Era agosto de 2007 y la periodista de canal 13, Constanza Santa María, realizaba una entrevista en exclusiva con el Obispo de Rancagua, Alejandro Goic. El contexto: una potente movilización de trabajadores contratistas del cobre. El sacerdote católico planteaba por primera vez el concepto de “Sueldo Ético” (sueldo mínimo ético). La cifra era de $250.000 en aquella época.

La propuesta trajo un gran revuelo mediático que se vio alimentado por las polémicas declaraciones de la entonces senadora por la cuarta región, Evelyn Matthei, quien acusara al prelado de “no saber nada de economía”. En 2007 el salario mínimo había sido fijado en $144.000 y más allá de haber instalado una alerta ética en relación a los niveles salariales de Chile, la propuesta de Goic no tuvo un impacto directo en la política de salario mínimo. Ya en 2012, durante el gobierno de Sebastián Piñera, se lanza un programa de transferencias monetarias condicionadas conocido como “Ingreso Ético Familiar” (IEF). Aunque llevaba un nombre similar al sugerido en 2007 por el obispo, el IEF difiere en muchos sentidos de aquél. Una primera diferencia es el nombre: ya no se trataría de un salario sino de un ingreso, moviendo con ello la atención desde el terreno de las relaciones de producción hacia el campo de la asistencia social por parte del Estado. Una segunda diferencia es que apela a lo “familiar”, ya no, al valor mínimo de la fuerza de trabajo de una persona.

Han pasado 9 años del planteamiento del sueldo ético, y a partir del 1° de julio del 2016,  entró en vigencia un nuevo salario mínimo cuya cifra para los ocupados mayores de 18 años y hasta 65 años es de $257.500 brutos. Por otro lado, también este año, el Obispo Goic ha señalado en entrevista a la revista del Arzobispado, que el nuevo sueldo ético para el Chile del 2016, debiese estar en torno a los $400.000 (Revista Encuentro, Abril 2016).

Este año, la discusión sobre el salario mínimo fue particularmente rápida, y en menos de 48 horas, el Gobierno y el Parlamento ya tenían una decisión que se transformaba en Ley de la República. El nuevo monto rige desde el 1° de julio y llega hasta el 1° de enero de 2017 y equivale a un aumento de $39 pesos en el valor hora de trabajo. A partir el 1° de enero, la cifra sube a $264.000, luego, el 1° de julio de 2017 a $270.000. El plan de reajustes termina el 1° de enero del 2018 con $276.000 brutos  (es decir, $135 más en el valor hora de trabajo en relación al mínimo vigente hasta el 31 de junio de 2016).

Un primer aspecto que llama la atención es la casi total desconexión de la política de salario mínimo con los objetivos de la existencia misma de este piso salarial. En concreto, ¿qué justifica el monto de los $257.500 en relación a la vida humana y para un país como Chile cuyo PIB per cápita es de casi US$24.000 (ajustados por paridad de poder de compra)?

En teoría, el salario mínimo refleja el monto “mínimo” que como sociedad estamos dispuestos a tolerar como retribución de la jornada de trabajo y a partir del cual se construyen los otros salarios de la economía. En definitiva, apunta al tipo de sociedad que se quiere construir y al papel que se le reconoce al trabajo en ella. Así lo entendieron economías avanzadas en el entorno internacional, que cuándo tenían el PIB per cápita de Chile (dólares Geary Khamis, ajustados), hace casi 30 años, fijaban sus salarios mínimos en un monto que supera al caso Chileno de hoy en 2 y 3 veces.

Considerando su incidencia como piso salarial, el salario mínimo tiene gran relevancia en explicar el cuadro salarial completo de Chile, sobre todo si se considera el rol ausente de la negociación colectiva.

De acuerdo a la Encuesta Suplementaria de Ingresos 2014 (última disponible), el 50% de los trabajadores percibe menos de $305.000 líquidos y el 70% menos de $450.000. Estos datos son consistentes con los reportados por la ENCLA 2014, cuyo marco objetivo son las empresas de 5 y más trabajadores y en donde la mitad percibe menos de $336.000 líquidos.

Al bajo salario mínimo, se le acompaña una distribución general de los salarios asimétrica y sesgada hacia la zona de bajos salarios.

En segundo lugar, las autoridades insisten en transmitir que la política de salario mínimo tiene un radio de influencia acotado, que afecta a un número reducido de trabajadores. Para ello utilizan la base de datos del seguro de cesantía (según el Ministro de Hacienda, cerca de 180 mil trabajadores perciben el mínimo), no obstante la consideración de otras fuentes disponibles ofrece un cuadro más amplio.

