Publicada en Radio Universidad de Chile el 25 marzo 2016

Por Valentina Doniez, investigadora Fundación SOL

La semana pasada la nueva Ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, democratacristiana, dio a conocer lo que sería la agenda laboral para lo que queda de gobierno. En ella se anotan varias iniciativas diferentes, pero que tienen en común no ser disruptivas para el mundo empresarial. “Se agradece que no afecten la productividad y el crecimiento económico”, dirá la derecha y los empresarios.

Los puntos comentados son: la inclusión en el empleo, la competencia de tribunales para conocer accidentes mortales de trabajadores, la regulación de las propinas en las bombas de bencina, la indemnización por término de contratos por obra o faena, la creación de un Seguro Solidario para padres con hijos que padecen enfermedades graves y el Estatuto del Temporero. Ninguna de ellas se encuentra arraigada en las organizaciones de trabajadores del sector y ninguna supondrá un cambio en las reglas del juego laboral, que seguirá cargando la balanza hacia el lado del empleador.

Por otra parte, durante el fin de semana la misma ministra dio una entrevista en un diario de circulación nacional donde reconoce que nadie había quedado conforme con la Reforma Laboral recién aprobada y que entrará en vigencia el 1° de abril: ni trabajadores, ni empresarios, ni Gobierno.

Pero ¿por qué nadie quedó conforme con la Reforma Laboral? Porque si bien fue presentada como el mayor avance para los trabajadores en los últimos tiempos, la reforma que acabaría con el Plan Laboral fue a lo más un tímido ejercicio de ponerse al día con algunas deudas normativas, como prohibir el reemplazo de trabajadores en huelga. Este punto, si bien acata la sugerencia hecha reiteradamente por organismos internacionales, tendrá poco efecto práctico con la implementación de servicios mínimos universales y con la facultad del empleador de establecer “adecuaciones necesarias” a los no huelguistas. Además, generó cambios imperceptibles en la negociación colectiva (no modificó su anclaje en la empresa ni su procedimentalización) e incorporó una gran cantidad de nuevas prerrogativas empresariales. En este sentido, los trabajadores no ganaron más derechos sustantivos con la reforma, el gobierno perdió la noción de titularidad sindical, que era una de los pocos titulares que le permitía hacerse buena fama con los trabajadores, y los empresarios perdieron la flexibilidad que inicialmente habían valorado. De todas maneras, sobre la maña empresarial hay que aclarar que éstos, históricamente, han estado en contra de las reformas laborales; nunca han querido cambiar un ápice del Plan Laboral y desprecian al sindicato.

Ambos hechos son tributarios de la posición que ha tenido el bloque gobernante frente a las iniciativas legislativas que tienen que ver con el mundo del trabajo, esto es, promover iniciativas ineficaces para la protección de los derechos del trabajador y que eluden los temas de fondo que cambien la correlación de fuerzas al interior de las relaciones de trabajo.

En este sentido, la contradicción de origen del gobierno fue su apuesta para que quedaran todos contentos con la reforma. Eso partía de la base de negar que hay intereses contrapuestos, especialmente en el ámbito del derecho colectivo: los trabajadores buscan fortalecer sus organizaciones para mejorar su situación y los empresarios buscan aplacarlas.

Podría haberse esperado que la Nueva Mayoría, que al menos en algún momento dijo tener sensibilidad frente a los trabajadores, se la jugara por un proyecto que partía de una base coherente de protección al trabajador, pero no fue así. De esta forma, tenemos como resultado una nueva ley laboral que sigue teniendo un fuerte sesgo empresarial, a pesar incluso de que los empresarios hayan salido en la prensa quejándose.

¿Cómo quedan las condiciones para la organización y negociación de los trabajadores, por ejemplo de sectores como la agricultura o la construcción? Igual de malas y desprotegidas. Momento clave para pasar leyes que, bajo un manto de progresismo permitan a un gobierno mostrar al ámbito público gran productividad legislativa y poca sustancia.

No vendrán cambios importantes y positivos para los trabajadores en el próximo tiempo, al menos no de parte del Gobierno. En cambio, se observa que una vez más la Nueva Mayoría quiere legislar en materia laboral mirando a los empresarios, dejándolos bien tranquilos, pero no tienen ninguna voluntad política de ordenar sus fuerzas para hacerlo en función de los trabajadores.

Por mientras, la precariedad laboral sigue escalando y los empresarios siguen teniendo las mejores condiciones de acumulación a costa de quienes realizan el trabajo, los que parecen nuevamente estar ausentes de las prioridades políticas.