Valentina Doniez/Investigadora Fundación SOL
La prensa informó que en Marzo el juzgado de garantía de Santiago en que fue ingresado el caso de la colusión, formalizará a 18 ejecutivos de las principales cadenas farmacéuticas y de algunos laboratorios por el delito de alteración fraudulenta de los precios, detectada entre noviembre de 2007 y marzo de 2008. Muchos estarán esperando este juicio.
Cabe recordar que en Marzo de 2009 Farmacias Ahumada admitió ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que algunos de sus ejecutivos se habían contactado con las otras 2 cadenas (Cruz Verde y Salcobrand) y laboratorios para establecer alzas conjuntas de precios. En esto lo trabajadores se llevaron la peor parte: “Lamentablemente, en esa confusión, los más afectados fuimos nosotros: a nosotros nos tiraron los tomates, nos agredieron, nos insultaron” señala Mauricio Acevedo, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Farmacia. No era la primera vez que las cadenas se coludían ya que en 1994 ocurrió un caso similar, pero en esa ocasión fue Cruz Verde la que reconoció el acuerdo.
Estas situaciones ocurren dada la alta concentración existente, donde las 3 principales compañías concentran más del 90% de las ventas. Por su parte, la Unión de Farmacias Independientes de Chile (UNFACH), quienes internalizaron el discurso de la “libre competencia” pero nunca vieron sus frutos, vienen denunciado las irregularidades desde mediados de los años 80. Es en 1982 cuando se realiza la primera denuncia contra las cadenas de farmacias y los laboratorios. A partir de ahí se dictaron al menos 15 dictámenes y resoluciones para clarificar las reglas de aquel mercado, aunque ninguna de ellas tuvo realmente fuerza como para impedir la conformación de este oligopolio. 
En respuesta a esto y esquivando la discusión sobre si realmente es la mejor solución dejar al sistema farmacéutico a merced de las leyes del mercado, los ministros de Salud y Economía a mediados de 2010 lanzaron un proyecto para liberar la venta de medicamentos en supermercados y almacenes de barrio. Según ellos de esta forma habrá mayor competencia, que debería traducirse en menores precios, y se venderán medicamentos en 50 municipios en los que actualmente no hay farmacias.
¿Será efectiva esta medicina para curar los males actuales?
Haciendo un poco de historia, entre los años 30 y 70 aproximadamente, se dictaron varias leyes que regulaban el sistema farmacéutico. Se requería contar con una autorización del Servicio Nacional de Salud para colocar o trasladar una farmacia en vista de “una adecuada distribución de los establecimientos de Farmacias, a objeto de cautelar el interés de la comunidad, en el sentido de contar con una eficiente red de abastecimiento de productos farmacéuticos” (artículo 5°, D.S. 773 de 1970). Eran los principios de la denominada Ley del Circuito, donde se fijaban criterios poblacionales y de ubicación tendientes a asegurar un local cada 5.000 habitantes y que éstas no se ubicaran a menos de 400 metros de distancia, además de disponer un horario semanal y la exigencia de turnos en domingos y festivos.
Durante la dictadura, las farmacias pasaron a regirse por normativas del comercio en general, sentando las bases para que la venta de medicamentos, un tema de salud pública, fuera tratada como cualquier mercado. A partir de aquí la autoridad sanitaria sólo se limitó a garantizar la calidad y acceso de los medicamentos, aunque sin capacidad de ejercer ningún control más allá. Esto afectó por ejemplo el tema de su ubicación. Un estudio de la municipalidad de Maipú consigna la concentración espacial resultante; en comunas de gran poder adquisitivo como Vitacura existen 5,5 farmacias de las grandes cadenas por cada 10.000 habitantes, en cambio en La Pintana habría 0,1.
Otro elemento fundamental que se deriva de esta desregulación es que los medicamentos pasaron a ser una mercancía más, como una bolsa de papas fritas o un par de zapatos. Como señala un químico farmacéutico: “los pacientes comienzan a cambiar en su mayoría la visión del medicamento, de una herramienta para tratar problemas, afecciones y enfermedades, a un mero bien de consumo, restándole la importancia, consideración, y respeto que el medicamento merece”. 
