Columna publicada por The Clinic el 27 de marzo de 2019.

Por Valentina Doniez, investigadora en Fundación SOL.

“Ante un escenario de bajas jubilaciones y masivas movilizaciones, los últimos gobiernos han debido actuar y proponer una reforma previsional, partiendo por la necesidad de que el empleador aporte a la previsión, pero manteniendo seguro el sistema de capitalización individual”, dice Valentina Doniez de Fundación Sol en esta columna.

Las pifias al presidente Piñera y su gabinete en el concierto de Paul McCartney llamaron la atención del escenario político en los últimos días. Algunas autoridades le bajaron el perfil, presentándolo como un hecho insignificante. Por redes sociales, quizás dándole demasiada atención, algunos se quejaban de que eso demostraba un descontento político que se hubiera resuelto yendo a votar en las últimas elecciones. En cualquier caso, el episodio hace recordar el chiste del humorista Jorge Alís, que decía que la principal forma de protesta de los chilenos era el silbido.

Más allá de lo anecdótico, no deberíamos quedarnos en el lugar común de la incapacidad de los chilenos para alzarnos contra lo que nos molesta. Un caso concreto es la indignación que provoca la pobreza a la que están destinados los ancianos de nuestro país, que se ha visto reflejada en la serie de manifestaciones que desde el año 2014 se vienen desarrollando a lo largo del país, lideradas por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP; y que ha logrado convocar a cientos de dirigentes y a miles de personas en las calles bajo la consigna de transformar el sistema de pensiones.

Esta indignación es la expresión de la actual crisis previsional: en enero de 2019, la mitad de las mujeres que recién se jubilaron sólo pudo autofinanciar una pensión de menos de 25 mil pesos, por otra parte, el 50% de aquellas personas que cotizaron entre 30 y 35 años, se jubilaron con un monto menor al del Sueldo Mínimo.

Ante un escenario de bajas jubilaciones y masivas movilizaciones, los últimos gobiernos han debido actuar y proponer una reforma previsional, partiendo por la necesidad de que el empleador aporte a la previsión, pero manteniendo seguro el sistema de capitalización individual. De todas formas, se augura una nueva promesa incumplida, ya que haciendo un análisis detallado de la actual propuesta del Gobierno, el impacto en las pensiones será menor y no podrá generarse una mejora efectiva en un escenario de disminución de la rentabilidad de los fondos y la precariedad laboral imperante.

Por su lado, la Coordinadora NO+AFP desarrolló un proceso de deliberación nacional para discutir en asambleas a lo largo de todo Chile, los principios de la seguridad social y reflexionar los aspectos técnicos que debería tener una propuesta. Como resultado existe una Iniciativa Popular de Ley, trabajada por más de 10 mil personas, que recoge una alternativa concreta de nuevo sistema de pensiones y que fue presentada a los diputados que se encuentran discutiendo el tema en la Comisión de Trabajo de la Cámara.

La propuesta de la Coordinadora apuesta por un sistema de reparto tripartito, es decir, donde aporta el trabajador, el empleador y el Estado (como lo hace de hecho hoy, pero de manera subsidiaria). No se trata del antiguo sistema de cajas, desarticulado, sino de un moderno sistema de reparto administrado por un ente público, con beneficio definido y un Fondo de Reserva Técnico, para generar la sostenibilidad económica en el mediano y largo plazo. Otros aspectos relevantes, además, son que con ella se elevan inmediatamente las pensiones (no como la propuesta del gobierno, que aumenta de manera acotada y con un horizonte de 5 años) y los fondos que cada cotizante tiene en la actualidad no sufrirán modificaciones: nadie perderá lo que tiene. Tampoco aumentaría la edad de jubilación, como pretende hacer indirectamente el gobierno al generar incentivos para postergarla.

Lamentablemente, esta propuesta no tiene suficiente espacio en el debate público. Hay quienes pretenden negar la discusión de entrada, diciendo que los sistemas de reparto están quebrados y que la única alternativa es la capitalización individual. Si bien una mayoría de quienes participan de las comisiones presidenciales recomiendan sistemas privados, eso no basta como argumento de autoridad, sin escuchar los planteamientos alternativos.

Con todo, no es tan extraño plantear un cambio en el sistema. Según un reciente estudio de la OIT, de los 30 países que privatizaron sus sistemas de pensiones desde los años 80 al 2014, 18 han vuelto a sistemas públicos, en parte evidenciando el grave problema social que provocan los esquemas privados en base a la capitalización individual. Esto parece indicar que un sistema de pensiones que cumpla las expectativas sociales, es decir, que pague pensiones suficientes, difícilmente se logrará con un modelo que especula con el dinero, cobra altas comisiones y le pide a cada trabajador que se “rasque con sus propias uñas”.

De esta forma, frente al descontento que provocan hoy en día los resultados de nuestro sistema de pensiones, tenemos una alternativa construida al alero del Movimiento NO+AFP. La pifia da paso a la organización en la calle con la marcha de este domingo 31 de marzo y con el debate informado que busca romper con el monopolio de las soluciones individualistas y privadas, que son la continuidad de un modelo que no nos permite a todos vivir con dignidad.