, y que nos coloca como un caso raro a nivel mundial. De hecho, en los países desarrollados, en promedio, más del 80% de la matrícula básica y media se concentra en la escuela pública.
Ni el gobierno actual ni los anteriores enfrentaron el debilitamiento progresivo de la educación pública. Más bien la han dejado morir, privilegiando los intereses de los sostenedores privados. Por estos días se comenta que “da lo mismo el color del gato, pues lo importante es que sepa cazar ratones”. Esto significaría que lo importante es mejorar la calidad de la educación y, como ello es lo primordial, resulta irrelevante si se hace a través de un sistema público o privado: lo central son los niños.
Ese tipo de argumentos son tramposos; dañinos para la sociedad y grotescamente colocan a los niños como carnada. Además pasan por alto algo que es de suma importancia y que personas como Mario Waissbluth (Educación 2020) lo han dicho con claridad: la educación no está libre de ideología. Entonces, la pregunta de si queremos o no tener educación pública en Chile, pasa a ser una interrogante central del debate sobre las reformas educativas.
Resulta increíble que el sistema chileno tenga como pilar a las escuelas privadas y que sólo una parte mínima de los alumnos (justamente los considerados marginales) se eduque en establecimientos públicos. Con ello se ha destruido, y se seguirá haciendo, la integración, la sana convivencia y el proyecto educativo y democrático del país. Véalo señor lector de la siguiente manera: si el día de mañana, en la comuna “X”, un señor o señora construye 30 escuelas y decide que los alumnos se eduquen de acuerdo a los preceptos de la congregación religiosa “Y”, bueno, si no existen escuelas públicas, a los padres de esos niños y niñas no les quedará otra que matricular a sus hijos en las escuelas “Y”. Lo mismo puede ocurrir en otras zonas del país y por tanto podríamos tener 345 tipos de educación e ideologías.
Por supuesto que la libertad de enseñanza es un concepto respetable y por lo mismo es necesario que existan proyectos educativos privados en cualquier territorio. Sin embargo, los proyectos privados no pueden ser el eje del sistema educativo de un país, sino sólo un complemento (en los países más desarrollados, a lo sumo concentran el 25% de la matrícula total).
Si Chile aspira a ser un país desarrollado, es el momento de hacer esta reflexión. Si se aprueba el paquete de reformas propuestas por el Gobierno, los parlamentarios de la oposición y la ciudadanía deben colocar como condición que en 2011 se estructure una gran reforma al sistema educativo, que recupere la formación pública como un espacio de excelencia e integración. Todos apoyaremos los necesarios cambios en el aula, las cirugías a la carrera docente, y el fortalecimiento del rol de los directores. Pero para que la mesa no esté coja es fundamental que se hagan ambas cosas a la vez.
Para empezar, desde la Fundación SOL proponemos dos campañas. La primera es que en 2014 cumplamos la meta de tener 7 mil escuelas públicas de excelencia y, de esta forma, se pueda brindar educación a cerca del 50% de los niños en Chile (así recuperamos el terreno perdido en estas últimas décadas). Por supuesto esto debe ir de la mano con la eliminación del financiamiento compartido y una reestructuración del sistema de financiamiento de la educación.
La segunda campaña es que los parlamentarios de todas las fuerzas políticas matriculen a sus hijos en las escuelas públicas. De esta forma, tendrán los incentivos para legislar en estas materias.
Esta columna fue publicada originalmente en El Mostrador
Otra participación de Fundación SOL asociada a este tema, se publicó en La Tribuna