[caption id="attachment_10295" align="aligncenter" width="550"] Fotografía de Loestamosgrabando[/caption] El planteamiento aceptado por políticos de todos los sectores es que el país carece de suficientes recursos económicos para impulsar medidas de desarrollo mientras que la economía no crezca más rápido. Pero ¿es Chile un país tan pobre? Publicado en Diario U.Chile el 30 de junio de 2017 Desde 2013 el crecimiento económico del país se ha desacelerado. La menor expansión del Producto Interno Bruto ha sido la excusa perfecta del empresariado y la derecha para decir que Chile no tiene plata suficiente como para invertir en el desarrollo social. Ante propuestas como construir una red de trenes o edificar más hospitales, la respuesta inevitable de los sectores más pudientes y, muchas veces, del propio gobierno ha sido una sola: el país no tiene esa plata, no al menos mientras la economía no crezca a tasas mayores. Detrás de esta postura está lo que en los años ochenta se llamó la “teoría del chorreo”. Esta sostenía que los avances sociales sólo se daban en medida que una economía creciera lo suficiente como para que toda esa plata “chorreara” lentamente desde las cúpulas de la sociedad al resto de la población. Con ese diagnóstico instalado como verdad desde hace tres décadas, gran parte de las promesas electorales de este año coinciden en reactivar el crecimiento económico. Sólo aumentando el PIB, dice esta creencia, se llegará a mayores niveles de prosperidad para toda la población. Pero, ¿es cierto que Chile no tiene dinero? ¿Es cierto que si no se acelera el crecimiento económico no hay recursos para políticas sociales? Varios economistas plantean lo contrario. Incluso si uno toma una medida tradicional de la riqueza de un país, como lo es el PIB per cápita, Chile debería ser un país rico. Actualmente este supera los US$ 20.000. “Desde ese punto de vista somos uno de los países más ricos de América Latina”, afirma Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol. Países con ingresos similares cuentan con un sistema social más avanzado que Chile. Claro que la desigual distribución de estos ingresos hace que Chile todavía sea en muchos aspectos “tercermundista”. Actualmente, Chile es un país bastante rico si uno toma en cuenta los enormes recursos que están custodiados por las AFP, el fondo soberano depositado en bancos extranjeros y los recursos de la Ley Reservada del Cobre. Recursos que pertenecen a todos los chilenos pero que favorecen principalmente a algunos sectores, como a las grandes empresas en el caso de las platas de pensiones, o a las fuerzas armadas en el caso de los dineros estatales del cobre. Esos dineros servirían, por ejemplo, para invertir en obras sociales de largo plazo, como la reforma a la educación, o bien, un cambio en el sistema de jubilación. Todo se resume en una decisión política: ¿opta el país por invertir en este tipo de obras o se privilegian los números macroeconómicos de corto plazo?

¿Cuánto dinero tenemos?

No sólo los impuestos son el camino que tiene el Estado para financiar iniciativas. Existen otros mecanismos que han sido planteados desde distintos sectores a la hora de justificar la viabilidad de diversas propuestas. Así lo indica el economista Andrés Solimano. “Hay recursos, lo que pasa es que hay que hacer el ejercicio de ver dónde se necesitan los recursos y cuáles son las fuentes, porque Chile necesita meterle más dinero a la educación, a la salud, mejorar las pensiones y el transporte público. Más la demanda de volver a un Estado más empresario, que son los programas de nacionalización o expropiación. Hay que jerarquizar dónde irían esos recursos y cuál es la institucionalidad”, afirma. Solimano especifica algunas opciones como el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), el que está disponible para financiar eventuales déficit fiscales y amortizar la deuda pública. A fines de abril, en este ítem el país mantenía recaudados US$14.000 millones, o lo equivalente a la construcción de 28 hospitales como el nuevo Félix Bulnes. El economista también señala la polémica Ley Reservada del Cobre, que obliga a que un 10% de las ventas brutas de Codelco vayan a parar a las arcas de las Fuerzas Armadas para el financiamiento de estas. Este punto es fuertemente cuestionado desde que se destapó el ‘milicogate’, investigación que reveló el desvío de dineros de este fondo para algunos uniformados. Por la Ley Reservada del Cobre a noviembre de 2016 Codelco pagó a las Fuerzas Armadas cerca de US$1.574 millones. La oposición ha criticado en reiteradas ocasiones las reformas del presente gobierno, no tan sólo por su contenido, sino que también por el costo que han significado para el fisco. Pero tan sólo con los ítems mencionados nuestro país podría disponer ya de más de US$52.000 millones de dólares. Quizás para algunos análisis sería un exceso invertir esto en reformas como la educacional, cuyo impacto no se vería en el corto plazo. Pero existe un fondo mayor que supera a los anteriores en su conjunto. Actualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) acumulan cerca de US$180.000 millones de dólares. Sobre este punto Alexander Páez, manifestó que estos fondos se invierten en capitales extranjeros y nacionales, entre ellos los grandes grupos económicos. Además, Páez cita la propuesta de la coordinadora ‘No + AFP’, de utilizar estos dineros para invertir en iniciativas que tengan un impacto social.

¿Para qué alcanzarían estos recursos?

En 2016 el Ministro de Hacienda cifró la reforma educacional en un costo fiscal de  US$3.371 millones, equivalente a cerca de un 1,5% del PIB. En 2017, en tanto, Adriana Delpiano, jefa de la cartera de Educación señaló que condonar la deuda del Crédito con Aval del Estado costaría US$8.260 millones. Según los expertos contactados, los dineros que posee en el país alcanzarían para cubrir eso y mucho más, por lo que avanzar en cubrir las necesidades básicas de los chilenos sería solo una decisión política: ¿crecimiento para algunos o desarrollo para todos? Ahí está la pregunta.