Nota publicada en El Mostrador el 28 de mayo de 2018
El Crédito Aval del Estado (CAE) ha estado en el ojo del huracán. A pesar de que su eliminación es prácticamente un hecho, el reemplazo de este crédito por uno nuevo, que no tenga participación de la banca, no soluciona el principal problema que deja el mismo: el endeudamiento de más de 870 mil chilenos que accedieron al CAE.
Según la edición 2018 del estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE”, de Fundación Sol, además del endeudamiento que supone un promedio de 9 millones por estudiante, un problema que se ha agudizado en los últimos años es la morosidad de los deudores.
Hasta diciembre de 2017, se registraron 376.811 personas pagando el Crédito con Aval del Estado, incluidos desertores y egresados. De estos, 225.128 deudores se encuentran al día, mientras que 151.683 se hallan en mora, lo que alcanza al 40,3% de los deudores.
Entre los desertores –personas que no terminaron su carrera– la morosidad ha llegado a la preocupante cifra de 73,6%. En el caso de los egresados, llega a un 30,3% de morosidad, equivalente a 63.685 personas.
Esta morosidad se concentra entre los estudiantes más vulnerables. Los mayores niveles se registran entre los egresados y desertores de la educación técnico profesional ( 64,4%) y de universidades privadas. De los estudiantes de los CFT, un 48,1% se encuentra moroso; de los IP, un 46,4%; y en las universidades privadas, 33,1% no ha pagado sus cuotas del CAE.
Los ex estudiantes del Grupo Santo Tomás son los que presentan los niveles más altos con un 43,5 % de morosidad, seguido por el Grupo Laureate con un 42,2%.
El estudio también incluye una comparación por espacio territorial. “Al analizar los datos por región, se puede observar que los territorios donde se registran mayores niveles de morosidad son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Atacama”.
La banca habría recibido más de $2,2 billones por la “recompra de deudores”, solo hasta el año 2016. En el informe de este año se establece que el Estado ha pagado $3,1 billones –miles de millones– a los bancos, recomprando las deudas de los estudiantes. El “atractivo” acuerdo original, incluido en la Ley 20.027 del año 2005, señala que el Estado comprará un 25% de los créditos anuales entregados por cada entidad bancaria, con un recargo de un 6% por crédito. Esto significa que, además del monto, con el interés del CAE, el fisco paga un 6% más.
En cuanto a las diferencias en las comunas del Gran Santiago, el estudio detalla que “se puede observar cierta correlación entre morosidad e ingresos y pobreza”. La comuna de Las Condes, que cuenta con un ingreso autónomo en el hogar de $ 3.308.101, tiene los menores índices de morosidad. Del total de deudores en etapa de pago, un 26,7% se encuentra moroso, cifra que se dispara a un 68,8% entre los desertores.
Por otra parte, en Lo Espejo se observan las cifras más alarmantes de morosidad, alcanzando un 44,9% de “no pago” en general, cifra que aumenta a un 78,2% entre los desertores.
Más allá de los números, la morosidad del Crédito con Aval del Estado, significa la pérdida de una serie de beneficios para los estudiantes, adquiridos a partir del año 2011, como por ejemplo la rebaja del interés de un 5,8% a un 2%, establecida durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
Asimismo, el hecho de que el CAE sea visto como un crédito de consumo por parte del sistema financiero, abre la posibilidad de que familias completas pierdan sus casas o bienes inmuebles, a raíz de la deuda de uno de sus hijos. Situación alarmante que ha sido denunciada por la organización Deuda Educativa.
Según plantea el estudio de los investigadores Marco Kremerman y Alexander Páez, el sistema de financiamiento que sostiene al CAE trae consigo una generación completa de deudores y familias que no pueden salir del círculo de la pobreza, y hasta podrían ver profundiza su crisis económica en el hogar, a raíz del sueño de querer estudiar una carrera profesional.
