Valentina Doniez y Marco Kremerman
El próximo 29 de diciembre se cumple un año desde que el gobierno enviara al Congreso el proyecto de Reforma Laboral. En esta columna, los investigadores de la Fundación Sol plantean que si la propuesta original ya era tímida y contradictoria, su tramitación la ha transformado en un proyecto que no se condice con una coalición de gobierno que se declara de centro izquierda y que mantiene los pilares del Plan Laboral de la dictadura.
Luego de varias semanas de letargo, durante los últimos días, la Reforma Laboral ha vuelto a ser noticia, debido a que el Ejecutivo ingresó un segundo paquete de indicaciones en la Comisión de Trabajo del Senado. En total, ya suman más de 1.300 indicaciones las que se han presentado por parte de diversas autoridades, lo que evidencia que estamos frente a un tema que afecta grandes intereses. Además, el 29 de diciembre este proyecto de ley cumplirá un año de tramitación, el doble de la promesa inicial.
El estado actual de la Reforma también tiene que ver con los problemas de origen del proyecto: la timidez de las modificaciones propuestas y, en gran medida, la cantidad de contradicciones que contiene. De los grandilocuentes titulares del gobierno pasamos a un proyecto que cumplía promesas a medias, como el fin al reemplazo en huelga o el piso mínimo. Contenía un retroceso importante para los derechos de los trabajadores: los pactos de condiciones especiales de empleo. Y cargaba con una omisión imperdonable: la negociación colectiva ramal.
Lo que queda a la luz, es que la Nueva Mayoría no cuenta con un proyecto laboral coherente que sea defendido entre sus filas. Como ejemplo, se puede destacar lo que ha ocurrido en la discusión de dos de sus principales titulares: derecho a huelga efectiva y ampliación de la negociación colectiva.
Uno de los puntos fundamentales para garantizar el derecho a huelga, tenía que ver con la eliminación del reemplazo de huelguistas. Si bien, esto se consideró en el proyecto inicial, junto con ello se incorporó una figura inédita en el derecho internacional: los servicios mínimos “universales”. Luego, con las indicaciones ingresadas recientemente por el ejecutivo, se han abierto múltiples espacios que dan nuevas prerrogativas a los empleadores, las cuales podrán tener el mismo efecto que permitir el reemplazo interno. Entre las principales medidas se destacan: posibilidad de usar bancos de horas extra, adecuar los turnos y horarios de los trabajadores que no están en huelga, contratar personal antes de una negociación o incluso volver a subcontratar un servicio cuando los trabajadores de una empresa contratista se van a huelga. De esta forma, la promesa del fin del reemplazo en huelga se ve aplacada y domesticada.
Respecto a la ampliación de la negociación colectiva, el proyecto de ley partió con propuestas tímidas y de bajo impacto, como revisar artículos que limitan a algunos trabajadores negociar. Además, se ampliaron los temas a negociar con el sindicato, pero sólo en materia de jornada laboral y vacaciones, un viejo anhelo empresarial. Por otro lado, se garantizó el derecho a negociación de los sindicatos interempresa (pero solo a nivel de empresas), y hoy algunos senadores de la Democracia Cristiana han salido públicamente a criticar la medida.
A estas alturas del debate, quedan pocas dudas de que el proyecto de reforma laboral, ya de por si tímido y contradictoriodesde el inicio, tuvo un giro conservador en el Senado, en donde a la oposición de derecha se le sumaron legisladores de la propia Nueva Mayoría.
La comparación de las modificaciones evidencia los retrocesos y contradicciones en materia de huelga, titularidad sindical y negociación colectiva (ver tabla comparativa).
Lejos de los objetivos iniciales, que tenían que ver con “nivelar la cancha” y restituir derechos a los trabajadores, hoy se hace más nítido que la Nueva Mayoría no cuenta con la fuerzay la voluntad política para impulsar un proyecto coherente para una institucionalidad laboral que defienda a los trabajadores y que desmonte parcial o totalmente el Plan Laboral de 1979, que hasta el día de hoy es la cancha inclinada en donde más que negociación se ha terminado consolidando un monólogo empresarial.
En síntesis, con el actual proyecto de ley ha ganado la derecha empresarial. Por una parte han logrado presentar una visión negativa sobre la acción sindical (monopólica les gusta decir) que descansa en una desconfianza hacia la directiva del sindicato y que promueve una limitación de la autonomía sindical. Acá no hay espacio para comprender lo que significan los derechos colectivos y su relación con los derechos individuales. Luego, han obtenido su gran premio que son los pactos para flexibilizar las jornadas según su interés. Por último, han logrado posicionar, por la vía de la “defensa de las pymes”, la segmentación de los trabajadores, de tal forma que aquellos que laboren en empresas de menor tamaño, tengan derechos de segunda categoría, propuesta que ha contado con el apoyo de legisladores de la DC, PPD e incluso algunos del PS.
Es llamativo que una coalición que se declara de centro izquierda, incluso si descartáramos la posibilidad de obtener hoy un proyecto que eliminara de manera radical la herencia dictatorial en las relaciones laborales, no haya sido capaz de eliminar de manera clara ni siquiera uno de los 4 pilares del Plan Laboral (los cuales son, a saber: huelga que no paraliza, negociación encerrada en la empresa, paralelismo organizacional y despolitización sindical).
El resultado es la validación de un Plan Laboral 2.0 por vías democráticas que establece mayores limitaciones a la acción sindical y discrimina a los trabajadores de las empresas de menor tamaño.
Quizás lo más relevante del proceso está fuera del Congreso y de sus contradicciones aparentes: es la capacidad de reflexión y articulación autónoma que crecenen una parte del sindicalismo y que ojalá logre permear mucho más allá de donde el poder político ha querido recluir a los trabajadores.