Para la investigadora de la Fundación Sol, Karina Narbona, la Ley obliga a los trabajadores a manifestarse por sus derechos, sin tener ninguna protección: “Entre el 60 y 70 por ciento de los nuevos empleos asalariados han sido tercerizados, lo que es preocupante ya que genera empleos precarizados que no cuentan con capacidad de organizarse colectivamente, de revindicar mejores condiciones laborales, y menos proporcionar seguridad social. Se da una situación de inferioridad en materias de poder en relación con el empleador”.
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