Publicada en El Mostrador el 8 julio 2014

Por Gonzalo Durán y Karina Narbona, Fundación SOL

A 35 años del plan, el panorama del trabajo en Chile advierte la presencia activa de un proceso de acumulación por desposesión. Un esquema donde una minoría acumula ingresos a costa de factores de rentabilidad instantánea y sin mediar límites, y en el que el trabajo infravalorado adquiere un papel central.

De forma totalmente inadvertida, los días jueves 3 y domingo 6 de julio recién pasados se cumplieron 35 años desde que fueran publicadas dos leyes de la dictadura (del año 1979) que revolucionaron por completo nuestra economía y nuestra forma de organización social, bautizadas como "Plan Laboral". Este Plan Laboral, cuyo arquitecto fue José Piñera, constituye hasta el día de hoy el corazón del Código del Trabajo chileno. Pues bien, a 35 años de ese Plan Laboral, el panorama del trabajo en Chile advierte la presencia activa de un proceso de acumulación por desposesión. Un esquema donde una minoría acumula ingresos a costa de factores de rentabilidad instantánea y sin mediar límites, y en el que el trabajo infravalorado adquiere un papel central. Frente a la desigualdad social que a políticos de todos los sectores parece hoy conmover, poco se ha dicho y hecho en relación a esta causa directa relacionada con el mundo del trabajo. Y, a diferencia de los también importantes vehículos educacionales o tributarios (como los descritos por Thomas Piketty), acá se juega la distribución de ingresos y de poder en el punto exacto donde se genera la riqueza. Acude, en otras palabras, al debate sobre la columna vertebral de nuestra sociedad.

El modelo de relaciones laborales actual ha contribuido a generar un ambiente ad hoc para la concentración de riquezas, sin trabas ni cortapisas que pongan en riesgo la tasa de ganancia empresarial. Y claro que ha funcionado, unos simples datos lo reflejan: El 1% más rico, compuesto mayoritariamente por empresarios, concentra el 30% de los ingresos del país, el porcentaje más alto dentro de los registros comparables. Para dimensionar esta cifra en toda su magnitud, considérese que en Estados Unidos el 1% concentra el 19% (López, Figueroa y Gutiérrez, 2013).

• Al mirar la desigualdad de ingresos autónomos (sin ayuda del Estado y por lo tanto aquella producida en el "mercado"), se puede constatar que ésta se ha duplicado en los últimos 20 años. La brecha de ingresos per cápita entre las personas que pertenecen al 5% más rico y aquellas que son del 5% más pobre, aumentó de 130 a casi 258 veces (Fundación SOL usando microdatos de la encuesta CASEN).

• Por último, de acuerdo a los datos de la última encuesta suplementaria de ingresos (NESI) de diciembre de 2013 (y que constituye uno de los insumos principales para el Banco Central en lo referido al cálculo de la productividad, horas de trabajo y salarios), en Chile el 50% de los trabajadores gana menos de $263.470 (líquidos) y vive altamente endeudado. Es más, en caso de abarcar mayor proporción, la encuesta arroja que un 70% de los trabajadores gana menos de $400.000 (líquidos).

En gran medida, el cuadro descrito se explica por la institucionalidad laboral dictatorial convenientemente consolidada en los Gobiernos postdictadura y que sólo tiene indicios de ser abordada de menor forma en las reformas de la Presidenta Michelle Bachelet.

¿En qué consistió esa institucionalidad contrarrevolucionaria de la dictadura?

El Plan Laboral correspondió únicamente a dos leyes: una sobre sindicatos (DL 2.756, publicada el 3 de julio de 1979) y otra sobre negociación colectiva (DL 2.758, publicada el 6 de julio de 1979). Ellas se enfocaron en los derechos colectivos del trabajo, a sabiendas de que allí está el núcleo del sistema de relaciones laborales. Entendiendo la relación laboral como una relación de poder, lo que se hizo fue ampliar el poder de los empresarios para controlar el trabajo, desvaneciendo la fuerza de los trabajadores cuando se organizan. Esta nueva legislación estaba asentada en cuatro pilares, que en palabras de José Piñera, eran: 1) negociación colectiva centrada en la empresa (en la gran empresa, en los hechos); 2) huelga que no paraliza (permitiendo reemplazantes en huelga y limitando ocasiones en que la huelga puede llevarse a cabo); 3) paralelismo de agrupaciones de trabajadores (sindicatos pequeños compitiendo entre sí y con grupos negociadores), y 4) despolitización sindical (ruptura del vínculo entre sindicatos y asuntos generales de la sociedad). Un factor explicativo de la mayor trascendencia apunta a lo que pasó con la negociación colectiva. El siguiente cuadro hace un detalle de los puntos críticos de la actual normativa:

 Puntos críticos de la actual normativa de Negociación Colectiva

La manifestación más extrema de este cercenamiento del poder colectivo de la parte trabajadora se ha visto en los últimos hechos de la agenda noticiosa. Por un lado, hemos sido testigos del debate por el reajuste del sueldo mínimo, única instancia que les queda a los trabajadores para incrementar sus remuneraciones (dada la anulación de la negociación colectiva), y que, aun siendo tan importante, no da luces de mostrar avances para alinear siquiera este umbral con las necesidades más mínimas de una familia. Por otro, muere Marco Cuadra, el chofer de Redbus que en un acto desesperado y sin visualizar otros medios de presión, se prendió fuego para denunciar la precariedad laboral y el hostigamiento a las organizaciones sindicales. ¿Cuántos años –y cuántas muertes– más vamos a contar antes de sacudir esta injerencia nefasta de la institucionalidad estatal? En el programa gubernamental se han planteado cambios en algunas dimensiones, pero: sin mencionar siquiera romper con el esquema de negociación situado en la empresa. Cabe considerar que la negociación situada en la empresa empuja a que sólo una parte de los trabajadores pueda negociar; los trabajadores del segmento más moderno (grandes empresas), quedando fuera los de empresas de menor tamaño. Por eso, no es de extrañar que la cobertura efectiva de la negociación llegue sólo a 8%, lo que no cambiará sin permitir también una negociación por rama.

• Sin encarar a fondo la limitación del derecho a huelga. Además del esquirolaje, está el problema de la concepción del derecho a huelga sólo como etapa final de la negociación colectiva, desconociendo las huelgas por solidaridad, por causas político-económicas o por causas tan sencillas como incumplimiento de contrato.

Mientras no se avance estructuralmente en esto, el valor del trabajo seguirá por el suelo y los intereses de los empresarios seguirán teniendo ancha preeminencia en la sociedad. Es más, otras reformas, como la tributaria, traerán siempre aparejado el riesgo de abrir una puerta para que los empresarios ajusten su tasa de ganancia por la vía de la reducción de costos laborales, mermando más, incluso, el nivel de vida de los trabajadores. Pues bien, discutir sobre estos temas, movilizarse, es lo único que puede lograr sacar este problema de la arena de la irrelevancia política a la que lo relegó el establishment. Como un aporte al debate, Fundación SOL, en conjunto con Unión Portuaria del Biobío y la Confederación de Trabajadores del Cobre, invita al seminario por motivo de los 35 años del Plan Laboral a realizarse este jueves 10 de julio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso.