Por Marco Kremerman/Investigador Fundación SOL
Mientras los estudiantes nuevamente se han comenzado a movilizar de manera masiva y han logrado colocar en el debate la crisis que amenaza a nuestro sistema educativo (desde la prebásica a la educación superior), la agenda del ejecutivo y el debate político parece no estar a la altura de estas demandas con carácter de urgente.
Si bien, se han aprobado algunos proyectos de ley y se espera el ingreso de otros que podrían cambiar en algunos aspectos el marco institucional del sistema educacional chileno, no existen señales claras de que se vaya a atacar uno de los principales y más perniciosos problemas: la segregación socioeducativa.
De acuerdo a un estudio basado en la información de la prueba internacional PISA, preparado por académicos de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, Chile es el país con mayor segregación a nivel escolar entre los 34 países integrantes de la OCDE. Un dato que sólo viene a confirmar lo que todos sabemos y lo que se vive día a día en las escuelas.
No se trata solamente de una consecuencia lógica de las vergonzosas desigualdades en los ingresos que son parte del ADN de la vía chilena al desarrollo (mientras el ingreso per cápita en los hogares pertenecientes al 5% más pobre de la población bordea los $15 mil, en los hogares del 5% más rico se acerca a $1,2 millones, o sea una diferencia de 80 veces), ni tampoco de las lamentables desigualdades socioespaciales que han provocado que ricos y pobres vivan a kilómetros de distancia. Más bien, tenemos un gran problema que se relaciona con las características particulares de nuestro sistema educativo: los establecimientos educacionales son 50% más segregados que los barrios donde residen los estudiantes.
En los años de la dictadura militar, se creó un laboratorio de políticas públicas y una de ellas correspondió a la política de financiamiento a la educación, que se configuró de acuerdo a un subsidio según alumnos que asisten a clases y cuyos receptores podían ser las escuelas municipales y las particulares subvencionadas (las cuales se les permitió lucrar y seleccionar a sus alumnos). La idea fuerza, tal como lo comentó un funcionario del Ministerio de Hacienda de la época, era que “deben existir los incentivos para que los beneficiarios se autoclasifiquen, en cuanto a su situación socioeconómica para evitar la entrega de subsidios en exceso, por los graves daños que ésta provoca a la economía y a la sociedad. Para ello debe aceptarse que existirán diferencias de calidad asociadas al esfuerzo que acepte efectuar cada familia.”
El resultado, es que sólo parte de la profecía se cumplió. Mientras la competencia que se instaló para capturar matrícula no mejoró la calidad de la educación, la segregación escolar según ingresos de los padres si se extendió y pasó a ser parte del corazón de la educación chilena.
Luego de ello, en tiempos de democracia, en vez de tratar de revertir este problema, se acentuó aún más, con la creación de la ley de Financiamiento Compartido, que permitió que escuelas que recibían subvención del Estado cobraran a los padres una mensualidad por la educación que recibían sus hijos. Sin ir más lejos, recientemente vino a Chile Benjamin Levin, investigador canadiense, y nos da un pequeño mensaje: “Es mucho más difícil lograr mejorías en un sistema que es altamente competitivo entre una escuela y otra, ya que se producen muchas malas dinámicas”.
Gracias a este nefasto cóctel de políticas públicas, la matrícula en la educación municipal (educación propiamente pública) ha caído bajo el 40% de la matrícula total y los potenciales planes para fortalecer la educación pública podrían quedar circunscritos a un diseño que sólo involucre a los alumnos más vulnerables, a los que no tiene dinero ni pueden endeudarse para pagar por su educación, a los que quedan fuera de las pruebas de selección que hacen los particulares subvencionados o los liceos municipales de excelencia. A todos estos niños y niñas, se les seguirá manteniendo aislados y segregados.
En el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, organizada por el Foro Nacional Educación de Calidad Para Todos, queremos hacer énfasis en que la segregación socioeducativa es un grave problema nacional, que afecta seriamente la calidad de la educación chilena, tanto en lo que refiere a los aprendizajes de los alumnos como en la construcción de una sociedad democrática. Si los niños de distintos niveles socioeconómicos no tienen posibilidad alguna de compartir en una sala de clases, no se vislumbran muchas posibilidades de avanzar hacia una educación más justa e igualitaria. Por ello, se requiere con urgencia un plan de fortalecimiento de la educación pública que transforme completamente el sistema de financiamiento a las escuelas y elimine la selección, los cobros de mensualidad y el lucro en todos aquellos establecimientos que reciban recursos del Estado.
