Publicada en El Mostrador el 1 de mayo de 2018
Por Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL
La rápida preocupación por el desprestigio del empresariado y la forma en que las empresas se adaptan a este contexto da cuenta de una inquietud por mantener los niveles de legitimidad que hasta ahora habían caracterizado al empresariado como clase dominante. De esta forma, asoma en el horizonte la necesidad de imprimir un carácter ciudadano a las empresas, acercándose a las comunidades, acoplándose a esta ciudadanía más exigente. En palabras de Lorenzo Constans (ex presidente de la CPC) en ENADE 2012: “El capital social que representa la confianza es tan importante como cualquier capital físico” .
Desde el retorno a la democracia, se abre un ciclo de reformas que -vistas con la perspectiva de un cuarto de siglo-, han quedado entre medio de un neoliberalismo corregido y un progresismo limitado. Estas reformas que en algunos casos mejoran las condiciones de vida de cierto segmento de la población, en otros implican una pérdida de capital económico para el hogar. El acceso a un determinado “derecho” o “beneficio” ha estado mediado por el gran capital, que ha participado de la construcción de carreteras, hospitales, la educación de los jóvenes, el cuidado de los niños y para qué hablar, de la “seguridad social” o de suplir las insuficiencias de un sistema de salud abandonado.
Un ejemplo claro es el caso del CAE que, con la promesa de una mejora en las condiciones de vida mediante el acceso a la educación superior, permitió enormes ganancias para la banca y las instituciones de educación superior (incluso aquellas investigadas por lucro); generando también una captura del sistema de educación superior por parte de instituciones cuyo tamaño las hace demasiado grandes para caer. Este sistema de acceso a la educación superior, muestra como la acción conjunta del gran empresariado y el Estado, permite amarrar mecanismos de acumulación por desposesión, hipotecando el futuro de cientos de miles de jóvenes con una deuda ilegitima.
Desde el primer gobierno de Bachelet, y luego con el ciclo de movilizaciones del año 2011, se sacude el ritmo apaciguado con que venía ajustándose el capitalismo chileno. La velocidad que imprime el súper ciclo de los commodities a la rapacidad de la explotación impacta en una serie de territorios del país. La minería y las forestales dejan sin agua a ciudadanos del norte y sur del país. En el mundo del trabajo se van consolidando mecanismos que debilitan la organización de los trabajadores, el subcontrato, los contratos a honorario, las jornadas parciales. Se recrudece la polifuncionalidad. La incorporación de la mujer al mundo del trabajo se da con un aumento del trabajo doméstico no remunerado y una persistente brecha salarial. Los salarios se mantienen contenidos, creciendo siempre por debajo del ritmo del crecimiento económico. El endeudamiento comienza a alcanzar máximos históricos .
Quienes cargan con las consecuencias del crecimiento comenzarán a manifestar de manera más recurrente su descontento. La respuesta de los territorios se vio con fuerza el 2011 en Aysén. Los estudiantes de la educación superior capturaban el descontento de una población que pese a estar cada vez más politizada, llevaba años perdiendo su adhesión a los partidos políticos. Los partidos a su vez, iniciaban su desgrane interno ante la crisis desatada por los casos de financiamiento irregular. Diversas organizaciones sindicales iban creciendo en los terrenos más adversos.
Las aguas revueltas despertaron rápidamente la suspicacia del empresariado, que comenzó a interpretar estos sucesos y a re-pensar su propio rol en el juego democrático. La búsqueda de una explicación se ha mantenido en el marco de la tesis de Tironi sobre el 15M . Las movilizaciones son consecuencia de una clase media más empoderada, que exige soluciones a la altura de un país que se encuentra a las puertas del desarrollo, atendiendo al indicador del PIB per cápita y cuando mucho, a los otros 3 indicadores insignia del milagro chileno: la reducción de la pobreza, la contención de la inflación y el aumento de la matrícula en las instituciones de Educación Superior. La nueva cara del país requeriría entonces de algunos ajustes para satisfacer las expectativas de una amplia clase media que habría surgido del milagro chileno.
La rápida preocupación por el desprestigio del empresariado y la forma en que las empresas se adaptan a este contexto da cuenta de una inquietud por mantener los niveles de legitimidad que hasta ahora habían caracterizado al empresariado como clase dominante. De esta forma, asoma en el horizonte la necesidad de imprimir un carácter ciudadano a las empresas, acercándose a las comunidades, acoplándose a esta ciudadanía más exigente. En palabras de Lorenzo Constans (ex presidente de la CPC) en ENADE 2012: “El capital social que representa la confianza es tan importante como cualquier capital físico” .
Paulatinamente, en un juego de tirar y aflojar, incluso los más recalcitrantes defensores del éxito “del modelo” recurren a una retórica reformista, o al menos han debido reconocer, como en el caso de la crisis de las pensiones, que existe un problema. Rápidamente los sectores más lúcidos se han abierto a barajar alternativas, y cómo no, si se pone sobre la mesa un “sistema mixto” que mantendría las cotizaciones en cuentas de capitalización individual, dejando un pequeño apéndice público no contributivo, que paradójicamente aparece como única alternativa para mejorar, aunque sea mínimamente el paupérrimo nivel actual de las pensiones .
Las nociones de ciudadanía y unidad nacional, juegan aquí un rol fundamental, dibujando los contornos de las formas legitimas de participación y movilización. Estos contornos, implícitos en una cierta noción de este ciudadano del 15M, legitiman a su vez el uso de la fuerza represiva para controlar toda expresión de participación que escape de dichos márgenes. Desde esta perspectiva, el esfuerzo del empresariado y el sistema político por fortalecer las relaciones entre la ciudadanía, la empresa y los partidos, delimita “nuevas posibilidades” manteniendo en lo sustantivo el carácter anti-popular del Estado .
Lo cierto es que el capital ha ido dejado sus oficinas para instalarse en el centro del debate, para ocupar cargos ministeriales, para dirigir el curso de las reformas. Probablemente, en esto ha jugado un rol significativo la parcial desarticulación de los mecanismos de financiamiento ilegal de la política y la misma crisis de los partidos que amarraron la fase inicial de ajustes; así como el fortalecimiento de la respuesta de la ciudadanía organizada.
En el juego de las reformas el gobierno actual no se pierde, rayando de inmediato la cancha en relación a su propia agenda de transformaciones y restauraciones. El escenario plantea un desafío enorme para las organizaciones sociales y de trabajadores en todo el país. El día internacional del trabajo, en que conmemoramos la lucha de trabajadoras y trabajadores por mejorar sus condiciones de vida, recordemos la importancia de la organización y la solidaridad para responder a las reformas del capital y conquistar el buen vivir.