Publicada en The Clinic el 24 de octubre 2019 

Por Marco Kremerman, investigador Fundación SOL

Luego de 5 días de gigantescas movilizaciones a lo largo de todo Chile, paralización del país, Estado de Emergencia, toques de queda, fuerzas armadas invadiendo nuestra vida cotidiana, denuncias de violaciones, torturas y centenares de personas heridas, detenidas y más de 15 muertos “oficiales”, los cuales suman y siguen, el presidente Sebastián Piñera, el cual ha decido transformar su Gobierno en una tiranía, anunció un conjunto de medidas para descomprimir la situación social. 

Su frase central en el discurso que leyó anoche en cadena nacional fue: “Es verdad que los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y que los distintos Gobiernos no fueron o no fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud. Reconozco esta falta de visión y pido perdón a mis compatriotas”.

Sin embargo, las medidas anunciadas no tuvieron ninguna relación con su propio y particular diagnóstico. Problemas que se acumulan desde hace muchas décadas no se solucionan ni se comienzan a revertir con medidas superficiales y cosméticas. Piñera y su gobierno, decidió proteger a la Constitución, a las AFP y las Isapres, a la educación privatizada y mercantilizada y al negocio de la deuda educativa, al Modelo de Relaciones Laborales que intencionadamente le quita todo poder a los trabajadores y trabajadoras, a los recursos naturales privatizados (agua, minerales) y a un Sistema Tributario regresivo y pro-rico. En resumen, optó por mantener incólume los pilares creados en Dictadura y fortalecidos en los Gobiernos post-dictatoriales que sostienen la estructura económica, social y política, la cual ha sido profundamente cuestionada en estos días. El “Modelo” no se toca.

La industria protectora de la riqueza, comandada por los grupos económicos asociados en sus gremios empresariales y resguardada por sus mandos medios (clase política) y sus instrumentos de propaganda (medios de comunicación, centros de pensamiento y comunidad de “expertos” bien remunerados directa o indirectamente) como es de costumbre ya han levantado su diagnóstico común. Esto “no se veía venir”, no sabíamos que la Desigualdad generaba tanto malestar, esto se trata del malestar de las “clases medias”, son las consecuencias propias de la “modernización capitalista”. Nada más alejado de la realidad, pero entendible desde su acérrima defensa de clase. Son los tiempos en que la disonancia cognitiva y la humildad no alcanzan para derribar el status y las posiciones que han permitido sostener estos diagnósticos de “Bilz y Pap”.

Lo único cierto es que Chile ha generado mucha riqueza y su economía ha registrado altas tasas de crecimiento en estas últimas décadas. Sin embargo, mientras el 1% de las personas de mayores ingresos concentra el 33% de los ingresos que se generan en un año (datos del Banco Mundial) y las 1.800 personas más ricas, registran un ingreso mensual “por persona” en el hogar donde viven de casi $600 millones ($2.400 millones en un hogar promedio de cuatro integrantes), al mismo tiempo el 50% de los trabajadores gana menos de $400 mi líquidos, al 50% de los pensionados por vejez edad reciben una pensión menor a $150 mil y se registran casi 11,5 millones de endeudados (a pesar de que la fuerza de trabajo alcanza a 8,5 millones de personas) y 4,6 millones de deudores morosos que no pueden pagar las cuotas. Un patrón de crecimiento con “doping” que no era sustentable.

La elite estiró el elástico, porque hasta el momento le había resultado y querían ir por más (las reformas tributaria y de pensiones de Piñera). No había ninguna fuerza que contrarrestara el cumplimiento de su ley natural: acumular por acumular. Para qué hacer algo distinto si el pueblo estaba sobreviviendo y consumiendo en cuotas.

Sin embargo, Piñera sigue firme junto al capital y su modelo. En materia de pensiones, recurre al Estado para salvar al fracasado sistema de las AFP, aumentando la Pensión Básica Solidaria desde $110 mil a $132 mil, lo que representará menos del 40% del nuevo Ingreso Mínimo Garantizado, que subirá de $301.000 a $350.000 pero recurriendo al Estado nuevamente, quien subsidiará a las empresas. Así y todo, el Salario Mínimo quedará $85 mil por debajo de la línea de la pobreza para un hogar promedio ($435 mil), por tanto ni siquiera cumple el objetivo primario que hasta Adam Smith reconoce en su libro La Riqueza de las Naciones.

En relación al sistema Tributario, se crea un nuevo tramo en el Global Complementario de 40% para las rentas superiores a $8 millones mensuales, sin embargo no se avanza en la desintegración tributaria y se mantiene el privilegio para los dueños de grandes empresas ni se crea un impuesto al patrimonio a los más ricos.

Se congela el aumento de la tarifa en horario peak del metro y se anula el alza de 9,2% en las tarifas eléctricas, pero antes de esas alzas, el costo del transporte y los servicios básicos privatizados ya no eran sostenibles para la mayoría de los hogares chilenos.

En materia de salud, no se toca un ápice la estructura del sistema y en vez de avanzar en una agenda que considera que esta es un derecho humano fundamental que debe ser asegurado por el Estado con adecuados niveles de financiamiento de tal forma que las personas tengan una atención de calidad y en tiempos vitales, se insiste en seguros y subsidios desintegrados y que no rompen la mercantilización del sistema.

Tal como se ha manifestado en las movilizaciones, no se trata de 30 pesos sino de 30 años. O más bien 46 años. Y quizás en términos más estructurales, de toda una historia de explotación, injusticias y precariedad.

El Estado Neoliberal (financiado por los hogares chilenos), que asiste al capital vía subsidios, incentiva la privatización de la vida y deja morir los servicios públicos es el principal protagonista de los anuncios. El pueblo debe financiar la reconstrucción y la agenda de contención social.

Se trata, de una clara señal. Las autoridades miran el estallido social, pero por el momento, el modelo no se toca.