El CAE se ha convertido en una mochila que se debe cargar por 20 años, un crédito que hasta les impide a los estudiantes el acceso a créditos hipotecarios. A juicio de Kremerman, el CAE “hipotecó el futuro de los estudiantes”, “expropió sus ingresos futuros” y se convirtió en una política pública “que era un sueño y terminó siendo una pesadilla”.
Añade que el nivel de morosidad y deuda que ha provocado dicho crédito deja en evidencia el hecho de que esta política pública “más que una inversión es un gasto”. Recalca que si “un 40% de las personas que están pagando el CAE son morosas” y si esto se profundiza en los estudiantes de los IP y CFT, ello da cuenta de que esta es una política fracasada y sin fundamentos.
Para Páez, el CAE significa una política de Estado para el permanente endeudamiento de los estudiantes. “Es poco más de una década endeudando a partir de la promesa de ascenso social. Ya ha pasado el tiempo suficiente de comprobar si tal promesa se cumplió. Al parecer, tanto el movimiento de endeudados como la investigación que se lleva a cabo en el Parlamento, permiten adelantar que tal promesa no solo no fue cumplida, sino que fue algo más cercano a una estafa con altos costos económicos y emocionales para las familias”, apunta el sociólogo.
A dónde va la plata
Uno de los principales cuestionamientos al CAE es respecto de dónde se han concentrado los miles de millones de pesos que han sido entregados por el Estado y la Banca. De acuerdo al estudio de Fundación Sol, son las universidades privadas y la banca las que más se han visto beneficiadas con la creación de este crédito.
“Los verdaderos ganadores son la banca privada, las instituciones de educación superior y los gremios empresariales nacionales e internacionales que vieron aumentadas sus ganancias vía inmobiliarias, empresas externas de servicios de aseo, guardia, construcción y las empresas de publicidad que ayudaron a reclutar alumnos. También todo el empresariado nacional que se le abaratará el valor hora de trabajo profesional gracias a la expansión cuantitativa de los mismos de baja calidad”, recalca Páez.
Se trata de recursos cuantiosos, que han llegado a ocupar un 40% de la partida presupuestaria para Educación, en los años en donde aún no se implementaba la gratuidad. En el presupuesto vigente de 2017, los montos asignados para el CAE corresponden a $518.756 millones para adquisición de “Activos Financieros” y $30.874 millones para costear los nuevos subsidios a la banca. Sumados, representan un 26,5 % del presupuesto total para la partida de educación superior.
La ganancia para las universidades provendría del éxito de la política de expansión de matrícula que fue impulsada por el ministro Sergio Bitar, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos. Desde el año 2005 hasta el 2017 se duplicó la cantidad de estudiantes en el sistema, llegando a 1.247.746 matriculados para el año pasado. Pero este aumento explosivo de la matrícula se concentró en solo 20 instituciones de educación superior, todas ellas privadas.
Estas 20 universidades pertenecen a los grupos educacionales Laureate International, Santo Tomás, Inacap y Pontificia Universidad Católica. Grupos que durante el 2016 registraron utilidades por más de $100 mil millones, más del 70% de las ganancias registradas en el sistema de educación superior para ese año. “Adicionalmente, en este listado, se encuentran aquellas universidades investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central, del Desarrollo, entre otras”, detalla el estudio.
Son estas universidades las que concentran el 67,4 % de los alumnos que acceden al CAE, y también el 67,8 % de los $3,2 billones entregados por el crédito desde el año 2006. El Grupo Laureate International ha recibido $836 mil millones a través del señalado crédito, el Grupo Santo Tomás alcanza $589 mil millones, la Pontificia Universidad Católica ha recibido $561 mil millones y el Grupo Inacap llega a los $430 mil millones.
Un punto que llama la atención es la cantidad de recursos que han recibido las universidades que han sido investigadas por lucro, este grupo de instituciones concentra el 12,7% del total de los recursos, más de $768 mil millones.
