Publicada en Diario Universidad de Chile el 11 de octubre 2016

Por Karina Narbona, investigadora Fundación SOL

La crisis del sistema de ahorro individual, privado y forzoso que tenemos para procurar ingresos en la vejez y la distancia que éste tiene con cualquier estándar de seguridad social, es cada vez más evidente. Hoy el tema se ha instalado en la conversación cotidiana de los hogares, en la calle e incluso en la agenda mediática y en la agenda político-institucional (históricamente rezagadas). Su falta de legitimidad tiene relación con su origen (nace en dictadura), con su funcionamiento (con los ahorros de todos se especula en el mercado de capitales y se financiaa los grandes grupos económicos, a costo casi cero) y también con sus resultados, pues hoy en día el promedio de las pensiones autofinanciadas es de $211.229, menos que el salario mínimo, lo que termina siendo muy parcialmente paliado con subsidios asistenciales del Estado o con deudas contraídas con entidades financieras o con cajas de compensación.

Para avanzar en el diagnóstico y en las reales alternativas para superar la crisis de nuestro sistema de ahorro para la jubilación, es imperativo hacer una detención en la situación de las mujeres, el grupo más afectado. Efectivamente, las mujeres se llevan la peor parte de una situación ya crítica. Si para el 87% de los hombres pensionados en la modalidad vejez edad retiro programado (la que pagan las AFP), el monto de pensión es inferior a $157.000, en el caso de las mujeres el 94% queda debajo de ese umbral, prácticamente la totalidad.

Ciertamente, la precariedad experimentada en el mundo del trabajo y la mayor precariedad que experimentan las mujeres, son aspectos que influyen en los malos resultados. El 50% de quienes tienen un empleo gana menos de $340.000 líquidosy en el caso de las mujeres el 50% obtiene menos de $294.000. Por otra parte, los empleos son sumamente volátiles.Chile es el país de la OCDE que tiene menor proporción de empleos que duran más de un año, según atestigua el informe de política monetaria del Banco Central de Junio de 2016. Además, al mirar la variación del empleo en los últimos 77 meses (6 años), se observa que el 69,8% corresponde a empleo externalizado, cuenta propia de baja calificación y familiar no remunerado (en un negocio familiar). Son empleos que en sí son más endebles y que en el caso de las mujeres corresponden al 77,6% del empleo creado.

A eso hay que añadir que las mujeres ven más interrumpidas sus trayectorias laborales por maternidad o porque en general siguen cargando socialmente con las funciones de quehaceres domésticos y cuidado de familiares aún cuando se han ido integrando al trabajo remunerado (realizan así una “doble jornada laboral”). De hecho, en relación a esto, se ve un círculo vicioso: un 86% de quienes se encuentran en condición de vejez dependiente son cuidados por mujeres (datos SENAMA), lo que hace que las cuidadoras pierdan sostenibilidad económica y participación laboral en el tiempo, reproduciendo la precariedad. Y todo esto afecta sin duda los ahorros.

Sin embargo, el problema no se reduce a la falta de ahorros o, como lo denomina José Piñera, a la falta de “gasolina” en el sistema. Nuestro sistema de capitalización individual hace su parte en la crisis. Mensualmente ingresan al sistema más del doble de los recursos que se pagan en pensiones (entran $500.000 millones mensuales y se pagan $200.000 millones), es decir, existe un enorme remanente que no se utiliza socialmente y que se destina a un objetivo distinto: la financiación empresarial. Otro dato ilustra la malversación intrínseca del modelo: en 2014 la OCDE proyectó qué pasaría con las pensiones de hombres y mujeres en Chile considerando el salario promedio (un salario superior al de la gran mayoría hoy) y suponiendo que no existen quiebres en la carrera. Tras el ejercicio, los hombres obtuvieron un 42% y las mujeres un 33% del sueldo. Incluso con salarios más altos y sin lagunas (el ideal), el sistema se mostró incapaz de entregar una pensión a la altura del estándar obtenido en la vida laboral. Además, se pudo apreciar que con los mismos estándares laborales, las mujeres salen más perjudicadas. En otras palabras, que el sistema per sé castiga a las mujeres, amplificando las discriminaciones de la vida laboral.

Esto último tiene que ver con las tablas de mortalidad diferenciadas que calculan las Superintendencias de Pensiones (SP) y de Valores y Seguros (SVS): las pensiones se calculan en base a una probabilidad diferente de que hombres y mujeres vivan 110 años. Como a las mujeres se les asigna una probabilidad mayor de llegar a esta insólita edad, sus fondos son más exigidos y sus pensiones son menores. Esto graba sobre todo a las mujeres de menores recursos, que viven menos que las mujeres e incluso que los hombres de mayores recursos. La solución no es elevar la edad de retiro, pues la edad efectiva de jubilación de las mujeres ya es 7 años más que la edad legal y en los hombres de 3 años más, y las pensiones son paupérrimas. Tampoco pasa solo por tablas de mortalidad más razonables y unisex. La solución pasa también y necesariamente por algo más estructural, que toca a hombres y mujeres: el problema de que el sistema no está pensado para dar pensiones (recuérdese que gasta en pensiones menos de la mitad de los ingresos mensuales que recibe).

La solución estructural, por lo tanto, es construir un verdadero sistema de “seguridad” (es decir, que da sostenibilidad), “social” (es decir, público, colectivo, solidario). Esto implica dejar atrás nuestro riesgoso sistema individual basado en la especulación bursátil y en la lógica de casino. En otras palabras, significa ir hacia un sistema donde los ingresos entrantes de los activos (en el caso de Chile, los $500 mil millones mensuales) se destinan directa e inmediatamente a pagar las pensiones de los que están jubilando, como sucede en los 166 de los 178 países con información disponible. ¿Cómo favorece a las mujeres?, en un modelo así las personas reciben un porcentaje definido y universal (en general, sobre 50%) del sueldo de referencia, que suele ser el promedio salarial que cada uno tuvo en los 10 últimos años. Por eso, es menos sensible a las lagunas acumuladas en toda la carrera laboral, que afectan tanto a las mujeres, y reproduce menos esa discriminación. En resumen: no solo da mejores pensiones en general, sino que compensa en parte a la mujer. Y es un sistema viable. Incluso considerando la situación demográfica más estrecha de las décadas futuras (el problema no es hoy, ya que hay 5 activos por cada jubilado), Fundación SOL logró proyectar un modelo de reparto moderno (no una réplica del sistema antiguo), que se financia tripartitamente y con un Fondo de Reservas Técnicas, sin cargarle la mano a la tasa de cotización. El dilema no es técnico, pues las cifras dan, el dilema es de orden político o de la economía política: a quiénes se quiere beneficiar con el fruto de nuestro trabajo colectivo y qué dimensión antropológica de los seres humanos (en este caso, la solidaridad entre generaciones y entre géneros) se decide institucionalmente potenciar.