Columna de opinión publicada en El Mostrador el 12 de julio 2011 

Por Gonzalo Durán y Marco Kremerman, Fundación SOL

Ahora fue el turno de las empresas avícolas. La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento ante el Tribunal de Defensa de La Libre Competencia en contra de las empresas productoras de pollo Agrícola Agrosuper, Empresas Ariztía y Agrícola Don Pollo, así como de la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) por “celebrar y ejecutar un acuerdo en el mercado de producción y comercialización de la carne de pollo, consistente en limitar y asignar cuotas de producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional”. La típica y vieja estrategia de controlar la oferta, para controlar el precio y mantenerlo más alto, algo muy parecido a lo hacen los países que forman parte de la OPEP, el cartel del petróleo.

Además, el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, declaró que la Fiscalía Metropolitana Oriente esta recopilando antecedentes para determinar si abre una investigación criminal y precisó que si hay que perseguir a delincuentes “de cuello y corbata” lo harán, ya que no es posible que se castigue el robo de una gallina y no se castiguen las grandes estafas y fraudes a los ciudadanos.

Y no es para menos, el pollo es parte de la dieta de las familias chilenas y un sustituto para muchos hogares que no pueden darse el lujo de consumir carne. Una familia de 4 personas que consume 10 kilos de pollo al mes, está destinando cerca de $18.000 mensuales de su presupuesto, o sea, casi el 10% de un salario mínimo, que actualmente ganan 1 millón de personas en Chile.

Se trata de un grupo endogámico, que se juntan entre ellos, se casan entre ellos y se protegen entre ellos y que como muy bien se retrata en la publicación del Banco Mundial, Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la Historia? (2003), son responsables centrales de los escandalosos niveles de desigualdad existentes.

Hoy fueron los pollos, ayer fueron las farmacias, los buses y el escándalo de La Polar. 

Colusión, carteles, delitos, evasión, elusión, palabras más, palabras menos, lo cierto, es que a pesar de que nos quieren hacer creer que estos casos son una excepción, al parecer estamos frente a una constante, frente a una manera de hacer riqueza, algo así como el ethos empresarial chilensis.

Cómo sólo explotan los casos más burdos y que están expresamente reñidos con la ley, pareciera que corresponde a situaciones puntuales, sin embargo cuando exploramos los contornos de la ley y sus espacios de maniobra nos encontramos con las historias que usted conoce y sufre día a día, como trabajador/a, consumidor/a, jubilado/a, paciente o estudiante:

- Empresas que subcontratan parte de su giro o procesos secundarios para ahorrar costos, con contratistas relacionadas, o ex ejecutivos que ahora prestan servicios a la compañía bajo una nueva modalidad.

- Empresas que en las negociaciones colectivas entregan estados financieros a su conveniencia y que a pesar de que la economía chilena crece y crece, siempre están con números rojos, porque utilizan la figura del holding, del multirut, o de la casa matriz de capitales extranjeros para triangular sus cuentas.

- Empresas que tienen a sus trabajadores a plazo fijo por más del tiempo permitido o sustituyen el contrato por el boleteo o el trato de palabra (en Chile hay casi 1,2 millones de falsos asalariados).

- Empresas que dejan encerrados a sus trabajadores en los turnos nocturnos.

- AFP que siguen aumentando su rentabilidad, mientras los dueños de los fondos (los trabajadores chilenos) caen por efecto de la crisis.

- Isapres que alcanzan cuantiosas utilidades, mientras tienen listas negras de trabajadores de algunas empresas que no están dispuestos a incorporar y suben una y otra vez el valor de los planes a las personas más riesgosas (mujeres en edad fértil y adultos mayores).

- Establecimientos de Educación Superior que utilizan otras razones sociales para lucrar y venderse servicios y de paso proporcionan créditos internos a sus alumnos con altas tasas de interés, para que puedan financiar sus carreras.

- Bancos que pueden llegar a cobrar una tasa de interés por un crédito de consumo de 50%, porque la ley lo permite.

Hoy son los Vial, los Ariztía y sus redes de influencia. Sin embargo no se trata de un caso particular ni de un par de familias o multimillonarios excéntricos que establecen prácticas reñidas con la ley y que son repudiados por el resto de sus pares.

Más bien, estamos ante un gran Cartel, una Elite Coludida, que determina lo que Chile debe consumir, lo que los trabajadores deben ganar, el reajuste del salario mínimo, lo que usted tiene que ver en TV, los impuestos que quieren pagar, la tasa de interés máxima convencional o las donaciones que quieren realizar a obras benéficas, campañas políticas, o centros de pensamiento y universidades. Para ello realizan el lobby correspondiente de tal forma que las instituciones, las leyes y los dictámenes funcionen a su conveniencia. Tal como concluyen los economistas Daron Acemoglu y James Robinson en su paper “Persistence of Power, Elites and Institutions” (2006).

Son los miembros de las 4.500 familias, que controlan los 114 grupos empresariales que existen en Chile, aquellos que no quieren soltar el botín, tal como dijo el abogado Fernando Barros en la reciente ENADE o no quieren soltar la “teta” como señalara el empresario Felipe Lamarca.

Se trata de un grupo endogámico, que se juntan entre ellos, se casan entre ellos y se protegen entre ellos y que como muy bien se retrata en la publicación del Banco Mundial, Desigualdad en América Latina y el Caribe: ¿Ruptura con la Historia? (2003), son responsables centrales de los escandalosos niveles de desigualdad existentes.

Ayer capturaron a políticos de los Gobiernos de la Concertación y les ofrecieron cargos en los directorios de sus empresas. Hoy administran el país a sus anchas y tienen a sus miembros dirigiendo servicios públicos o asesorando a varios ministerios.

Por ello, también se coludirán para que no haya reforma tributaria, y si se proponen cambios, más bien serán “perfecciones” al sistema (tal como lo propuso el ministro de Hacienda), que no afecten sustancialmente su “botín”.