En paralelo, la educación estatal no se ha visto fortalecida. Su matrícula ha aumentado en solo 23 mil estudiantes –la matrícula promedio de la UC– y concentra a solo el 15,6% de los estudiantes , “convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior”, según los investigadores.
Los réditos para la banca
En el año 2016, el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE” reveló la danza de billones que han ido a parar directo desde fisco –el Estado– a los bancos que son dueños de las carteras de deudores CAE.
La banca habría recibido más de $2,2 billones por la “recompra de deudores”, solo hasta el año 2016. En el informe de este año se establece que el Estado ha pagado $3,1 billones –miles de millones– a los bancos, recomprando las deudas de los estudiantes.
El “atractivo” acuerdo original, incluido en la Ley 20.027 del año 2005, señala que el Estado comprará un 25% de los créditos anuales entregados por cada entidad bancaria, con un recargo de un 6% por crédito. Esto significa que, además del monto, con el interés del CAE, el fisco paga un 6% más.
A pesar de que esta cláusula por sí sola parece atractiva, el Estado ha sido aún más generoso con los bancos. Entre 2006 y 2017, el fisco ha recomprado el doble de lo pactado, un 52,2% de los créditos, y con un sobreprecio de 26,1%. Esto significa “4,3 veces más que lo que se requería originalmente”, unos $640 mil millones, especifica el estudio.
En conclusión, el fisco ha recomprado $3,1 billones en créditos a los bancos, del total de $4,7 billones que han sido prestados. La pregunta, según Kremerman, es: ¿por qué en el año 2005 se planteó que el Estado no tenía dinero para financiar por sí mismo el CAE y terminó acudiendo a la banca?
A juicio del investigador, existen responsabilidades políticas del Gobierno de Ricardo Lagos al respecto. Preguntas y respuestas que deberían ser respondidas en la Comisión Investigadora del CAE que empezará a sesionar esta semana en la Cámara de Diputados. “Alguien tiene que responder (...) es importante que la comisión investigadora llegue hasta el fondo de su investigación”, apunta.
Además, el referido estudio de Fundación Sol señala que, entre 2006 y 2017, solo tres bancos han concentrado el 90% de los créditos asignados: Scotiabank, que ha asignado créditos por $1.348 millones; Banco Estado, que ha destinado $1.232 millones al CAE; y, finalmente, Itaú-CorpBanca, que ha entregado $1.622 millones al crédito para estudiantes.
En relación con la recompra, la delantera la llevan Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank, los que concentran un 50% de los créditos comprados por el fisco. En cuanto al recargo, destaca el BCI, el cual recibió “un considerable sobreprecio de 55,6 % por los créditos, de parte del fisco”, recalca el análisis. “El CAE explica casi el 90 % de la deuda total entregada por la Banca. En pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse son parte de la misma ecuación”, agregan los investigadores.
El sociólogo Alexander Páez sostiene que frente a este negro panorama urge un “mea culpa” por parte de los creadores y quienes mantuvieron vivo el CAE. El investigador asegura que se impulsó y diseñó “una política pública regresiva y expropiadora a favor de la banca y la instituciones privadas de educación superior. Esto en base a un objetivo político básico que debe ser el garantizar el acceso a una educación pública de calidad como derecho social”.
Agrega que el camino a seguir es la generación de “un plan de condonación retroactivo” para quienes hoy “se encuentran morosos o pagando el CAE”. Condonación que ya ha sido descartada por el Gobierno de Sebastián Piñera. El mismo ministro de Educación, Gerardo Varela, afirmó que era una medida compleja, aunque destacó que pronto se ingresará el proyecto del nuevo crédito, una medida que deja sin solución a casi 900 mil chilenos.
