Por Gonzalo Durán/Investigador Fundación SOL La gran empresa chilena es gobernada por parte importante de las 4.500 familias que, gozando de un muy buen vivir, tienen secuestrado al país trabando los cambios institucionales que hoy tanto se requieren. La gran empresa, también llamada sector moderno o "economía de primera marcha", genera buena parte del PIB. Se trata del segmento más productivo de la economía, dónde dicen, los trabajos son formales y hasta podemos ver negociación colectiva. Hablar de la gran empresa, es hablar de Jumbo, de Santa Isabel, de Líder (Wal Mart), de Copec, de Arauco, de CMPC, de Paris, de Ripley, de Falabella, de Unilever, de CCU, Soprole, de Chilevisión, de las salmoneras, etc. Empresas que no sólo serían modernas por su dinamismo económico, sino también por sus relaciones sociales, que estarían por sobre los abusos clásicos. Pero toda esa pantalla de la empresa moderna, se cae a pedazos, con un hecho que bien conocen sus trabajadores y trabajadoras: el divorcio entre la productividad del trabajo y el salario. En efecto, aún registrando salarios más elevados que los obtenidos en los estratos más rezagados, los trabajadores con menor cualificación del sector moderno, no están exentos de una brecha casi axiomática entre productividad y remuneración. La disociación entre lo que producen y lo que finalmente le pagan a los trabajadores, constituye lo que técnicamente se conoce como el excedente productivo no remunerado, es decir, la franja de productividad que, en lugar de ser pagada al trabajo, se desvía hacia las arcas de las empresas, pasando a constituir una parte relevante de las ganancias o utilidades, muchas de las cuales, luego son retiradas por la vía de dividendos y utilizadas por unas pocas familias para gozar de un muy buen vivir. Cuando el empleador paga un monto inferior al valor del trabajo realizado, conceptualmente se habla de explotación. Lo que vemos, y expresado en palabras simples es que los trabajadores y trabajadoras de la gran empresa son constantemente pasados a llevar, pagándoles mucho menos del valor que realmente tiene su trabajo. En este cometido, la gran empresa corre con el viento a favor, con una institucionalidad laboral ad-hoc, que le da el espacio legal para moverse como pez en el agua. A nivel macro, los datos son concluyentes: en los últimos 20 años, las remuneraciones reales debiesen haber aumentado en al menos un 90%. Sin embargo, terminaron creciendo en un 20%. Es decir, existe otro 70% que fue directo al bolsillo de los empleadores, cuando debió haber ido al bolsillo de los trabajadores. Es el excedente productivo no remunerado que añadido a la tasa de ganancia clásica por generar valor agregado, constituye la utilidad final de la empresa. Nótese, que si las remuneraciones hubiesen aumentado en el 90%, las empresas también hubiesen tenido ganancias. Es más, según Keynes, seguramente hubiesen tenido mayores ganancias, ya que el poder adquisitivo de la clase obrera terminaría activando la demanda por mayores bienes y servicios. A nivel micro es posible constatar el rol de la institucionalidad laboral: en perspectiva temporal, vemos que cada vez es más frecuente notar resultados económicos de negociaciones colectivas absolutamente desconectados con la realidad de sus empresas. En los últimos 10 años, los reajustes por negociación colectiva no superan el 1%, real. Mientras, las ganancias empresariales, experimentan avances sobre el 40%. Ante lo anterior, llama la atención la editorial de La Tercera, la cual, el pasado domingo 13 de noviembre señalaba el riesgo de potenciar los sindicatos, ya que: "...los salarios deben ser pagados de acuerdo al aporte de productividad de cada trabajador". Los hechos, no obstante, muestran precisamente todo lo contrario: en la gran empresa los salarios NO son pagados de acuerdo a la productividad y parte importante del por qué se encuentra en la debilidad de nuestra institucionalidad laboral (sindicatos, negociación colectiva y huelga). Preocuparse por la desigualdad, es preocuparse por la negociación colectiva, de otro modo, no es un preocupación sincera. La nueva arquitectura empresarial, requiere de respuestas institucionales decididas que superen de una buena vez el insípido e hipócrita antídoto de la igualdad de oportunidades, punta de lanza de los sucesivos gobiernos que han mantenido el statu quo. Mayor cobertura en la negociación colectiva, sindicatos musculosos y un derecho efectivo a huelga son el piso mínimo requerido en orden a revertir el saqueo que hoy viven muchos trabajadores y trabajadoras al recibir pagos que crecen por debajo de lo que crecen sus aportes en productividad. Publicada en Blog de La Tercera