Columna Publicada en página web de Radio Universidad de ChilePor Marco Kremerman/Investigador Fundación SOL
Mientras los estudiantes nuevamente se han comenzado a movilizar de manera masiva y han logrado colocar en el debate la crisis que amenaza a nuestro sistema educativo (desde la prebásica a la educación superior), la agenda del ejecutivo y el debate político parece no estar a la altura de estas demandas con carácter de urgente.
Si bien, se han aprobado algunos proyectos de ley y se espera el ingreso de otros que podrían cambiar en algunos aspectos el marco institucional del sistema educacional chileno, no existen señales claras de que se vaya a atacar uno de los principales y más perniciosos problemas: la segregación socioeducativa.
De acuerdo a un estudio basado en la información de la prueba internacional PISA, preparado por académicos de la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, Chile es el país con mayor segregación a nivel escolar entre los 34 países integrantes de la OCDE. Un dato que sólo viene a confirmar lo que todos sabemos y lo que se vive día a día en las escuelas.
No se trata solamente de una consecuencia lógica de las vergonzosas desigualdades en los ingresos que son parte del ADN de la vía chilena al desarrollo (mientras el ingreso per cápita en los hogares pertenecientes al 5% más pobre de la población bordea los $15 mil, en los hogares del 5% más rico se acerca a $1,2 millones, o sea una diferencia de 80 veces), ni tampoco de las lamentables desigualdades socioespaciales que han provocado que ricos y pobres vivan a kilómetros de distancia. Más bien, tenemos un gran problema que se relaciona con las características particulares de nuestro sistema educativo: los establecimientos educacionales son 50% más segregados que los barrios donde residen los estudiantes.
En los años de la dictadura militar, se creó un laboratorio de políticas públicas y una de ellas correspondió a la política de financiamiento a la educación, que se configuró de acuerdo a un subsidio según alumnos que asisten a clases y cuyos receptores podían ser las escuelas municipales y las particulares subvencionadas (las cuales se les permitió lucrar y seleccionar a sus alumnos). La idea fuerza, tal como lo comentó un funcionario del Ministerio de Hacienda de la época, era que “deben existir los incentivos para que los beneficiarios se autoclasifiquen, en cuanto a su situación socioeconómica para evitar la entrega de subsidios en exceso, por los graves daños que ésta provoca a la economía y a la sociedad. Para ello debe aceptarse que existirán diferencias de calidad asociadas al esfuerzo que acepte efectuar cada familia.”
El resultado, es que sólo parte de la profecía se cumplió. Mientras la competencia que se instaló para capturar matrícula no mejoró la calidad de la educación, la segregación escolar según ingresos de los padres si se extendió y pasó a ser parte del corazón de la educación chilena.
Luego de ello, en tiempos de democracia, en vez de tratar de revertir este problema, se acentuó aún más, con la creación de la ley de Financiamiento Compartido, que permitió que escuelas que recibían subvención del Estado cobraran a los padres una mensualidad por la educación que recibían sus hijos. Sin ir más lejos, recientemente vino a Chile Benjamin Levin, investigador canadiense, y nos da un pequeño mensaje: “Es mucho más difícil lograr mejorías en un sistema que es altamente competitivo entre una escuela y otra, ya que se producen muchas malas dinámicas”.
Gracias a este nefasto cóctel de políticas públicas, la matrícula en la educación municipal (educación propiamente pública) ha caído bajo el 40% de la matrícula total y los potenciales planes para fortalecer la educación pública podrían quedar circunscritos a un diseño que sólo involucre a los alumnos más vulnerables, a los que no tiene dinero ni pueden endeudarse para pagar por su educación, a los que quedan fuera de las pruebas de selección que hacen los particulares subvencionados o los liceos municipales de excelencia. A todos estos niños y niñas, se les seguirá manteniendo aislados y segregados.
En el marco de la Semana de Acción Mundial por la Educación, organizada por el Foro Nacional Educación de Calidad Para Todos, queremos hacer énfasis en que la segregación socioeducativa es un grave problema nacional, que afecta seriamente la calidad de la educación chilena, tanto en lo que refiere a los aprendizajes de los alumnos como en la construcción de una sociedad democrática. Si los niños de distintos niveles socioeconómicos no tienen posibilidad alguna de compartir en una sala de clases, no se vislumbran muchas posibilidades de avanzar hacia una educación más justa e igualitaria. Por ello, se requiere con urgencia un plan de fortalecimiento de la educación pública que transforme completamente el sistema de financiamiento a las escuelas y elimine la selección, los cobros de mensualidad y el lucro en todos aquellos establecimientos que reciban recursos del Estado.
Columna Publicada en página web de Radio Universidad de Chileen Actualidad
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