El tratamiento de las farmacias como cualquier establecimiento comercial, puso a sus trabajadores bajo la misma lógica. El año pasado, durante la huelga de FASA, se hicieron públicas las condiciones laborales que aún persistían para muchos trabajadores. Específicamente, se pagaba un sueldo base promedio de $32.000 pesos que completaban con las comisiones, a pesar de la ley que iguala sueldo base con sueldo mínimo. “Desde siempre, desde que yo entre a trabajar hace 19 años, el grueso del sueldo ha sido la comisión. Aproximadamente un 80% de la remuneración. Entonces, el trabajador de farmacia vive en torno a la comisión; en la presión que implica la comisión” señala Juanita Figueroa tesorera del sindicato FASA. En ese momento causó revuelo, y aunque no era un tema desconocido el año 2009 por el mundo político ni las autoridades, nadie hizo nada por cambiarlo.
El argumento de las empresas es que se trata de una estrategia comercial que existe en todo el retail y pretende lograr una mayor venta en aquellos productos que dan mayor retorno a las farmacias. ¿Es aceptable que existan estos incentivos en materia farmacéutica? Esto podría encontrarse en la raíz del problema de que algunos productos sean negados en las farmacias, pero ¿Quién se hace responsable?
FASA el 2008 implementó un sistema que ya no llamó comisión, sino de “puntos”, que funcionaba asignando un puntaje a cada producto según un complejo sistema. Los trabajadores tienen sus reparos ya que, por un lado, es manejado por la gerencia con información a la que no acceden los trabajadores y, por otro, porque a veces se bonifica extremadamente algunos productos que sólo deben venderse con receta. “Ahora hemos notado que los antibióticos y los antidepresivos dan mucho puntaje, es decir, tiene mayor incentivo para la venta. Esta situación es perversa ya que nos dicen que no podemos vender antibióticos sin receta, en realidad no debemos, pero podemos” dice Juanita. “Lo que no te permiten vender tan libremente son los relajantes musculares y los antidepresivos. En estos casos se sabe que a pesar de que se vendan con receta, algunos los venden libremente porque ¿Qué le conviene a uno? Venderlo, esa es la presión que se nos da. Con el tema de la remuneración es obvio que a veces uno pierde la ética porque existe un incentivo perverso” complementa.
La supuesta intervención del auxiliar de farmacias se ha convertido en uno de los argumentos usado por las autoridades para promover la ley que incorporaría a los supermercados y almacenes en la venta de medicamentos. “La actual normativa prohíbe el acceso directo del público a los medicamentos, requiriéndose la intervención de dependientes, quienes pueden verse incentivados a influir en la decisión de compra a favor de los intereses de terceros” indica los fundamentos del proyecto de ley.
Antes que realizar cambios estructurales se utilizan medidas que, sólo bajo ciertos suposiciones teóricas, podrían traer mejoras: se busca “sumar a las 1.700 farmacias otros mil puntos de venta, para que haya más competencia, lo que normalmente se traduce en menor precio”. Varios ponen en duda esta aseveración, por ejemplo, sacando a relucir el caso Argentino, donde luego de 9 años se revirtió la medida dado el aumento de los casos de intoxicación y que los precios no se vieron disminuidos. La verdad es que los riesgos para la salud son muy altos.
“El tema de fondo es que tratan de lavar un modelo, pero por un tema populista, porque si fueran responsables se cambiaría el modelo y se controlarían más aspectos de las farmacias, habría más fiscalización, etc.” dice Mauricio de la Federación de Trabajadores de Farmacia.
Respecto a los trabajadores de farmacia, si bien se alega que inciden en la venta del cliente, nada se ha propuesto para cambiar y controlar sus condiciones: “¿Por qué no vamos por el tema de fondo? Llevemos a los trabajadores a un sueldo fijo total que se calcule con el promedio de remuneraciones variables de los 6 últimos meses” apunta Mauricio, y cuestiona “que no diga el gobierno y que no digan los parlamentarios hoy en día que la culpa es nuestra, la culpa es de ellos. Nosotros estamos muy dispuestos a conversar, pero ¿lo van a hacer ellos?”
Por mucha promesa de mercado que haya habido en el papel, este nunca se concretó en el sistema farmacéutico como los teóricos prometieron; la colusión y los acuerdos entre grandes cadenas farmacéuticas, laboratorios y centros médicos están a la orden del día. Ante esto, la solución de “abrir” más el mercado parece al menos cuestionable y deberíamos preguntarnos ¿quiénes son los que realmente se verán favorecidos por esta medida? Mauricio plantea “A grandes rasgos, dentro los que se benefician se encuentran los supermercados, los laboratorios, las cadenas y el gobierno, quienes no se benefician son los trabajadores y los consumidores.”