Publicado en El País el 27 de julio de 2016

Como en 2011, cuando las protestas de los jóvenes lograron instalar la educación en la primera línea del debate nacional, los chilenos presionan ahora por lograr transformaciones de fondo ante un problema que ataca a la mayoría de las familias: el sistema de pensiones. Instaurado en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, es un mecanismo privado de ahorro forzoso que, a la luz de los montos que reciben los jubilados, no reconoce su esfuerzo laboral.

Las manifestaciones han convertido la reforma del modelo de pensiones chileno en un asunto obligado para quienes se postulen a La Moneda en las elecciones del año próximo. El pasado domingo, cerca de un millón de chilenos salieron a las calles de 40 ciudades del país en protestas masivas que no se observaban hace años. “La ciudadanía nos ha recordado una vez más que tenemos un desafío enorme: asegurar que las pensiones sean justas y reconozcan la dignidad y el esfuerzo laboral”, indicó la presidenta Michelle Bachelet, que en este su segundo mandato (2014-2018) creó una comisión asesora sobre el sistema de pensiones. Conocida como Comisión Bravo, entregó sus propuestas en diciembre pasado. Ahora están siendo analizadas por un comité de ministros, sin que hasta la fecha se conozcan avances concluyentes.

La indignación por las pensiones renació en Chile tras un escándalo político. A comienzos de julio se conoció que Myriam Olate, la exesposa del presidente socialista de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, se jubiló de Gendarmería con una pensión de 7.900 dólares mensuales en un país en el que el promedio nacional de las jubilaciones es de 270 dólares al mes, según los datos de 2013. Olate está siendo investigada por su presunta participación en un delito de fraude al fisco.

En Chile, la mitad de los trabajadores que cotizaron entre 25 y 33 años se jubilará con menos del 22% de su sueldo medio de la última década, según análisis de la Fundación Sol. La situación de Olate provocó una irritación colectiva. De acuerdo con los cálculos de Tele 13, para alcanzar una pensión de 7.900 dólares a los 58 años, como la esposa del presidente de los diputados, se necesita haber aportado al sistema unos 7.250 dólares mensuales.

En 1981, la dictadura de Pinochet sustituyó el sistema de reparto por un mecanismo de capitalización individual. La ley obliga a los trabajadores dependientes a ahorrar un 10% de su sueldo para la jubilación. El dinero es manejado por las adminisradoras de fondos de pensiones (AFP), que invierten los fondos en Bolsa y en otros instrumentos financieros.

Según la información de Fundación Sol —dedicada a temas de trabajo, sindicalismo y educación—, en el último cuarto de siglo las AFP pagaron en pensiones apenas un tercio de su millonaria recaudación. En 2015, las ganancias de las administradoras aumentaron un 68%.

“Es el único caso en que los dueños del dinero no tienen derecho a administrarlo”, apuntó recientemente el expresidente Ricardo Lagos (2000-2006), posible carta del centroizquierda para las presidenciales. “En el sistema capitalista, el que es dueño del dinero lo administra, pero en este caso no. Tiene que haber habido razones muy especiales para ello”. Para los coordinadores del movimiento NO Más AFP, el modelo vigente fracasó rotundamente. Manuel Riesco, economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, destacó que “ningún país del mundo tiene un sistema como el chileno”. “En cualquier sociedad, con cualquier sistema, los que trabajan tienen que sostener a los que no trabajan, como los niños, inválidos y los viejos. Una sociedad que no los sostiene bien es una sociedad canalla”, indicó en TVN.

Por su parte, para los defensores del actual modelo de AFP, volver al sistema de reparto que Chile tenía antes de 1981 sería “una pésima idea”. “Las pensiones serían en promedio más bajas”, escribió el economista Klaus Schmidt-Hebbel en El Mercurio.