Publicada en The Clinic el 26 de marzo 2013

Por Marco Kremerman, investigador Fundación SOL

¿Cómo se sentiría usted si le pagaran $1.063 por cada hora de Trabajo en un país cuyas autoridades dicen que está ad portas del desarrollo? ¿Qué opinamos los chilenos cuando muchos de nuestros compatriotas a pesar de que trabajan, tienen contrato y cotizan son pobres?

Este año, la discusión sobre el reajuste del Salario Mínimo ha sido adelantada estratégicamente, al igual que una empresa pretende adelantar una negociación colectiva cuando tiene muchas utilidades y quiere evitar un conflicto. Los actores son los mismos de siempre, y puntos más puntos menos, los argumentos también son los mismos de las últimas décadas. No se puede subir demasiado el salario mínimo, ya que se puede terminar afectando a quienes se pretende favorecer: los trabajadores menos calificados y quienes laboran en empresas pequeñas.

Curiosamente quienes sostienen estos argumentos, son los representantes de las grandes empresas, los/as ministros/as del Gobierno de turno, los “expertos” a quienes convoca el Gobierno de turno y la elite política en general, quienes casi como una suerte de coro le dicen a los trabajadores chilenos: “no se puede”.

También resulta curioso, que organizaciones que representan a las pequeñas empresas como la CONUPIA, estén dispuestos a subir considerablemente el salario mínimo y sólo piden un plan de mediano plazo para que el Estado de una vez por todas, a través de un set de políticas, las coloquen al centro de la estrategia de desarrollo y les permitan acceder en condiciones más favorables al crédito, a los mercados, a la tecnología y puedan protegerse ante la constante explotación de las grandes empresas, cuando actúan como proveedoras o contratistas de éstas o simplemente como competidoras directas. La confesión del segundo hombre más rico de Chile y 114° a nivel mundial, Hörst Paulmann, quien dijo que no puede pagar a sus proveedores en menos de 120 o 150 días, es un fiel reflejo de ello.

El panorama se torna aún más sospechoso, cuando se constata que el 28% de los trabajadores que ganan el mínimo trabajan en la gran empresa, las cuales reparten utilidades generalmente indexadas al ingreso mínimo mensual nacional (4,75 IMM). Vale decir, subir el piso salarial, sí afecta a las grandes empresas, directa o indirectamente (tendrán que repartir más utilidades y tendrán que pagar mejor a sus proveedores y contratistas para que estos paguen mejores salarios).

El tema de fondo, es que, salvo lo que ocurrió en 1990, cuando se realizó un reajuste considerable de un Salario Mínimo que estaba en el suelo y el ajuste pactado a tres años entre 1998 y el 2000 que se encontró con la crisis asiática, Chile año a año se somete a un ritual, como si el Salario Mínimo estuviese en equilibrio y las autoridades sólo están dispuestos a hacer ajustes marginales. Nunca tuvimos un debate nacional, para determinar cuál era nuestro punto de partida, o el mínimo que toleramos como sociedad, de tal forma que ningún trabajador gane menos de ese piso.

Cuando algunos países de la OCDE, como Francia, Holanda, Estados Unidos o Canadá, tenían el mismo PIB per cápita que hoy tiene Chile, tenían un salario mínimo que era el doble del que hoy presenta Chile, ya que aunque su economía no estaba tan desarrollada como hoy, su sociedad decidió que tenía que existir un piso mínimo, que permitiera a un trabajador y su grupo familiar al menos cubrir sus necesidades básicas y tener una vida digna. Obviamente, para eso existe el Salario Mínimo como política a nivel mundial, para evitar que cualquier trabajador no tenga que recurrir a bonos o ayudas estatales para alimentarse, vestirse y pagar las cuentas básicas.

De hecho, la Declaración Universal de Derecho Humanos (1948) manifiesta que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana. Igual cosa se establece en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, cuyo Comité a fines de 2004, ya nos advertía que el Salario Mínimo chileno aún no era suficiente para garantizar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias.

Hoy en Chile, existe una propuesta para subir el piso salarial de $193.000 a $205.000, vale decir, se propone al país que el valor de una hora de trabajo para quienes ganan el Mínimo, pase de $1.001 a $1.063. Tal como ocurrió en los Gobiernos anteriores, con este valor, sólo alcanzaría para pagar un arriendo básico si descontamos las cotizaciones ($164.000) o podría alcanzar además para un kilo de pan al día y una cuenta de luz básica cuando en la empresa que trabaja quien gana el salario mínimo se pagan gratificaciones y se puede disponer de los $205.000 líquidos.

En resumen, la política del Salario Mínimo, no está cumpliendo su objetivo (permitir que el trabajador y su grupo familiar cubran sus necesidades básicas) e incluso si en un hogar promedio de 4 personas, madre y padre trabajan y ganan el mínimo, aún así, podrían seguir viviendo en un hogar pobre (considerando que si actualizamos la línea de la pobreza, esta debería bordear los $100.000 por persona).

Por ello no resulta extraño, que el Salario Mínimo chileno, hoy apenas represente un valor en torno al 30% de nuestro PIB per cápita, el porcentaje más bajo de los últimos 24 años y que en la literatura especializada se define como un Mini Salario Mínimo.

En un país que pretende ser desarrollado, las personas deberían poder gozar de un “buen vivir” fruto de su Salario y sin tener que acudir al endeudamiento, Bonos o la asistencia del Estado. Si Chile no puede asegurar un piso Mínimo que al menos recupere su sentido genuino, entonces ¿qué país estamos construyendo?, ¿hasta cuándo seguiremos chantajeando a nuestros trabajadores con la frase “tener cualquier empleo es mejor que nada”, mientras Bancos, AFP, Isapres, Retail, Mineras, Inmobiliarias o la industria pesquera cada año siguen batiendo récords de utilidades?

Ya no podemos seguir echando la tierra debajo de la alfombra.