Publicado el 1 de agosto de 2016 en CIPER

Por Benjamín Sáez, investigador Fundación SOL

Sorpresa causó la masiva movilización del domingo 23 de julio en contra de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La concurrida marcha familiar reunió a más de 200 mil personas en Santiago y cerca de 1 millón en todo el país. Esta protesta reafirmó el consenso cada vez más amplio entre la ciudadanía sobre la necesidad de realizar cambios profundos al sistema, punto sobre el que incluso las aseguradoras han comenzado a ceder, rayando la cancha sobre los cambios a que podemos aspirar: aumentar la edad de jubilación, incrementar el porcentaje de cotización, incorporar el aporte del empleador y fortalecer el pilar solidario.

Es evidente que estas medidas implican un mayor costo para todos los actores involucrados (Estado, cotizantes y empleadores) con excepción de las aseguradoras, que curiosamente han tomado un rol protagónico en la discusión, a pesar del evidente conflicto de interés de quienes manejan fondos de inversión equivalentes a un 69% del PIB, reportando durante los últimos 20 años una rentabilidad anual promedio de 26,3% sobre su patrimonio. Sin ir más lejos, el negocio de la “seguridad social” entregó a estas compañías ingresos de $1.558 millones de pesos diarios durante el 2015. El mismo año, 45 miembros de los directorios de las AFP recibieron una remuneración anual promedio de $63.246.300.

Al mismo tiempo, 9 de cada 10 pensiones de vejez por edad retiro programado son inferiores a los $156 mil pesos y la edad efectiva de jubilación promedia los 67 años para las mujeres y 68,4 años para los hombres, lo que equivale a 7 y 3,4 años sobre la edad legal de retiro. Lejos del problema de las lagunas, el drama de las pensiones se refleja también en la actual tasa de reemplazo, cercana al 30%, y en las proyecciones de la Comisión Bravo, que plantean que en 10 años más la mitad de las pensiones pagadas a quienes han cotizado entre 25 y 33 años tendrán tasas de reemplazo menores a un 22%. Conviene recordar que la promesa inicial del sistema era lograr tasas de reemplazo equivalentes al 70% del salario de referencia.

Estos datos se sitúan en un contexto en que el endeudamiento anual de los hogares equivale a un 63,4% de sus ingresos brutos, en un mundo del trabajo donde el 48% de las personas ocupadas se emplea en la economía informal y la mitad de los/as trabajadores/as gana $305.000 líquidos o menos. Siendo las cifras así de contundentes ¿por qué nos sorprenden las movilizaciones contra las AFP? ¿Cómo es que este sistema de ahorro forzoso logra mantener su legitimidad a pesar de todo?, y es que incluso si omitimos la trenza entre partidos, medios de comunicación y directorios de las aseguradoras ¿cómo es que cada mes $500.000 millones de pesos ingresan al sistema sin despertar efervescencia popular alguna?

DE PROLETARIOS A PROPIETARIOS: LA IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LA CULPA

La historia del diseño e implementación del sistema de AFP muestra que en su origen hubo poco de cálculo actuarial y mucho de ideología. Los principios ideológicos que orientaron las bases del sistema consistían fundamentalmente en desplazar al “ogro filantrópico” del Estado y en asegurar los principios de capitalización individual y administración privada de los fondos. En las reflexiones de José Piñera (principal artífice del actual sistema) la repetida idea de la “inviabilidad del sistema de reparto” queda sacramentada sin mediar cálculo alguno.

El principal argumento de Piñera apunta al “pecado original” detrás del sistema de reparto, que consiste en “romper, en despedazar, el nexo fundamental que debe existir en toda relación humana entre aportes y beneficios, entre derechos y posibilidades, entre lo que se aporta y lo que se recibe”. Continuando con las ideas de la escuela monetarista y la escuela austríaca, el diseño del sistema supone que la persecución de los intereses individuales de las personas (sin la intervención de grupos de interés materializados en el Estado) genera una coordinación espontánea que garantiza su eficiencia. A pesar de instaurar un sistema obligatorio de ahorro forzoso, en una dictadura en que no existía libertad de prensa ni asociación, Piñera plantea que de acuerdo a la “naturaleza humana”, la clave del funcionamiento del nuevo sistema es que “la libertad” traspase todos sus cimientos. Pasando “de proletarios a propietarios”, tendríamos un sistema de pensiones libre del pecado original de pasar por el lado las reglas del intercambio que mediatiza la relación entre aportes y beneficios.

Esta idea, de que el intercambio entre personas individuales es el fundamento de la naturaleza humana, se basa en el argumento de que la propiedad, el dinero y los mercados anteceden a las instituciones políticas y se encuentran en la base de la “sociedad”. Como advierte David Graeber, esta forma de entender el orden social se puede rastrear hasta el mito de origen de la ciencia económica como disciplina (el mito de una sociedad del trueque) y se sostiene sobre la noción de que existe una esfera económica separada del “resto” de la sociedad. Idea fuertemente rebatida a lo largo del siglo XX, tanto en términos empíricos (históricos) como teóricos (con el trabajo de autores como Karl Polanyi o Pierre Bourdieu, por nombrar algunos).

Más allá de una historia de las ideas (que excede la extensión de este artículo), conviene destacar que la legitimidad del sistema se sostiene sobre una visión de la “naturaleza humana” y el “funcionamiento del mundo” que además de ser discutible histórica y teóricamente, cumple un rol clave en la construcción de un aparato ideológico que genera efectos económicos concretos mediante la distribución de “la culpa”. Un ejemplo ilustrativo se puede encontrar en el análisis de Slavok Žižek sobre las negociaciones entre la Troika y Syriza en Grecia. La investigación de Graeber sobre la historia de la deuda en los últimos 500 años arroja algunas nociones relevantes sobre este punto, al señalar que si la historia de la deuda muestra algo, es que no hay mejor manera de justificar relaciones fundadas en la violencia que enmarcarlas en el lenguaje de la deuda, pues permite hacer ver que es la víctima la que está haciendo algo mal. Como muestra la indagación sobre los orígenes y el uso del dinero, la deuda permite transformar las cuestiones morales en problemas de aritmética impersonal.

En términos prácticos, el juego económico-moral en que se funda la relación entre deudor y acreedor puede tener múltiples resultados, dependiendo del poder de cada uno de estos agentes. En esto el papel del Estado es fundamental. Estado y mercado no son principios diametralmente opuestos, muy por el contrario, la evidencia histórica señala que nacen juntos y en estrecha conexión. Consideremos, por ejemplo, la capacidad del Estado chileno para crear mercados en su rol de “estado subsidiador”, ¿de qué otra forma podría entenderse que un tercio del presupuesto de la educación superior se destine a endeudar estudiantes con la banca mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE)?

Graeber ejemplifica esta idea haciendo referencia a las operaciones de rescate de las compañías “demasiado grandes para caer”, luego de la crisis subprime en 2008. En ese caso, se resuelve contra quienes perdieron sus ahorros en una deuda hipotecaria “subprime” (basura) y a favor de quienes se enriquecieron administrando estas deudas y sus derivados (CDOs) a sabiendas del nivel de riesgo que esto implicaba. La asimetría es tal, nos dice el FMI, que si la situación se repite se pondrían en duda las bases mismas de la democracia.

Es posible observar el sistema de AFP desde una perspectiva similar. La fuerza de trabajo de todo un país “presta” sus ahorros a los grandes capitales nacionales (por medio de las inversiones de un conjunto de empresas privadas) sin mediar mayor costo para las compañías, que luego “prestan” dinero a los hogares, mediante un avance en efectivo u otro mecanismo, a mayores tasas de interés (como ha reconocido recientemente el mismo Ricardo Lagos). Cabe recordar que las AFP invierten $31.084 millones de dólares en los 10 bancos más importantes del país. Pero no sólo esto, los fondos de pensión representan en la práctica el principal ahorro con que cuentan los hogares, haciendo la situación aún más dramática. Para que se haga una idea, estimaciones recientes del Banco Central indican que el ahorro previsional corresponde a un 85% del total de los ahorros generados por los hogares en Chile.

Pero la culpa de las bajas pensiones no es ni de las compañías que invierten los fondos, ni de las compañías en las que estos se invierten. La culpa es del acreedor y el problema de las bajas pensiones es un problema de “falsas expectativas” entre lo ahorrado y la pensión que ese ahorro permite financiar. El diseño de un sistema de capitalización individual basado en el ahorro obligatorio hace que el problema de las bajas pensiones sea “responsabilidad de cada cual” aún cuando se reconozca que se diseñó un sistema que no puede hacer frente a cuestiones tan comunes como el desempleo (lagunas) o las fluctuaciones del ciclo económico. La fórmula es clara: si las pensiones son bajas es su culpa, usted debe trabajar más. Lo repite con indignación Fernando Villegas por la radio, lo grita Catalina Edwards por la televisión, lo reafirma la publicidad de las AFP “si continúa trabajando después de pensionarse usted puede aumentar su pensión”.

Un reciente editorial de El Mercurio enuncia este punto con total claridad: “Las pensiones que entrega el sistema son influidas por muchos factores ajenos a los cotizantes, tales como el grado de formalidad del mercado laboral, la recurrencia de los ciclos de alto desempleo, el crecimiento de la economía nacional y mundial, la rentabilidad y la diversificación de las inversiones. Pero mientras no se entienda que forjarse una pensión digna, sin perjuicio de los aportes fiscales suplementarios, es principalmente responsabilidad de cada cual, el sistema será vulnerable a arrebatos populistas como los de estos días. Las AFP tienen mucho que hacer para consolidar su razón de ser”.

Desde esta perspectiva, pagar bajas pensiones no es problemático para el sistema de AFP. A diferencia de un sistema de reparto, en que la escasez de los fondos de pensión se aborda como un asunto de la nación en su conjunto, la insuficiencia de los fondos para pagar pensiones en un sistema de capitalización individual se trata como un problema privado, que se resuelve con autoexplotación (trabajar más) o endeudamiento (en línea con una tendencia internacional a la financiarización del capital), hipotecando el desarrollo humano de millones de hogares. En esto el diseño de José Piñera es dramáticamente efectivo, depositando la culpa sobre cada una de las personas afiliadas, acusando su “falta de esfuerzo”, dejando caer la roca con galantería para devolver a Sísifo al punto de partida.