Publicada en Cooperativa el 12 de enero 2023

Por Andrea Sato, investigadora Fundación SOL

La Carga Global de Trabajo es un concepto que sirve para ilustrar la magnitud del tiempo utilizado en actividades relacionadas con el trabajo remunerado y no remunerado. Se incluye el tiempo destinado al empleo y a las tareas domésticas en todas sus dimensiones. Al observar este indicador, a nivel nacional y global, se establece que las mujeres trabajan mucho más que los varones y desde edades más tempranas.

Según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT) de 2015, una mujer ocupada destina 41 horas semanales a labores domésticas y de cuidados, versus las 20 horas que dedican los varones ocupados a las mismas actividades. En un año, una mujer trabaja más de 2.000 horas solo en labores domésticas y de cuidados, esto implica que, si comienza estas tareas a los 15 años, a los 45 ya superó las horas de trabajo no remunerado totales de un varón de 65 años ¿Cuánto tiempo más deben entregar las mujeres para mantener a la sociedad en su conjunto sin un reconocimiento monetario?

Si el uso del tiempo para las mujeres es más intenso, y de hecho ellas trabajan el doble de horas que los hombres, ¿por qué esto no es reconocido en la iniciativa de Pensión Garantizada Universal (PGU) del Gobierno? La PGU es un beneficio que reemplazó las pensiones del Pilar Solidario de Vejez (Pensión Básica Solidaria y Aporte Previsional Solidario) con un monto actual de $193.917 mensuales. El monto de la PGU se suma a la pensión autofinanciada con los ahorros previsionales (AFP) y se entrega independientemente de que las personas mayores ya se hayan pensionado o sigan trabajando.

Este beneficio no es universal, ya que está focalizado supuestamente en el 90% de la población más vulnerable, pero esto no se asegura únicamente a través de los puntajes asociados por el Registro Social de Hogares: la no pertenencia al 10% más rico se evalúa después de haberse ingresado la solicitud al instrumento de focalización estipulado en la norma que rige la PGU.

Este nuevo instrumento de focalización determina un puntaje para cada solicitante, a partir de antecedentes reportados por diversas instituciones, como datos de ingresos laborales, pensiones, índice de necesidades y grado de dependencia de cada integrante del grupo familiar, entre otros, estableciendo así puntajes para cada persona solicitante del beneficio a través de su ingreso per cápita; a diferencia de los criterios de focalización del pilar solidario que se ordenaban por el ingreso per cápita de todo el hogar.

El problema es que el límite de 90% más empobrecido es más bajo, ya que las personas de 65 años o más tienen ingresos menores en comparación a los hogares del 90% más pobre. Este cambio en la medición de focalización ha implicado que adultos mayores queden fuera de la cobertura del beneficio, ya que en el orden propuesto por el instrumento se ubican en el 10% más rico, aunque sus ingresos bordeen los $500.000 pesos. Otro punto a considerar es que este beneficio no se entrega a la edad de jubilación para las mujeres (60 años), ya que se hace efectivo para hombres y mujeres desde los 65 años.

La estructura actual de la PGU -de manera camuflada- incentiva perversamente que las mujeres se mantengan en el mundo del trabajo asalariado hasta los 65 años, desconociendo su Carga Global de Trabajo y las horas dedicadas a la producción y reproducción en el pasado y en el presente. Lo concreto es que por falta de ingresos las mujeres en edad de jubilar están eligiendo mantenerse en el mundo del trabajo asalariado mucho antes de la implementación de estos beneficios.

En el trimestre que corresponde a los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2022 se estimó que había más de 370 mil adultas mayores en edad de jubilar que siguen trabajando asalariadamente, esta obligatoriedad de mantenerse en actividades que generen ingresos para las mujeres mayores responde principalmente a las bajas pensiones que reciben. Del total de mujeres jubiladas entre 2007 y 2021, la mitad de ellas recibió una pensión de vejez autofinanciada de $31.000 pesos o menos, lo que evidencia la grave crisis previsional que se arrastra por décadas en el país y que obliga a gran parte de los adultos mayores a mantenerse ocupados después de su edad legal de jubilación.

La seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a las personas y sus hogares. Este derecho humano es totalmente desconocido por el modelo de capitalización individual impuesto en Chile, que no entrega seguridades básicas como ingresos suficientes a las mujeres que, tras años de trabajo remunerado y gratuito a través de labores de cuidado, no les alcanza para la subsistencia mínima.

Hoy día no hay solo que pensar el modelo de seguridad social en su conjunto, hay que avanzar en implementar la PGU como piso mínimo, universal y suficiente para todas las personas jubiladas, que reconozca las diferencias centrales entre hombres y mujeres en el mundo del trabajo y en las cargas de tiempo diferenciadas que experimentan en sus biografías laborales. Que la PGU se comience a entregar para las mujeres a los 60 años es un mínimo para avanzar en el reconocimiento de las labores que gratuitamente realizan las mujeres en pos de la reproducción de toda la sociedad.