Por Marco Kremerman/Investigador de la Fundación SOL Hace algunos días concluyó el primer encuentro internacional “Chile hacia el Desarrollo”, iniciativa liderada por el Ministerio de Hacienda que contó con la participación de cuatro de los economistas más influyentes a nivel mundial (Merton, Sachs, Kotlikoff y Glaeser) y especialistas chilenos del área económica. Una de las principales conclusiones del encuentro fue que Chile debe y puede convertirse en un país desarrollado en el año 2018. Para alcanzar esa meta, nuevamente se mencionaron entre los temas más relevantes i) la recuperación de un elevado crecimiento económico; ii) avances sustanciales en educación y en productividad y iii) llevar la extrema pobreza a cero en el corto plazo. Aunque siempre es positivo reflexionar sobre estos temas y colocarse metas que puedan ser cumplidas, en la Fundación SOL consideramos que tras la discusión que el Gobierno está impulsando hay una serie de graves deficiencias que imposibilitan que Chile llegue a ser desarrollado en los próximos 8 años. En primer lugar, parece poco razonable centrar la discusión del desarrollo en los aspectos económicos y que solo debatan economistas, representantes del gobierno y dirigentes empresariales. Resulta fundamental que esta discusión sea democratizada; abierta a distintas especialidades -sociología, psicología, historia, antropología, biología, ciencia política u otras- y a distintos actores, tales como representantes de los gobiernos locales, organizaciones sociales y sindicales. En segundo lugar, si no contamos a la brevedad con una definición acerca de qué entendemos por desarrollo, nuevamente nuestro marco de referencia estará centrado en la tasa de crecimiento económico. Al respecto, ya existen movimientos a nivel mundial, como el informe encargado por el presidente Sarkozy a dos premios Nobel de Economía (Amartya Sen y Joseph Stiglitz), en donde se recomienda medir y observar el comportamiento de distintas variables que parecen reflejar de mejor manera el bienestar alcanzado por la población, superando completamente el enfoque del Producto Interno Bruto. Otra de las conclusiones del informe es que la reciente crisis económica y financiera mundial nos dejó la siguiente lección: que un elevado crecimiento económico que no se sustente en un fortalecimiento de la economía real, en el respeto al medio ambiente y en mayores niveles de igualdad, se transforma en un crecimiento que no es sustentable y que no chorrea a todos los habitantes de un país. En tercer lugar, es necesario reconocer que Chile no tiene una estrategia de desarrollo clara y contundente, más allá de la clásica exportación de materias primas con escaso valor agregado y la obsesión por crecer al 6%. La gravedad de este asunto es que nuestro país, en los inicios del siglo XXI, todavía no cuenta con un Pacto Social que marque la agenda de corto, mediano y largo plazo y entregue la hoja de ruta para el país durante las próximas décadas. Además de proponer urgentemente este Pacto Social, la Fundación SOL reconoce que al menos se deben llevar a cabo cuatro transformaciones profundas en la sociedad chilena y que con seguridad afectarán los intereses de quienes concentran el poder político y económico: 1)      Una revolución en el sistema educativo y de capacitación: Chile no se convertirá en un país desarrollado si no imita la realidad de aquellas naciones que están más cerca del desarrollo: Educación pública universal, gratuita y de calidad. Debemos dejar de lado los experimentos sociales. 2)      Un giro productivo que reconozca nuestra heterogénea realidad y nuestros excesivos niveles de concentración, que finalmente provocan que los frutos de una tasa de crecimiento del 6% o el 7% sean capturados sólo por algunos privilegiados y que el problema de las PYMES siga apareciendo en los seminarios que se hagan en los próximos 20 años. 3)      El establecimiento de un conjunto de mínimos sociales para la población, que aseguren el cumplimiento y la protección de los derechos fundamentales y; 4)      Transformaciones profundas en la institucionalidad política y social, que permitan la plena y real participación de todas las personas en la grandes decisiones y en los cambios que se realicen en los municipios, empresas y en otros espacios. En este sentido, no habrá desarrollo, si no se institucionaliza y se favorece la participación vinculante de las organizaciones sociales y de los sindicatos.