Frente a una crisis estructural que se profundiza aceleradamente en el actual contexto de pandemia, los hogares se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad día tras día. Esto debido a que por décadas el sistema se ha sostenido, en gran medida, gracias a la privatización de derechos sociales y a la permanente flexibilización y precarización del trabajo, lo que da como resultado que los hogares no cuenten con las herramientas necesarias para hacer frente a esta crisis, viéndose imposibilitados siquiera de cubrir sus necesidades básicas para llegar a fin de mes. El fantasma del hambre reaparece cada vez con más fuerza, dejando en evidencia la fragilidad del modelo imperante.

Es en este contexto que se observan improvisadas respuestas por parte de las autoridades, que demuestran, con cada anuncio, un profundo desconocimiento -o negación- de la realidad que vive la gran mayoría del país. Políticas como la ley de protección al empleo, el Bono COVID, el Ingreso Familiar de Emergencia o las Canastas de Alimentos se aferran a una ideología basada en el más puro individualismo, en el que cada persona debe velar por su propia subsistencia, al no asegurarse pisos mínimos, guiándose por una concepción neoliberal de los derechos básicos que se relegan a la focalización, y que no se ajustan al costo de vida efectivo que presenta la realidad chilena.

Si se quiere proteger efectivamente a los hogares de esta pandemia y de la crisis que esta trae consigo, las políticas impulsadas deben estar dirigidas a la sustitución de ingresos, a través de una renta básica de emergencia, que se extienda por el periodo de crisis, y que cumpla, al menos, con dos principios fundamentales: la universalidad y la suficiencia.

La universalidad se basa en la convicción de que cada persona puede acceder a derechos sociales que permitan alcanzar estándares de vida dignos, solamente por el hecho de ser ciudadano/a, a diferencia de los beneficios focalizados, en los que las personas se someten permanentemente a test de medios, es decir, a la demostración de que se es lo suficientemente pobre como para ser merecedora de un bono o un subsidio. La focalización es una herramienta que desconoce que la gran mayoría de los hogares en Chile no está en condiciones de hacer frente a esta crisis, sin ser una realidad solamente del 40% o el 60% más pobre, y, por otro lado, al traer consigo una serie de dificultades para identificar quiénes son merecedoras y quiénes no de las medidas, se retrasa en tiempos vitales la entrega de los beneficios.

La suficiencia, por su parte, dependerá de los estándares que se definan como necesarios para que las personas puedan protegerse en este contexto, sin exponer su salud ni la de sus familias. En ese sentido, una referencia mínima sería considerar aquello fijado por el propio Estado, procurando que nadie se encuentre por debajo de la línea de la pobreza, cifrada en $451.570 para un hogar promedio de cuatro personas.

Sin embargo, el principio de suficiencia también debe considerar criterios más realistas, basándose directamente en el nivel de gasto efectivo que presentan los hogares. Así, si se tiene presente que el gasto promedio en los hogares del 60% más vulnerable del Gran Santiago -donde se encuentran la mayoría de las cuarentenas totales- es de $245 mil por persona al mes[1], se puede contar con una visión más acabada y profunda de las necesidades reales, contrastándose con las políticas actualmente impulsadas que consideran montos de $65 mil por persona el primer mes de beneficio y de $45.500 el tercer mes -Ingreso Familiar de Emergencia-, $50 mil por causante -Bono COVID-  o tan sólo de $30 mil  por hogar en las Canastas de Alimentos.

Estos principios deben ser impulsados tanto en las medidas que se tomen para salir de esta crisis, como en aquellas que serán necesarias para una transformación profunda de las condiciones de vida, de acuerdo a lo que la sociedad chilena defina. Si la búsqueda es asegurar un estándar común digno que evite que sea nuevamente la clase trabajadora quien pague los costos económicos y humanos de esta crisis, y que esas condiciones se mantengan posterior a ella, se debe avanzar de forma urgente en la desmercantilización de los derechos sociales. Esto, por cierto, debe ir acompañado de un sistema tributario progresivo, que se enfoque en que las personas más ricas de este país, sobre todo aquel 1% que concentra el 33% de los ingresos, pague proporcionalmente más que las familias del 99% restante, logrando así una verdadera redistribución de ingresos y un aseguramiento de derechos sociales universales que permitan avanzar hacia una transformación profunda de la manera en que nos organizamos y pensamos como sociedad.

 [1] Según última Encuesta Presupuestaria Familiar publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas