Publicada en La Política Online el 23 de julio de 2020

Con el apoyo de diputados oficialistas, la cámara aprobó las modificaciones del Senado. Las posibilidades de un veto presidencial.

El Congreso chileno hizo historia y convirtió en ley el proyecto que permite a la ciudadanía retirar hasta el 10% de sus fondos de pensión para transitar la crisis económica provocada por el coronavirus.

Este jueves, la Cámara de Diputados-que ya había dado el visto bueno a la iniciativa- aprobó las modificaciones votadas por el Senado y dejo la norma lista para ser promulgada por el Ejecutivo.

Se trata de una dura derrota para el gobierno de Piñera, que había militado activamente por el rechazo a la ley y aplicó todo su aparato político para presionar a los diputados y senadores. Aun así, el proyecto contó con el apoyo de legisladores oficialistas, lo que anticipa una posible ruptura en la coalición gubernamental.

La medida constituye la mayor reforma del modelo económico chileno en cuatro décadas y abre las puertas a nuevas modificaciones de este pilar del sistema que nació bajo la gestión del hermano del presidente, José Piñera, como ministro de Trabajo y Previsión Social de la dictadura de Pinochet.

El gobierno intentó avanzar con un proyecto alternativo, prometió una subvención de 640 dólares, préstamos baratos y una moratoria de seis meses para los pagos de hipotecas como alternativa superadora, pero no pudo evitar el triunfo de la oposición.

El proyecto propone un tope de retiros de unas 150 Unidades de Fomento chilenas (UF), que equivalen a 4,3 millones de pesos chilenos (unos 5.500 dólares) y un mínimo de 35 UF, es decir, 1 millón de pesos chilenos (aproximadamente 1.200 dólares). Y en caso que el 10% fuera inferior al retiro mínimo, el proyecto de ley avala que cada persona retire ese 10% o incluso todos los ahorros de su cuenta de capitalización individual si tuviera menos.

"El impacto en los mercados financieros o en la economía puede ser bastante limitado siempre que se haga de manera coordinada por el Banco Central, la Superintendencia de pensiones y la comisión para el mercado financiero. Solo 10 días después de que cada afiliado pida ese retiro se va a entregar la mitad de esa cantidad y 30 días después el monto restante. Por tanto habría un espacio de 40 días o más para poder hacer este proceso", indicó a LPO el economista chileno Marco Kremerman.

Ahora, al Ejecutivo sólo le queda la posibilidad de apelar a la revisión del Tribunal Constitucional y animarse a un veto que podría reducir aún más los inéditos niveles de aprobación que rondan el 16%.