En septiembre de 2016 el Ministerio de Desarrollo Social publicó los resultados de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica, CASEN 2015. Esta encuesta es la principal radiografía social de la que dispone el Estado de Chile y guía la formulación y diseño de políticas.

Como era de esperar, toda la atención rápidamente se concentró en los indicadores de pobreza y desigualdad. En ambos se exhibe una mejoría respecto a la medición 2013, aunque en el segundo, el avance fue casi imperceptible. En pobreza, nuevamente el efecto de los bonos y de los subsidios estatales así como el rol del llamado “alquiler imputado” ha sido clave en desdibujar la real magnitud del problema.

En lo que respecta a pobreza, la estimación puntual para 2015 fue de un 11,7%, cifra que equivale a poco más de 2 millones de chilenos bajo la línea de pobreza (en 2013 el porcentaje de personas en situación de pobreza fue un 14,4%). Sin embargo, al computar la pobreza resultante “del mercado”, esto es, la que  resulta de la retribución directa que las personas obtienen por su participación en la principal forma en que se organiza hoy la interacción económica, sin incluir el aporte asistencial del Estado y además, excluyendo de los ingresos familiares el llamado alquiler imputado, el porcentaje sube a un preocupante 26,9%, es decir, más que se duplica la cifra oficial. ¿Qué esconde la cifra oficial?

De acuerdo con los métodos oficiales para el cálculo de la pobreza, una familia que se encuentra pagando el dividendo por la vivienda, o que es dueño de la misma [1], se le imputa como ingreso del hogar el equivalente al costo que tiene un arriendo en el sector o manzana donde habita. Es lo que se conoce como alquiler imputado. Así por ejemplo, en el caso de una persona sin trabajo, que tiene 65 años, y que es dueño de su vivienda o sigue pagándola vía dividendos, tendrá un ingreso equivalente a lo que se paga en arriendos en el lugar donde vive. Esta persona puede ser que actualmente no tengan dinero ni siquiera para comer, pero en las encuestas aparecerá con un ingreso “por alquiler imputado” y si ese dinero es mayor al monto establecido para la línea de pobreza correspondiente a la composición del hogar, se clasificará como una persona “no pobre” (aún cuando no disponga de dinero para costear sus alimentos, pues – se reitera – se le imputa como ingreso el canon de arriendo pagado en viviendas similares por arrendatarios del barrio).

Para ilustrar las consecuencias de los subsidios y del alquiler imputado podemos revisar el caso de la pobreza para el grupo de personas de 60 años y más. Al quedarse con la mirada oficial – que incluye subsidios y alquiler imputado – este grupo de edad es uno de los menos vulnerables de Chile con apenas un 6,6% de pobreza. Esto ha llevado a que defensores del actual sistema de pensiones, tal como el caso de Salvador Valdés, académico de la Universidad Católica, sostenga que “(…) el eslogan de que las AFP son una fábrica de pobres es completamente falso. No es efectivo que la tercera edad esté en situación de pobreza masiva” (Pulso, enero 2016) y “(…) la tercera edad tiene la menor tasa de pobreza, por mucho y desde hace mucho tiempo en Chile” (Pulso, julio 2016). Esta mirada es muy estrecha, incompleta y sesgada. En efecto, el impacto de los subsidios y sobre todo del alquiler imputado son los que condicionan fuertemente este resultado. Así, la pobreza de la tercera edad sube de 6,6% a un 14,8% al retirar subsidios del Estado (más que se duplica) y a un elevado 30,7% al excluir también el alquiler imputado (casi se quintuplica). Se trata además del tramo de edad con mayor sensibilidad: es el que más aumenta al comparar ambas pobrezas en diferentes cohortes (ver columna cambio porcentual en cuadro 1). Lo anterior se explica fundamentalmente por el efecto del alquiler imputado, dada la mayor probabilidad de tener una vivienda propia (pagada durante toda la vida) para este tramo de edad.

Es necesario recalcar que, este método, así como en Chile, también se aplica en muchas otras partes del mundo (es una recomendación y práctica internacional, un buen análisis lo ofrecen Törmälehto y Sauli (2013)), sin embargo, dada la elevada sensibilidad que se aprecia en los resultados locales, es muy importante que se transparenten las distintas medidas de pobreza económica, excluyendo subsidios y alquileres imputados, cuestión que nunca se ha hecho y que hoy para conocerse depende de la voluntad de investigadores por fuera del Estado y de su capacidad de resonancia pública, limitándose mucho el debate.

No da lo mismo que un 26,9% de las personas se encuentren en situación de pobreza como resultado de su inserción económica. Eso habla de las debilidades de la actual forma en que se organiza la economía, que el Estado – como copartícipe – intenta morigerar y escamotear con formas de contención de corto plazo. Lo anterior es especialmente importante si se considera la situación límite de las personas concretas que están detrás de las cifras de pobreza, y nos enfrenta al problema de la autonomía y real libertad que ofrece el modelo.