Publicada en Diario Universidad de Chile 2 de noviembre 2016
Por Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL
Actualmente, el ahorro previsional representa un 85 por ciento del ahorro total de los hogares [1]. Además de señalar una baja capacidad de ahorro, este dato da cuenta de la magnitud de los fondos acumulados en el sistema de ahorro forzoso de capitalización individual administrado por las AFP, que representan actualmente poco más de un 70 por ciento del PIB [2].
En poco más de 30 años, los fondos administrados por las AFP se han convertido en un engranaje gravitante para el mercado de capitales [3]. Su aporte en este ámbito es tan significativo, que se ha llegado a cuestionar abiertamente si el objetivo fundamental de los fondos consiste en pagar pensiones. De esta manera, el debate de propuestas se desarrolla sin consenso de que el tema de fondo sea la seguridad social del país. Como planteó uno de los integrantes de la Comisión Bravo “Aquí el tema no es trivial. Siempre se va a debatir si es política económica o social. Y el debate, mientras no se circunscriba en forma concreta, va estar ahí. Aquí gran parte de la propuesta A, que es decir mantengamos este sistema, perfeccionémoslo, es no dañar al mercado de capitales como está construido. Y que obviamente eso afecta al crecimiento, remuneraciones y empleo” [4].
Este tipo de argumentos da cuenta de que una de las aristas significativas de la disputa actual sobre las AFP, tiene que ver con la soberanía para decidir sobre el futuro de la seguridad social y el cuestionamiento fáctico a esa soberanía mediante el control de capitales. La tramitación del TPP es posiblemente una de las expresiones más evidentes de como el interés de los capitales involucrados se impone por diversas vías, ajenas a la deliberación política o el debate en la opinión pública. En este caso, un acuerdo como el TPP dificultaría cualquier cambio al sistema, sobre todo si se considera que un 75 por ciento de los fondos de pensión son administrados por capitales estadounidenses [5].
Otra expresión de esta disputa se encuentra en la agenda corta para la productividad, que abre a las AFP la puerta de entrada al sector inmobiliario, con una inversión máxima estimada de 25.175 millones de dólares [6], cifra cercana a los 30.652 millones de dólares invertidos actualmente en 10 bancos que operan en el país. En el actual escenario de debate, una inyección de recursos de estas características constriñe las salidas posibles, aún más cuando en una suerte de profecía autocumplida el gobierno decide permitir la capitalización de nuevos nichos de negocio con los fondos de pensión, como parte de una política oficial para promover el crecimiento. Y no en cualquier sector, sino en uno particularmente estratégico, considerando su importancia en el empleo masculino (el sector concentra casi un tercio del empleo creado para los hombres en los últimos 6 años [7]), su peso para el sector financiero y su centralidad en el debate sobre el pulso de la economía.
La entrada de las AFP al sector inmobiliario tiene un impacto “político”, contribuyendo a despejar cualquier transformación profunda del sistema con el argumento de proteger el “funcionamiento de la economía”. En términos económicos, se abre un nuevo espacio para la obtención de beneficios financieros sobre los salarios, que desde el 2017 entregarán liquidez al sector inmobiliario. Todos los meses $500 mil millones de pesos provenientes del 10% del salario de las y los trabajadores del país ingresa al sistema financiero entregando liquidez a la gran empresa. Se trata de una tendencia mundial en que el capital requiere cada vez más la reproducción doméstica de los hogares como fuente de acumulación, mediante mecanismos de expropiación financiera de los salarios, privatización de derechos sociales, etc. Esto explica por qué un tercio del presupuesto de la educación superior se destina a endeudar estudiantes mediante el CAE.
El paro nacional del 4 de noviembre es, desde este punto de vista, un llamado a recuperar desde el lugar de trabajo la soberanía para discutir en serio sobre seguridad social, para determinar el mejor uso del trabajo de todos, actualmente, la riqueza de unos pocos.