Publicada en El Mostrador el 21 de abril de 2022.
Por María José Azócar, investigadora de Fundación SOL.

El actual modelo de pensiones en Chile se sustenta en dos lógicas: la privatización de la seguridad social y la financiarización de la economía. La propuesta de reforma al sistema de pensiones de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP hace un llamado a transformar ambas lógicas. En esta columna, explicamos por qué es importante que la previsión social se considere un bien público y por qué es necesario desfinanciarizar los fondos de pensiones.

A fines de los años 70, en medio de una crisis económica global, comenzó una oleada privatizadora de bienes públicos en el mundo occidental. Áreas que habían sido provisionadas por el Estado –por ejemplo, salud y pensiones– comenzaron a privatizarse bajo el argumento de que era necesario liberar al Estado de esos gastos y que el mercado iba a ser mucho más eficiente en la administración de esos servicios. Fue este mismo discurso el que se utilizó en el año 1981 para privatizar la previsión social en Chile y que se siguió utilizando después del año 1990 para mantener el sistema de capitalización individual.

Luego de cuarenta años de implementación de un sistema privado de pensiones, sabemos que el Estado chileno no se “liberó” de hacer gastos. El Estado pagó una cara transición entre un sistema de reparto y de capitalización individual. Además, ha tenido que subsidiar los bajos montos de pensiones de la gran mayoría de quienes se jubilan. Como lo han demostrado décadas de investigación feminista antirracista, la privatización de bienes públicos siempre impacta a grupos sociales históricamente marginalizados, reproduciendo nuevas formas interconectadas de violencia. De ahí que, en el área de pensiones, de los 30 países que privatizaron la seguridad social en los últimos años, ya van 18 que han revertido esta decisión.

Sabemos también que la industria de las AFP no ha sido especialmente eficiente. El mercado de las AFP es poco competitivo y está concentrado, cuestión que no solo impacta en los altos costos de comisión que deben pagar trabajadores, sino también en la legítima pregunta respecto a si acaso no es mejor tener al Estado haciendo la gestión que hoy hacen estas empresas privadas.

A finales de los años 70, además de la oleada privatizadora, se inició una nueva etapa financiarizada del capitalismo. El mercado financiero es un espacio en donde se compran y venden “promesas” de pago. Por ejemplo, una persona promete que pagará mes a mes un dividendo hipotecario por 30 años y una empresa le presta dinero a esa persona bajo esta promesa de pago. En el mercado financiero se agrupan todas esas promesas y préstamos individuales para intercambiarlos a escala global. Las empresas que se dedican a gestionar esos intercambios son las que más ganan dinero en este proceso, puesto que cobran una comisión por los rendimientos que genera el flujo del dinero.

Lo peculiar de este sistema financiarizado de la economía es que el movimiento del capital da retornos mucho más rápidos que las inversiones que se realizan en la economía “real” o no financiarizada. La contracara de estas ganancias rápidas es que se le pierde la pista a quién está detrás de los movimientos e inversiones. Por ejemplo, podría ser que un grupo de trabajadores muy progresistas de Canadá se organice para que empresas financieras les manejen sus fondos de pensiones y que estos fondos terminen invirtiéndose en empresas que privatizan el agua en Chile. Como las reglas globales de la arquitectura financiera son opacas, estos trabajadores no tienen cómo controlar dónde van a parar cada uno de los movimientos que se hacen de sus fondos de pensiones en el mercado financiero.

Cuando se examina en qué se han invertido los fondos de pensiones de la clase trabajadora en Chile, una buena parte de estos fondos (52,4% del total) se invierten en instituciones que operan en Chile y benefician a personas que pertenecen a los grandes grupos económicos del país (¿AFP para quién?, Fundación SOL, 2020). Además, la mayor parte de la inversión de las AFP se orienta a actividades extractivistas de alto impacto (un 75,5% del total de las inversiones en empresas que operan en Chile) (Inversión de las AFP en las empresas extractivistas y de alto impacto ambiental, Fundación SOL, 2020). En otras palabras, la financiarización de los fondos de pensiones ha contribuido a la concentración de la riqueza en Chile al favorecer a un grupo específico de redes familiares y económicas, y ha terminado en manos de empresas que contaminan la naturaleza y precarizan la vida de comunidades (y generaciones futuras) que no tienen la influencia suficiente para enfrentar el poder de estas empresas.

La reforma al sistema de pensiones propuesta por la Coordinadora NO+AFP realiza cuatro importantes intervenciones.

Primero, define la previsión social como un bien público que debe ser administrado por el Estado y propone el derecho a una pensión universal equivalente al salario mínimo para todas las personas, sin distinción.

Segundo, es una propuesta que no separa la vida productiva de la “no productiva”, pues considera que para la reproducción de la vida son muchas las actividades que se realizan en la sociedad, incluidas las labores de cuidado y las labores que no se monetarizan.

Tercero, es una propuesta que garantiza un monto de pensión específico a aquellas personas que han tenido la oportunidad de cotizar.

Finalmente, es una reforma que propone desfinanciarizar gradualmente los fondos de pensiones para reinvertirlos en proyectos locales, de largo plazo, que impacten la economía real de las comunidades y que se guíen por criterios de justicia social y ambiental.

Tomadas en su conjunto, estas cuatro intervenciones apuestan ahora y de frente, sin letra chica, a resolver la urgente necesidad de redistribuir la riqueza en Chile.