Fotografía Radio Universidad de Chile
El economista de la Fundación SOL se refirió a la idea legislativa impulsada por el Gobierno y consideró que no resuelve interrogantes tan fundamentales como para qué se recaudan impuestos y a quiénes se debe beneficiar con la regla impositiva.
Publicado por Radio Universidad de Chile
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Semana clave es la que enfrentará esta semana el Gobierno en torno a su proyecto de reforma tributaria, que ha generado controversia no solo en el Congreso, sino que también entre economistas que analizan la real finalidad de modificar nuevamente la norma.
Por qué y para qué se pagan impuestos en Chile son algunas interrogantes que no han sido abordadas por las autoridades del Ejecutivo, quienes por estos días tratan de cumplir la promesa de campaña que Sebastián Piñera hizo a los grandes gremios empresariales.
Según documentos del propio ministerio de Hacienda, el pago de impuestos es necesario para sostener los gastos públicos, una mejor distribución de la renta, una mayor eficiencia en la economía y hacer frente a las eventuales crisis que podría enfrentar el abierto patrimonio nacional.
En entrevista con Radio y Diario de la Universidad de Chile, sin embargo, el economista de Fundación Sol, Marco Kremerman, indicó que “son los grupos económicos, a través de sus representantes, quienes terminan definiendo qué impuestos tienen, cómo se recaudan y para qué se recaudan. Un país serio traza en el mediano plazo, ve todas sus prioridades y las va alcanzando, con un sistema tributario que apunta en esa línea. Esa es la discusión que está fuera en estos momentos, imponiéndose el cómo le hacemos la vida más fácil a los más ricos y utilizando a las pymes como escudo o excusa para no realizar los cambios”.
Según cálculos extraoficiales, el Estado dejaría de percibir alrededor de 800 millones de dólares anuales como consecuencia de la integración del sistema tributario, una formalidad técnica que para Marcos Kremerman incluye un tinte ideológico, referido a que los más ricos son los que al final celebran.
Según el economista de la Fundación Sol, a un país que tiene o intenta imponer un sistema tributario regresivo, en que pagan más los que ganan menos, no le importa la desigualdad económica.“Ellos (los más ricos) se ven beneficiados, son casi mil millones de dólares los que se dejará de recaudar. A partir de esto podemos sacar dos conclusiones: se puede disminuir aún más la menguada recaudación que hoy tiene Chile y se está avanzando hacia lo regresivo, que se realiza a través de una promesa de escatología; van a venir tiempos mejores en la medida que generemos beneficios para los más ricos, mayor crecimiento, más empleo, más inversión. Lamentablemente, eso no está comprobado, y el hecho que se integre un sistema tributario no genera mayor inversión, ni más empleo, por lo que aquí los únicos que celebran son los más ricos, los grandes grupos económicos”, argumentó.
En este sentido, el próximo presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Daniel Núñez (PC), se refirió a cómo una idea de Gobierno planteada en 2019 toma un principio de la dictadura militar: “Esa obsesión casi patológica de Piñera por favorecer a los más ricos me recuerda al dictador, cuando Pinochet nos decía en los ’80 que había que cuidarlos, porque ellos son los que producían la riqueza del país. Yo no comparto eso. El Estado debe proteger a todos los chilenos y chilenas por igual, especialmente a los que menos tienen, a los más abusados, quienes viven de su trabajo, y por eso es tan importante tener un sistema tributario equitativo”, dijo al diario La Tercera.
En tiempos de dictadura el sistema tributario se hizo integrado. Es decir, los impuestos que pagaban las empresas por utilidades que generaban servían como crédito a los accionistas de las mismas compañías, descontando así tributos.
Lo que se hizo en el pasado gobierno de Michelle Bachelet fue desintegrar en parte el mecanismo, determinando que solo el 65 por ciento y no el total sería utilizado como crédito.
Lo que intenta hacer la actual administración es volver a integrarlo completamente, bajo argumentos de incentivo a la inversión al ahorro y la generación de empleo, algo que no está asegurado, según expertos que han estudiado economías tan abiertas como la chilena.