Publicada en Revista La Mala el 20 de enero de 2021
Por Andrea Sato, investigadora Fundación SOL

El cambio al sistema de pensiones ha sido la principal demanda del movimiento social que despertó con más fuerza en octubre de 2019; además, ha sido el uno de los problemas políticos más relevantes en la última década para el ejecutivo dada la impugnación transversal al modelo de cuentas individuales y ahorro forzoso que se evidencia en las manifestaciones populares que han ido en alza desde el 2010.

Las propuestas de cambio al sistema de pensiones no se inauguraron el año 2019, ya desde las reformas del primer gobierno de Michelle Bachelet se puede observar que los gobiernos de turno han intentado –sin mucho éxito- mejorar las pensiones de trabajadores y trabajadoras, principalmente aumentado la participación del Estado en el pago de jubilaciones. Pero, a pesar de los “esfuerzos” de las comisiones de expertos y técnicos que se han dedicado a maquillar un sistema insostenible, las pensiones no han mejorado ostensiblemente y no mejorarán si se sigue manteniendo el esquema de cuentas individuales.

El gran problema de las pensiones en Chile, es que es un sistema que se basa – casi exclusivamente- en el pilar contributivo que descansa en cuentas individuales, es decir en el ahorro particular de cada trabajador y trabajadora.  Esta estructura, por sus características está condenada a pagar bajas pensiones ya que su fin último no es que los trabajadores y trabajadoras tengan pensiones dignas y suficientes al final de su vida laboral, sino que persigue el objetivo de mantener y subsidiar a los grandes grupos económicos nacionales vía inversiones.

Este sistema que beneficia a unos pocos, a costa de otros muchos ha dejado en evidencia una cuestión mucho más trascendental: la insuficiencia de las pensiones que se pagan en Chile. La urgencia de una transformación profunda al sistema de pensiones es una disputa política, que ya no puede descansar en discusiones en grandes salones con informes que proponen reformas paramétricas al sistema para dejar a las personas con las mismas pensiones miserables, la discusión política es urgente porque se trata de la sobrevivencia de las personas jubiladas en Chile, esto se ha dejado en evidencia en las calles y no en vano una de las primeras promesas de cambio en el marco de la revuelta social de octubre fue una propuesta de mejora a las pensiones levantada por el Ejecutivo.

Foto: Fernando Lavoz @flavoz

En la actualidad, la tasa de reemplazo mediana y autofinanciada –sin aportes estatales- no alcanza el 20% durante la última década, esto se profundiza al observar a los últimos jubilados del año 2019, de las 127 mil personas que se jubilaron el año pasado, el 50% pudo autofinanciar una pensión igual o menor a $49.000 (62 USD). La crítica es evidente; las personas jubiladas en Chile no logran satisfacer ni mínimamente sus necesidades básicas y están condenadas al empobrecimiento sistemático en un país donde el costo de vida excede por mucho los montos pagados por la Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en pensiones.

Durante años, se ha responsabilizado a los y las cotizantes por sus bajas pensiones, “no trabajaron suficiente”, “tienen muchas lagunas”, “sus salarios son muy bajos”, estas excusas de los ideólogos del modelo para defender un sistema de capitalización individual que está socialmente quebrado, se vuelven burdas ante la magnitud de la crisis mundial del capital actual ya que es evidente que las tasas de retorno de los 80’ no volverán.

En este escenario, urge hacer profundas transformaciones al corazón del sistema de pensiones, transitar desde un modelo de cuentas individuales y capitalización individual a un sistema de reparto, tripartito que ponga énfasis en la solidaridad. La propuesta de la Coordinadora de trabajadores y trabajadoras NO+AFP, plantea un sistema de pensiones que garantice la reproducción de los hogares de las personas jubiladas y establece estándares mínimos de ingreso para que nadie se empobrezca al final del ciclo laboral. Avanzar a un sistema de pensiones que garantice seguridad social e ingresos mínimos para la reproducción de la vida, es central para la construcción del país que hoy nos atrevemos a soñar.