Publicada en The Clinic el 12 de enero 2015

Por Marco Kremerman y Micaela Lobos, Fundación SOL

Más allá de lo legal o lo ilegal, lo que se puede concluir del Caso Penta, es que en Chile contamos también con otro tipo de mercado, donde media la relación entre Grupos Económicos y los políticos, una suerte de mercado legislativo, donde el dinero puede comprar política, específicamente el acceso a representación en el parlamento. Esto deja en evidencia la forma en que el poder económico opera para influir sobre las legislaciones y surge necesariamente legítimas sospechas: ¿nuestros representantes están gobernando para las élites o para las mayorías?

Generalmente se dice que Chile tiene una economía de Mercado, sin embargo, más bien podríamos decir que tenemos una sociedad de mercado, donde prácticamente todo lo que hacemos y necesitamos tiene un precio y debe ser comprado, incluyendo los derechos sociales, como la Educación y la Salud.

Pero la mercantilización de nuestras vidas, también se extiende a la actividad política, principalmente en su formato institucional. A raíz del vergonzoso Caso Penta, nos enteramos formalmente que podría haber ilícitos en el financiamiento de campañas de algunos diputados y senadores, con el correspondiente fraude al Fisco, lo que al final del día significa menos recursos para las escuelas públicas (que en pleno siglo XXI les faltan duchas con agua caliente) y para los hospitales públicos, por ejemplo.

Pero más allá de lo legal o lo ilegal, lo que se puede concluir del Caso Penta, es que en Chile contamos también con otro tipo de mercado, donde media la relación entre Grupos Económicos y los políticos, una suerte de mercado legislativo, donde el dinero puede comprar política, específicamente el acceso a representación en el parlamento. Esto deja en evidencia la forma en que el poder económico opera para influir sobre las legislaciones y surge necesariamente legítimas sospechas: ¿nuestros representantes están gobernando para las élites o para las mayorías?

Porque si la riqueza se apropia de la elaboración de las políticas, no es de extrañar que se generen leyes que favorezcan a los más ricos, trayendo importantes consecuencias para la igualdad en la representación política y, por lo tanto, riesgos para el sistema democrático.

Según su página web, Empresas Penta es uno de los holdings empresariales más importantes de Chile y actualmente administra activos por cerca de US$34.000 millones. Sus negocios están bastante diversificados y se concentran en los siguientes sectores:

Salud: Cuenta con 2 Isapres, 6 Clínicas, una Red de Centros Médicos (Vida Integra), servicios de atención a domicilio (Help, Home Medical Clinic) y “emprendimientos” en Colombia y Argentina.

Previsión: Hasta 2012 participa del negocio de las AFP a través de Cuprum y hoy paga rentas vitalicias por Penta Vida.

Seguros: A través de Penta Vida y Penta Security es un actor central en el negocio de los seguros de vida y seguros generales

Financiero: El Banco Penta, Factoring Penta, Penta Corredores de Bolsa y servicios integrales de cobranza son parte de sus principales negocios en esta área.

Inmobiliaria: A través de Penta Inmobiliaria, el grupo ha construido departamentos, casas y hoteles en Chile y edificios-condominios en Estados Unidos.

Desarrollo: A través de Fondos de Inversión Privados, colabora con el desarrollo de negocios en los rubros del plástico, agrícola, el vidrio, distribución postal y soldaduras.

Tecnologías: Consultoría estratégica y mantención en el ámbito de las tecnologías de la información.

Los parlamentarios que fueron a pedir o recibieron recursos de este holding, sin duda tendrán fuertes y reales incentivos a la hora de discutir la Ley de Isapres, modificar el negocios de las AFP o introducir cambios a la Banca y al sector inmobiliario. Da lo mismo que el 90% de las pensiones de vejez que pagan las AFP sean menores a $145.000, que las Isapres castiguen a los que más necesitan los servicios de salud (adultos mayores, enfermos, mujeres en edad fértil) o que los Bancos retiren los cajeros automáticos. Mientras no existan grandes movilizaciones sociales, para volver a ser reelecto es más conveniente legislar para cuidar los intereses del financista, que en este caso, están bastante alineados con la ideología de los congresistas.

Cuando el diputado Boric debe hacer completadas y vender quequitos para financiar su campaña, mientras otros congresistas sólo necesitan tocar la puerta a su amigo multimillonario, se abre un nicho para el mercado legislativo y las aspiraciones democráticas se esfuman para dar paso a una plutocracia: el gobierno de los más ricos, en el país donde el 1% más acaudalado concentra el 31% de los ingresos. Porque esta desigualdad económica se trasforma necesariamente en desigualdad de poder e influencia en la actividad y representación política. Ahora es más fácil entender por qué se perpetúa tanta desigualdad.