Publicada en El Mostrador el 13 de julio 2011

 Por Marco Kremerman, investigador Fundación SOL

Se acabó la teleserie del salario mínimo decían ayer algunos. Por fin se aprobó el reajuste, que significará un aumento de $10 mil pesos al mes para cerca de 1 millón de trabajadores (o $330 al día) pasando de $172 mil a $182 mil. Sucedió que por primera vez, el proyecto de ley del Ejecutivo […]

Se acabó la teleserie del salario mínimo decían ayer algunos. Por fin se aprobó el reajuste, que significará un aumento de $10 mil pesos al mes para cerca de 1 millón de trabajadores (o $330 al día) pasando de $172 mil a $182 mil.

Sucedió que por primera vez, el proyecto de ley del Ejecutivo se demoró casi 2 semanas más de lo normal en ser aprobado, no hubo acuerdo en las instancias legislativas regulares en la Cámara de Diputados y el Senado y el presidente Piñera tuvo que ingresar un veto para que existiera reajuste este año.

Esta inédita demora, permitió que el debate sobre el salario mínimo en Chile no durara 2 semanas al año, como es de costumbre, sino que un par de días más y las decisiones y los argumentos esbozados por el Gobierno, parlamentarios oficialistas y de oposición, empresarios y centros de estudio asociados a los partidos políticos, no quedaran dentro de cuatro paredes como ocurre todos los años, sino que trascendiera a un par de personas más.

Sin duda, no fue suficiente. La ciudadanía recién está despertando y parte importante de ese nuevo estado de lucidez se ha concentrado en las necesarias movilizaciones por la Educación e Hidroaysén. Los trabajadores, al parecer serán los últimos en despertar, por razones tan entendibles, como el miedo a perder su trabajo, su elevado nivel de endeudamiento o los escasos niveles de sindicalización y negociación colectiva que existen en Chile o por razones que requieren cirugía mayor, tales como la lamentable fragmentación que se observa entre las organizaciones sindicales, los niveles de cooptación que estas alcanzaron por parte de los partidos políticos de la Concertación y el comportamiento pasivo de las cúpulas como consecuencia natural.

Este escenario fue el propicio, para que una vez más los argumentos del miedo se impusieran en la agenda. No hay que subir el sueldo mínimo porque puede producir desempleo, no se puede subir más de lo “razonable” porque va a quebrar a las pequeñas empresas o simplemente el ya clásico “no es el momento”, estamos recién saliendo de una crisis, puede venir una crisis o podría generar una crisis en la economía.

Escuchando atentamente la intervención de diputados y senadores en la sesión del histórico martes 12 de julio, se puede concluir que la clase política simplemente no dio el ancho. Los parlamentarios de derecha recitaron de memoria la minuta del ministro de Hacienda y se cuadraron con el lobby que hicieron los grandes empresarios y terminaron aprobando el veto presidencial. Los parlamentarios de la Concertación rasgaron vestiduras y expresaron su malestar por el escaso reajuste y el perverso sistema utilizado por Chile para reajustar el salario mínimo y salvo algunas excepciones, decidieron abstenerse de la votación, para que su rechazo no ocasionara que este año los trabajadores se quedaran sin reajuste, rematando con el slogan: “Este es el reajuste del Presidente, no el que nosotros hubiésemos querido”

La derecha política, como es de costumbre, no entró al debate real y cuan patrón de fundo, y en la línea de los argumentos esbozados por Hacienda, se cuadró con la última oferta de $182 mil (utilizando los mismos métodos que los empresarios usan en las mesas de negociación colectiva, aprovechándose que en nuestro país no tenemos un real derecho a huelga). De paso, sus representantes aprovecharon de lanzar la teoría del empate, argumentando que el reajuste real ofrecido se situaba en torno a 2,5% y esto representaba más de lo logrado en al administración Bachelet (situación que es verdad, ya que el reajuste real promedio había sido 2,1%). Sin duda no se iban a comparar con el promedio de los reajustes reales durante el gobierno de Frei (fue de 4,8%).

Por su parte, los representantes de la Concertación, llevaron a cabo interesantes perfomance cuando les tocó intervenir en sala, se quejaron, dijeron que el reajuste era miserable e incluso los más osados como el diputado Lorenzini mencionaron que sólo alcanzaba para comprar sustancias y comenzó a repartir esta clásica golosina en el hemiciclo, en plena sesión. No obstante el malestar de nada sirvió, ya que era poco creíble y se notaba poca preparación.

Entre el reajuste del año pasado y este, no se vieron estudios de sus tanques de pensamiento que nos entregara una propuesta de un mejor reajuste del salario mínimo, lo cual hubiese permitido desplegar un necesario debate durante 12 meses y generar masa crítica. Aún más, algunos parlamentarios de la Concertación influidos por la doctrina Velasco (su último ministro de Hacienda), comentaban por la prensa que si el Ejecutivo hubiese ofrecido $1.500 o $2.000 más, no hubieran tenido que llegar a la instancia del veto y se habría llegado a acuerdo. Vale decir, con $184 mil firmaban.

Sin duda, el pobre y sesgado debate que se ha observado en relación al salario mínimo, explican el desprestigio de la clase política que presentan las recientes encuestas CERC y Adimark. Los chilenos, lentamente se están cansando de que los engañen y que el crecimiento económico que las autoridades muestran con orgullo, no se refleje en su bolsillo.

Fundación SOL, en su estudio y propuesta sobre un plan de reajuste de mediano plazo para el salario mínimo, demostró algo que no tiene nada de nuevo: no existe evidencia contundente a nivel nacional e internacional que aumentos en el salario mínimo generen desempleo y si tanto nos preocupan las pequeñas empresas, diseñemos una estrategia de desarrollo que las coloque en el centro y no como subalternas precarias de las condiciones impuestas por las grandes empresas. Para ellas, políticas especiales de apoyo, fomento y bonificación, pero no las utilicemos como un chantaje para no subir el mínimo.

A punta de la amenaza del desempleo, la teoría del empate y gracias al improvisado desempeño de la Concertación, este año, el patrón logró su objetivo: Como es de costumbre se subieron poquito los sueldos y no se llegó al conflicto.

El salario mínimo, ahora de $182 mil, nuevamente no sacará a los trabajadores de la pobreza estadística (de hecho sólo permite cubrir algo más del 60% de la línea de la pobreza familiar, la cual está pegada en los cálculos del año 1987 y requiere modificaciones). Para todos quienes están endeudados hasta el cuello, saben a lo que me refiero: Con $182 mil, sólo alcanza para pagar el arriendo de una pieza por $90 mil para que viva la familia, la locomoción para que la jefa o jefe de hogar llegue todos los días al trabajo ($36 mil), una cuenta de luz básica ($10.400), 1 kilo de pan al día ($27 mil), 10 litros de leche al mes ($5.500), 5 litros de parafina para calefaccionarse ($3.100) y con los $10 mil que se lograron este año, la familia podría colocar a uno de sus hijos en una escuela particular subvencionada con financiamiento compartido.

Sin duda, este año perdieron los trabajadores, como por tantos años ha ocurrido. Sin embargo, no parece razonable que esta discusión y estos exiguos reajustes se repitan el próximo año. Se requiere con urgencia un Acuerdo Nacional con participación de todos los actores sociales, para que en un mediano plazo el salario mínimo cumpla su rol y al menos permita satisfacer las necesidades básicas de un/a trabajador/a y su familia. Resulta inconcebible que en un país que tiene un PIB por habitante de 15 mil dólares, miles y miles de personas que trabajan arduamente todo el día, sean pobres y ni siquiera les alcanza para comer. No hay argumento que sirva para justificar esta triste e injusta situación.