Publicada en El Desconcierto el 28 de agosto de 2020 

Una vez más el movimiento feminista en Chile ha logrado visibilizar las desigualdades de género que viven las mujeres.

A partir de la crisis sanitaria, económica y social producto del Covid-19, y bajo la consigna “En cuarentena seguimos menstruando”, quedó en evidencia la falta de perspectiva de género en la medida implementada por el gobierno de Sebastián Piñera, donde la canasta de alimentos e insumos básicos para las familias más vulnerables no incorporaba productos de higiene menstrual como toallas higiénicas o tampones, elementos básicos y esenciales para los cuerpos menstruantes que representan más del 51% de la población.

La menstruación es un proceso biológico, natural y cotidiano, que viven los cuerpos menstruantes, que durante décadas -bajo un sistema capitalista patriarcal- ha sido invisibilizado y relegado al ámbito de lo privado impactando y condicionando la manera en cómo estos cuerpos viven este proceso. Reflejo de esto es el castigo económico que sufren en una sociedad higienista, donde el acceder a productos relacionados a la “higiene femenina” depende estrictamente de la capacidad de consumo que, en contexto de extrema pobreza, se agudiza y multiplica cuando se trata de niñas, mujeres, hombres trans menstruantes que se encuentran en situación de calle, siendo receptoras de la violencia económica-social imperante.

En Chile las mujeres destinan aproximadamente $ 4.000 mensuales para la compra de productos menstruales como toallas, tampones o copas menstruales, por lo que el gasto anual ronda los $ 48.000. Por otra parte, existe el denominado “impuesto rosa” asociado a estos productos donde esos precios incluyen el valor agregado del 19%, convirtiéndolos en productos costosos e inaccesibles si se tiene de referencia el valor actual del ingreso mínimo, y los datos expuestos por Fundación Sol, donde se refleja que un 64% de las mujeres ocupadas tiene una remuneración por debajo de la línea de la pobreza. A partir de lo anterior, ¿qué ocurre con quienes no pueden acceder a estos productos debido a su elevado costo, específicamente los cuerpos menstruantes en situación de calle?

En este contexto surge el concepto de pobreza menstrual, donde la falta de acceso a productos de higiene menstrual, educación sexual y reproductiva, productos sanitarios y acceso a instalaciones con baño y agua potable se ven limitados si no se cuenta con el recurso monetario para acceder a ellos.

En Chile no existe un cálculo respecto a cuántas son las mujeres que se encuentran en esta situación, pero a partir del Registro Social Calle se calculan 2.437 mujeres en situación de calle, las cuales no pueden acceder a estos productos de primera necesidad, repercutiendo directamente en su salud sexual y reproductiva, en tanto se ven expuestas a infecciones y enfermedades urogenitales, enfermedades de transmisión sexual, síndrome de shock tóxico e incluso la muerte. La elección entre el acceder a toallas femeninas o productos de higiene menstrual versus la necesidad de alimentarse es una problemática a la que estos cuerpos se ven expuestos todos los meses, para mantenerse lo que ellas catalogan “limpias y seguras” en las calles.

Para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil y grupos de voluntarias que trabajan la temática, la menstruación en calle no es algo (aún) prioritario a abordar pues, sumado a la falta de recursos, la menstruación sigue siendo un tema tabú de abordar, lo que dificulta que estos grupos a veces ni siquiera sean conscientes de que existe esta necesidad.

Frente a este diagnóstico, los cuerpos menstruantes en situación de calle se ven obligados a usar papel higiénico, bolsas de plástico, calcetines, fabricar sus propios tampones, pedazos de tela, reutilizar toallas higiénicas entre otras acciones que les permitan cubrir esta necesidad.

En Colombia, a partir del caso de Martha Durán (quien durante sus ciclos menstruales se veía forzada a utilizar toallas higiénicas de la basura), la Corte Constitucional falló contra la Secretaría de Salud y de Integración Social de Bogotá, pues no le garantizó el acceso a estos productos, ni le brindó la información correspondiente. Esto tuvo como resultado que se les ordenara a las autoridades locales que en un plazo de 6 meses levanten una política pública territorial para que todas las personas en situación de calle tengan acceso a productos de higiene menstrual, agua potable, instalaciones higiénicas y a educación sexual y reproductiva.

En Chile, no existe una política pública donde sea el Estado quien garantice la salud menstrual ni mucho menos existe una institución a la que mujeres en situación de calle puedan recurrir para asearse y obtener productos higiénicos. La ausencia de los elementos adecuados se considera un atropello a los derechos sexuales y reproductivos y a la dignidad humana de estos cuerpos.

Si bien, la Cámara de Diputados en enero de 2020 aprobó la petición para la gratuidad de productos de higiene menstrual a personas en situación de calle, cárceles, albergues, centros de salud públicos y establecimientos educacionales con aportes del Estado, empleando alternativas sustentables, en la actualidad esta iniciativa se encuentra archivada en el Senado sin mayores avances.

El diagnóstico para Fundación Gente de la Calle es claro; urgen políticas públicas diferenciadas con perspectivas de género que garanticen educación sexual integral, el acceso al agua y el saneamiento, y el acceso efectivo a productos de higiene menstrual, donde el Estado asuma sus obligaciones internacionales (bajo lo establecido en la Convención Belém Do Pará en materia de erradicación de toda forma de discriminación hacia las mujeres), donde estos productos son una prioridad para la salud, la dignidad y el bienestar de todas las personas que menstrúan.