Nota publicada en El Mostrador el 28 de mayo de 2018
El Crédito Aval del Estado (CAE) ha estado en el ojo del huracán. A pesar de que su eliminación es prácticamente un hecho, el reemplazo de este crédito por uno nuevo, que no tenga participación de la banca, no soluciona el principal problema que deja el mismo: el endeudamiento de más de 870 mil chilenos que accedieron al CAE.
Según la edición 2018 del estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE”, de Fundación Sol, además del endeudamiento que supone un promedio de 9 millones por estudiante, un problema que se ha agudizado en los últimos años es la morosidad de los deudores.
Hasta diciembre de 2017, se registraron 376.811 personas pagando el Crédito con Aval del Estado, incluidos desertores y egresados. De estos, 225.128 deudores se encuentran al día, mientras que 151.683 se hallan en mora, lo que alcanza al 40,3% de los deudores.
Entre los desertores –personas que no terminaron su carrera– la morosidad ha llegado a la preocupante cifra de 73,6%. En el caso de los egresados, llega a un 30,3% de morosidad, equivalente a 63.685 personas.
Esta morosidad se concentra entre los estudiantes más vulnerables. Los mayores niveles se registran entre los egresados y desertores de la educación técnico profesional ( 64,4%) y de universidades privadas. De los estudiantes de los CFT, un 48,1% se encuentra moroso; de los IP, un 46,4%; y en las universidades privadas, 33,1% no ha pagado sus cuotas del CAE.
Los ex estudiantes del Grupo Santo Tomás son los que presentan los niveles más altos con un 43,5 % de morosidad, seguido por el Grupo Laureate con un 42,2%.
El estudio también incluye una comparación por espacio territorial. “Al analizar los datos por región, se puede observar que los territorios donde se registran mayores niveles de morosidad son: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo y Atacama”.
La banca habría recibido más de $2,2 billones por la “recompra de deudores”, solo hasta el año 2016. En el informe de este año se establece que el Estado ha pagado $3,1 billones –miles de millones– a los bancos, recomprando las deudas de los estudiantes. El “atractivo” acuerdo original, incluido en la Ley 20.027 del año 2005, señala que el Estado comprará un 25% de los créditos anuales entregados por cada entidad bancaria, con un recargo de un 6% por crédito. Esto significa que, además del monto, con el interés del CAE, el fisco paga un 6% más.
En cuanto a las diferencias en las comunas del Gran Santiago, el estudio detalla que “se puede observar cierta correlación entre morosidad e ingresos y pobreza”. La comuna de Las Condes, que cuenta con un ingreso autónomo en el hogar de $ 3.308.101, tiene los menores índices de morosidad. Del total de deudores en etapa de pago, un 26,7% se encuentra moroso, cifra que se dispara a un 68,8% entre los desertores.
Por otra parte, en Lo Espejo se observan las cifras más alarmantes de morosidad, alcanzando un 44,9% de “no pago” en general, cifra que aumenta a un 78,2% entre los desertores.
Más allá de los números, la morosidad del Crédito con Aval del Estado, significa la pérdida de una serie de beneficios para los estudiantes, adquiridos a partir del año 2011, como por ejemplo la rebaja del interés de un 5,8% a un 2%, establecida durante el primer Gobierno de Sebastián Piñera.
Asimismo, el hecho de que el CAE sea visto como un crédito de consumo por parte del sistema financiero, abre la posibilidad de que familias completas pierdan sus casas o bienes inmuebles, a raíz de la deuda de uno de sus hijos. Situación alarmante que ha sido denunciada por la organización Deuda Educativa.
Según plantea el estudio de los investigadores Marco Kremerman y Alexander Páez, el sistema de financiamiento que sostiene al CAE trae consigo una generación completa de deudores y familias que no pueden salir del círculo de la pobreza, y hasta podrían ver profundiza su crisis económica en el hogar, a raíz del sueño de querer estudiar una carrera profesional.
