Publicada en El Mostrador el 26 de mayo 2019
Por Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL
Entregar la administración del dinero a capitales privados fue el aspecto más resistido por la Junta. Su principal motivo, la desconfianza del enorme poder que obtendrían quienes participaran de la administración y circulación del enorme capital acumulado en los fondos de pensión, equivalentes a cerca de 212 mil millones de dólares (75,3% del PIB). Un extenso listado de connotados políticos y empresarios ha pasado por los directorios de estas administradoras, incluyendo al propio Presidente, Sebastián Piñera, que en 1989 formó parte del directorio de AFP Provida.
“…Entonces aquí van a aparecer dos o seis imperios del dinero, que lo manejarán ellos…(...) Por consiguiente, a la larga, como apunta el general Mendoza, controlarán el Estado. Eso es lo peligroso. No será ahora, sino que con el tiempo…en ocho o diez años tendrán al país en sus manos…”, Augusto Pinochet, acta 398-A Junta Militar 1980.
La cita anterior corresponde a fragmentos del debate desarrollado en septiembre de 1980 al interior de la Junta Militar para definir la implementación de la primera experiencia mundial de privatización total de un sistema de pensiones. A pesar de la desconfianza planteada por Pinochet, el general Mendoza y otros integrantes de la dictadura cívico-militar, se terminó por entregar la administración de los fondos a compañías privadas con fines de lucro.
Si se observan las transformaciones que ha ido experimentando hasta el día de hoy, el sistema de AFP ha permitido albergar diversos modelos de negocio y, se ha ido convirtiendo en uno de los espacios privilegiados para el fortalecimiento de la alianza público-privada, que ha llevado a tantos personajes de la oposición y el gobierno a través de las puertas de los directorios de las administradoras, de la superintendencia y de los escaños legislativos. Este último, un espacio que ha mostrado ser crucial para ir afirmando el sistema de AFP con los alivios necesarios, para tapar con un dedo las actuales tasas de reemplazo medianas, que apenas permiten autofinanciar una pensión equivalente al 20% de lo que se ganaba en la vida activa.
Entregar la administración del dinero a capitales privados fue el aspecto más resistido por la Junta. Su principal motivo, la desconfianza del enorme poder que obtendrían quienes participaran de la administración y circulación del enorme capital acumulado en los fondos de pensión, equivalentes a cerca de 212 mil millones de dólares (75,3% del PIB). Un extenso listado de connotados políticos y empresarios ha pasado por los directorios de estas administradoras, incluyendo al propio Presidente, Sebastián Piñera, que en 1989 formó parte del directorio de AFP Provida.
Hoy, de cada 10 pesos acumulados en los fondos, 4 se van al exterior y 6 se invierten en diversos instrumentos nacionales. Mediante esta inversión, los mayores capitales del país han recibido recursos frescos para su capitalización. Así, por ejemplo, las AFP invierten en el grupo Luksic unos US$8.956 millones de dólares; US$7.413 millones de dólares en el grupo Said; US$6.483 millones de dólares en el grupo Yarur; US$6.300 millones de dólares en el grupo Saieh; US$6.056 millones de dólares en el grupo Matte; y US$5.102 en el grupo Solari. Estos 6 grandes holding concentran cerca de un 19% del total de los fondos acumulados en las AFPs.
De esta forma, quienes más han ganado con el actual sistema de pensiones han sido los grandes grupos económicos, las instituciones bancarias y financieras. Han ganado también, las propias administradoras, que cerraron el primer trimestre de este año aumentando sus ganancias en un 100%.
Estas empresas podrán continuar aumentando sus ingresos, en cambio, será prácticamente imposible revertir las bajas tasas de reemplazo de las pensiones actuales, debido a la caída de la rentabilidad a nivel mundial. Pero no sólo será difícil que aumenten las pensiones, además, para resolver el problema de la rentabilidad éstas se ven, cada vez, más expuestas a grandes pérdidas. Sobre todo en un escenario de recesión económica internacional, como el anunciado para los próximos años.
Avanzando en una dirección radicalmente opuesta a la “seguridad” social, el Estado chileno ha ido aumentando constantemente los riesgos, en busca de una mayor rentabilidad. De esta forma, a casi 40 años que se inventara el “negocio de la seguridad social”, no sólo se invierte en acciones, sino también en Estados, empresas extranjeras y activos alternativos como deuda privada en el extranjero, sociedades SpA, inversión inmobiliaria, etc.
La Cámara de Diputados ha optado por seguir el camino conocido: mantener y profundizar este sistema, entregando un “alivio a la pobreza”, que permita mantener el circuito de la capitalización. No obstante, si se considera que la baja de 1% en la rentabilidad real de los fondos disminuye las pensiones en un 18%-20% -como señala el propio proyecto del gobierno- y se proyecta una rentabilidad inferior al 4% en las próximas décadas, se hace evidente que estamos ante la crónica de una muerte anunciada. No queda otra cosa que el sistema de reparto.
“Lo que yo quiero decir es que este sistema de capitalización, que así se llama, no funciona por ningún motivo con rentabilidad cero. Si toma toda la plata que está entrando y la pone debajo del colchón este es un fracaso seguro. Para que funcione tiene que haber inversión en esos documentos, que están muy bien fijados, para darle seguridad y que tenga rentabilidad, o sea, tiene que haber un sistema así, de lo contrario, para poder seguir, no queda otra cosa que el sistema de reparto…”, Fernando Matthei acta 398-A Junta Militar 1980.