¿Quiénes ganan el mínimo?

Para estimar el número de trabajadores que perciben el salario mínimo, existen al menos 3 fuentes de información: a través de los datos de las base del seguro de cesantía, mediante encuestas a empresas y vía encuestas de hogares.

La Base de Datos del Seguro de Cesantía (BDSC) contempla el total de trabajadores asalariados que tienen un contrato de trabajo escrito y que cotizan al seguro de cesantía.

La ENCLA es la Encuesta Laboral que se aplica en las empresas donde trabajan 5 y más empleados. Está a cargo de la Dirección del Trabajo y su última versión corresponde a la del año 2014. Al igual que la base del seguro, considera a los trabajadores con contrato de trabajo.

La CASEN es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, y es la principal herramienta para calcular las estadísticas de pobreza y desigualdad en el país. También proporciona un completo panorama de los ingresos y salarios para todo el conjunto de trabajadores, incluidos los asalariados sin contrato de trabajo escrito. Esta encuesta está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social y su última versión corresponde al año 2013.

Cuadro 1: Perciben el Salario Mínimo en Chile, Distintas Fuentes de Información

Los resultados varían según la fuente de información y también por consideraciones metodológicas. La Comisión Asesora Salarial utilizando la BDSC arriba a que un 4,5% de los asalariados perciben el salario mínimo. El inconveniente de esta estimación es que no considera a los trabajadores asalariados que perciben proporcionalmente menos que el salario mínimo en función de su jornada de trabajo (la Ley permite pagar un salario menor al mínimo si se aplica una base de cálculo proporcional al mínimo vigente). Tampoco contempla la distinción entre el régimen normal de trabajadores y aquellos que son jóvenes y de tercera edad, los que deben enfrentar un salario mínimo menor al generalmente establecido. La BDSC, por definición, no puede contemplar a los asalariados que laboren en empresas del sector privado pero que no tengan contrato de trabajo escrito. Finalmente, la Comisión, advierte que, en caso de incluir el efecto de las gratificaciones, la estimación sube a un 4,9%.  Por su parte, la ENCLA (aplicada en unidades productivas de 5 o más empleados) revela que un 14,8% de los trabajadores en jornadas completas perciben el mínimo. Finalmente, la CASEN 2013, mediante un procedimiento que permite corregir los errores de la BDSC y de la ENCLA, arriba a que cerca de un 23% de los asalariados dependientes, percibe el salario mínimo o proporcionablemente menos.

Considerando lo anteriormente expuesto, en Chile una parte relevante de los trabajadores percibe el salario mínimo o menos y otro grupo igual de importante sólo un poco más que el mínimo. En resumen, la mayoría de los trabajadores tiene salarios cercanos o muy cercanos al mínimo. La literatura especializada reconoce este fenómeno y lo llama “Efecto Faro” del salario mínimo. Al igual que un faro en el mar, el salario mínimo ilumina o sirve como guía de referencia para el resto de los salarios de la economía (Souza y Baltar, 1980).  Otra arista del efecto faro se observa en la conexión del salario mínimo con: el sueldo base, con las gratificaciones, horas extras, reajuste base para el sector público, entre otros.

En realidad, la política de salario mínimo en Chile, en lugar de velar por la autonomía económica básica y dignidad del trabajo,  actúa como una forma institucionalizada de contener el valor de la fuerza de trabajo y con ello, ofrece garantías a la parte empresarial al momento de cautelar una mayor tasa de ganancia. Dicho brevemente, con el salario mínimo acotado, se mantiene el patrón de acumulación sostenido en bajos salarios que tanto caracteriza a Chile.

Urge situar la discusión en el plano que le corresponde: en las coordenadas de la distribución de la riqueza y del poder. En esa órbita, la definición de “lo mínimo”, debe retornar a su sentido genuino, un monto que permita al trabajador y su entorno tener una vida digna con el fruto de su trabajo, ya sea en línea con el concepto de Goic o el de la OIT.

Y si incluso ese argumento ético-normativo no parece suficiente, se puede agregar un argumento puramente económico al que adscriben académicos de reconocimiento mundial, como David Card (en Estados Unidos y Canadá) y Alan Maning (en Reino Unido). En economías donde los empresarios tienen un poder sin contrapeso para fijar los salarios y las condiciones de contratación (más en los casos donde la acción sindical está debilitada), un salario mínimo mayor, en lugar de resentir ciertos equilibrios macro, estimula la economía doméstica y mediante ello impulsa nuevos espacios de contratación.