El CAE se ha convertido en una mochila que se debe cargar por 20 años, un crédito que hasta les impide a los estudiantes el acceso a créditos hipotecarios. A juicio de Kremerman, el CAE “hipotecó el futuro de los estudiantes”, “expropió sus ingresos futuros” y se convirtió en una política pública “que era un sueño y terminó siendo una pesadilla”.
Añade que el nivel de morosidad y deuda que ha provocado dicho crédito deja en evidencia el hecho de que esta política pública “más que una inversión es un gasto”. Recalca que si “un 40% de las personas que están pagando el CAE son morosas” y si esto se profundiza en los estudiantes de los IP y CFT, ello da cuenta de que esta es una política fracasada y sin fundamentos.
Para Páez, el CAE significa una política de Estado para el permanente endeudamiento de los estudiantes. “Es poco más de una década endeudando a partir de la promesa de ascenso social. Ya ha pasado el tiempo suficiente de comprobar si tal promesa se cumplió. Al parecer, tanto el movimiento de endeudados como la investigación que se lleva a cabo en el Parlamento, permiten adelantar que tal promesa no solo no fue cumplida, sino que fue algo más cercano a una estafa con altos costos económicos y emocionales para las familias”, apunta el sociólogo.
A dónde va la plata
Uno de los principales cuestionamientos al CAE es respecto de dónde se han concentrado los miles de millones de pesos que han sido entregados por el Estado y la Banca. De acuerdo al estudio de Fundación Sol, son las universidades privadas y la banca las que más se han visto beneficiadas con la creación de este crédito.
“Los verdaderos ganadores son la banca privada, las instituciones de educación superior y los gremios empresariales nacionales e internacionales que vieron aumentadas sus ganancias vía inmobiliarias, empresas externas de servicios de aseo, guardia, construcción y las empresas de publicidad que ayudaron a reclutar alumnos. También todo el empresariado nacional que se le abaratará el valor hora de trabajo profesional gracias a la expansión cuantitativa de los mismos de baja calidad”, recalca Páez.
Se trata de recursos cuantiosos, que han llegado a ocupar un 40% de la partida presupuestaria para Educación, en los años en donde aún no se implementaba la gratuidad. En el presupuesto vigente de 2017, los montos asignados para el CAE corresponden a $518.756 millones para adquisición de “Activos Financieros” y $30.874 millones para costear los nuevos subsidios a la banca. Sumados, representan un 26,5 % del presupuesto total para la partida de educación superior.
La ganancia para las universidades provendría del éxito de la política de expansión de matrícula que fue impulsada por el ministro Sergio Bitar, bajo el Gobierno de Ricardo Lagos. Desde el año 2005 hasta el 2017 se duplicó la cantidad de estudiantes en el sistema, llegando a 1.247.746 matriculados para el año pasado. Pero este aumento explosivo de la matrícula se concentró en solo 20 instituciones de educación superior, todas ellas privadas.
Estas 20 universidades pertenecen a los grupos educacionales Laureate International, Santo Tomás, Inacap y Pontificia Universidad Católica. Grupos que durante el 2016 registraron utilidades por más de $100 mil millones, más del 70% de las ganancias registradas en el sistema de educación superior para ese año. “Adicionalmente, en este listado, se encuentran aquellas universidades investigadas por lucro, tales como la Universidad San Sebastián, Autónoma, Central, del Desarrollo, entre otras”, detalla el estudio.
Son estas universidades las que concentran el 67,4 % de los alumnos que acceden al CAE, y también el 67,8 % de los $3,2 billones entregados por el crédito desde el año 2006. El Grupo Laureate International ha recibido $836 mil millones a través del señalado crédito, el Grupo Santo Tomás alcanza $589 mil millones, la Pontificia Universidad Católica ha recibido $561 mil millones y el Grupo Inacap llega a los $430 mil millones.
Un punto que llama la atención es la cantidad de recursos que han recibido las universidades que han sido investigadas por lucro, este grupo de instituciones concentra el 12,7% del total de los recursos, más de $768 mil millones.
