Por Gonzalo Durán/Investigador Fundación SOL
El pasado 5 de diciembre, la OECD dio a conocer su panorama más reciente sobre datos de desigualdad. El reporte global, señala que nuestro país es el más desigual de la OECD y continúa siendo uno de los más desiguales del planeta.
Y es que difícilmente podría ser de otra manera: en Chile, las personas que pertenecen al 5% más rico obtienen ingresos que son 833 veces superiores a quienes pertenecen al 5% más pobre. Así, el recién publicado informe "Divided we stand: why inequalities keeps rising" viene a confirmar un hecho sobre el cual poco y nada se ha avanzado.
En este contexto, desde el Gobierno y también desde otros sectores, se ha señalado que la comparación con los países de la OECD es injusta, debido a que, la gran mayoría de dichas naciones son consolidadamente desarrolladas y tienen un PIB per cápita que fácilmente duplican la realidad local.
Siendo rigurosos, es muy importante dejar en claro, que, al menos en la dimensión de la desigualdad, dicha aseveración no es más que un volador de luces. En efecto, si consideramos los valores que obtenían los indicadores convencionales con los que se mide la desigualdad cuando los países de la OECD tenían el mismo nivel de PIB per cápita (ajustado por poder de compra) del Chile de hoy (US$15.400), se constata que nuestro país es lejos el peor en los últimos 30 años. En términos simples, esos mismos países, cuando eran como Chile, eran muchísimo menos desiguales.
En general, existen a lo menos dos conductores de la desigualdad que éste y los anteriores Gobiernos han dejado a la deriva, beneficiando a buena parte de la élite que hoy administra el país y que constituye ese exiguo porcentaje que goza de un muy buen vivir, a la escandinava.
En una nota previa, Fundación SOL se refiere a la debilidad de los institutos laborales que históricamente han sido concebidos con el objeto de mejorar la distribución. En efecto, Sindicalismo, Negociación Colectiva, Huelga y Gratificaciones han fallado en el logro de este cometido.
Un segundo aspecto, dice relación con la re-distribución inducida por impuestos.
Se ha sostenido por Libertad y Desarrollo que: "a través del sistema tributario no podemos mejorar la distribución de ingresos", sin embargo, la evidencia empírica en este sentido apunta en la dirección opuesta: los impuestos así como las transferencias y subsidios son una poderosa herramienta contra la desigualdad (Piketty (1994), Aglietta y Rebérioux (2005), Mahler (2010), Solt (2009), Atkinson y Piketty (2007), Piketty (2008) y el mismo informe de la OECD (2011)).
La potencia de esta herramienta está lejos de ser baladí: la Suecia del 61' (con igual PIB per cápita que el Chile del 2009), lograba reducir vía impuestos el Gini en cerca de 17 puntos, es decir en casi un 40%. Misma suerte corre la Noruega del 67', quien con igual PIB per cápita que el Chile del 2009, reducía el Gini en cerca de 20 puntos. Hoy, la realidad de los países de la OECD transita por esa senda: la redistribución inducida por impuestos sigue siendo una poderosa herramienta contra la desigualdad.
En este punto, conviene considerar los hechos estilizados, expuestos en 2010 por Vincent Mahler y Sara McKeever - académicos de la Loyola University Chicago - quienes señalan que el gasto en educación está positivamente relacionado con la redistribución fiscal y que Gobiernos que buscan mejorar la distribución de largo plazo mediante la educación, requieren de una redistribución inmediata vía impuestos y transferencias.
En el caso chileno, la actual estructura tributaria está lejos de apoyar la causa educacional: nuestro sistema tributario es regresivo, es decir, empeora la desigualdad en la distribución de ingresos (ver Jorrat (2009)).
Hoy, cuando la desigualdad salta a la vista, la distribución inducida por sindicatos y la redistribución inducida por impuestos son probadas y eficaces herramientas para lograr mayor justicia social.
Nuestro país requiere, entonces, un cambio radical tanto en la estructura como en la recaudación tributaria, que permita, de una vez por todas, avanzar hacia un buen vivir de las mayorías, siempre desplazadas. Fijarse una meta redistributiva debiese ser un objetivo de cuenta pública, auditable y exigible.
Publicada en el Blog de La Tercera