En paralelo, la educación estatal no se ha visto fortalecida. Su matrícula ha aumentado en solo 23 mil estudiantes –la matrícula promedio de la UC– y concentra a solo el 15,6% de los estudiantes , “convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior”, según los investigadores.
Los réditos para la banca
En el año 2016, el estudio “Endeudar para gobernar y mercantilizar: el caso del CAE” reveló la danza de billones que han ido a parar directo desde fisco –el Estado– a los bancos que son dueños de las carteras de deudores CAE.
La banca habría recibido más de $2,2 billones por la “recompra de deudores”, solo hasta el año 2016. En el informe de este año se establece que el Estado ha pagado $3,1 billones –miles de millones– a los bancos, recomprando las deudas de los estudiantes.
El “atractivo” acuerdo original, incluido en la Ley 20.027 del año 2005, señala que el Estado comprará un 25% de los créditos anuales entregados por cada entidad bancaria, con un recargo de un 6% por crédito. Esto significa que, además del monto, con el interés del CAE, el fisco paga un 6% más.
A pesar de que esta cláusula por sí sola parece atractiva, el Estado ha sido aún más generoso con los bancos. Entre 2006 y 2017, el fisco ha recomprado el doble de lo pactado, un 52,2% de los créditos, y con un sobreprecio de 26,1%. Esto significa “4,3 veces más que lo que se requería originalmente”, unos $640 mil millones, especifica el estudio.
En conclusión, el fisco ha recomprado $3,1 billones en créditos a los bancos, del total de $4,7 billones que han sido prestados. La pregunta, según Kremerman, es: ¿por qué en el año 2005 se planteó que el Estado no tenía dinero para financiar por sí mismo el CAE y terminó acudiendo a la banca?
A juicio del investigador, existen responsabilidades políticas del Gobierno de Ricardo Lagos al respecto. Preguntas y respuestas que deberían ser respondidas en la Comisión Investigadora del CAE que empezará a sesionar esta semana en la Cámara de Diputados. “Alguien tiene que responder (...) es importante que la comisión investigadora llegue hasta el fondo de su investigación”, apunta.
Además, el referido estudio de Fundación Sol señala que, entre 2006 y 2017, solo tres bancos han concentrado el 90% de los créditos asignados: Scotiabank, que ha asignado créditos por $1.348 millones; Banco Estado, que ha destinado $1.232 millones al CAE; y, finalmente, Itaú-CorpBanca, que ha entregado $1.622 millones al crédito para estudiantes.
En relación con la recompra, la delantera la llevan Itaú-CorpBanca, Internacional, Santander y Scotiabank, los que concentran un 50% de los créditos comprados por el fisco. En cuanto al recargo, destaca el BCI, el cual recibió “un considerable sobreprecio de 55,6 % por los créditos, de parte del fisco”, recalca el análisis. “El CAE explica casi el 90 % de la deuda total entregada por la Banca. En pocas palabras, en Chile, educarse y endeudarse son parte de la misma ecuación”, agregan los investigadores.
El sociólogo Alexander Páez sostiene que frente a este negro panorama urge un “mea culpa” por parte de los creadores y quienes mantuvieron vivo el CAE. El investigador asegura que se impulsó y diseñó “una política pública regresiva y expropiadora a favor de la banca y la instituciones privadas de educación superior. Esto en base a un objetivo político básico que debe ser el garantizar el acceso a una educación pública de calidad como derecho social”.
Agrega que el camino a seguir es la generación de “un plan de condonación retroactivo” para quienes hoy “se encuentran morosos o pagando el CAE”. Condonación que ya ha sido descartada por el Gobierno de Sebastián Piñera. El mismo ministro de Educación, Gerardo Varela, afirmó que era una medida compleja, aunque destacó que pronto se ingresará el proyecto del nuevo crédito, una medida que deja sin solución a casi 900 mil chilenos.
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