Publicado en The Clinic el 31 de marzo de 2017
Por Alexander Páez, investigador de Fundación SOL.
Para dar una pincelada del tipo de deuda del país, si tomamos en cuenta a los morosos, que para diciembre 2016 alcanzaron la cifra de 4.295.957, el 46% son del retail, 33% de la banca y 5% de educación. Al calcular la participación por monto, la banca pasa a primer lugar con un 54% y retail baja su participación a un 21% mientras que educación sube a un 7%. Es decir, la mayor cantidad de personas está endeudada en el retail, pero los montos mayores se concentran en la banca que tiene menor proporción de personas morosas.
El domingo recién pasado se movilizaron cerca de dos millones de personas a nivel nacional para protestar por el sistema de capitalización individual que administran las AFPs. El objetivo principal es que pueda existir un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social, es decir, que reconozca a cada habitante del país su derecho a tener una pensión basada en la solidaridad y la justicia social.
Estas movilizaciones, junto a las movilizaciones estudiantiles del ciclo 2011-2012, dan cuenta de la resistencia masiva hacia las múltiples formas de desposesión sistémica que recaen sobre los hogares trabajadores del país. En ambas, ha existido un elemento común que opera como una suerte de síntoma que requiere ser diagnosticado más a fondo para establecer sus causas estructurales: el masivo endeudamiento de los hogares, y sobre todo, de quienes han estado movilizados los últimos 6 años; los hogares de estudiantes y de jubilados o pensionados. No son sólo estudiantes ni sólo jubilados quienes se movilizan, por ello nos referimos a los hogares. Y es que como unidad de análisis ha estado ausente tanto de los diagnósticos de las autoridades como de los análisis sociopolíticos que se realizan.
Al tomar como unidad de observación los hogares, las movilizaciones “sectoriales”, así como el diagnóstico que sustenta tales movilizaciones se observan de forma mucho más sistémica. En el hogar convive “la realidad material” del estudiante con Crédito con Aval del Estado (CAE) y el jubilado pensionado, así como el o la trabajadora que gana el mínimo, o que no puede tener una negociación colectiva que le permita equilibrar al menos la relación asimétrica con su empleador. También convive, el trabajo devaluado de la mujer que no es de mercado, con mayor carga de trabajo doméstico a igual jornada de trabajo que el hombre, etc.
La heterogeneidad y diversidad de las formas de inserción social y productiva en los hogares, contrasta con la solución universal a la cual el hogar acude para lograr reproducir su unidad doméstica. Es que la deuda para estudiar, para comer, para vestir, para poder tratarse una enfermedad, para poder juntarse con los/as amigos/as para recrearse, para poder atenderse en un centro de salud, etc. opera como un amplio instrumento de “integración” hacia las formas colectivas de vida social.
Según el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central, para el tercer trimestre del 2016 la deuda total de los hogares asciende a un 63,5% de sus ingresos disponibles anuales. Para el 2003, ésta era del 38%. Esto implica un aumento promedio de la deuda de un 12,7% anual durante 14 años. Como para hacerse una idea del ritmo de crecimiento de la deuda de los hogares en relación a otros indicadores comúnmente utilizados, el PIB per cápita creció en mismo período un 4,7%, y los salarios medios de la ocupación principal un 2,4% según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE (ESI).
Es decir, la deuda de los hogares ha crecido más que la riqueza por habitante del país, y más que los ingresos del trabajo. Según los datos de DICOM-Equifax, publicados por la Universidad San Sebastián, a diciembre 2016 existen 11 millones de deudores. Para dimensionar este dato se puede señalar que existen 8 millones de ocupados y que la población mayor de 18 años es de 13 millones aproximadamente según el INE. A su vez, según la Encuesta Financiera de Hogares del 2014 el 73% de los hogares tiene al menos una deuda.
La deuda es así un hecho extensivo a nivel a nacional, pero también lo es a nivel mundial. Suecia y Noruega, modelos que se podrían plantear como diametralmente diferentes al nacional, tienen una deuda de los hogares como proporción del ingreso disponible anual de 172% y 213% respectivamente (el promedio OCDE para 2014 es de 130%). Comparado al 63,5% de Chile, se planteará que nuestra realidad no ha llegado a niveles dramáticos, sobre todo considerando que los datos para el caso de los países de la Unión Europea están determinados por la larga crisis financiera del 2009. Sin embargo, esa enorme deuda es producto del tipo de deuda de los hogares así como del tipo de ingreso que los hogares obtengan para así gestionar tales deudas. Los ingresos a nivel general al cual pueden acudir los hogares, a su vez, están determinados socio-económicamente (y también, políticamente) por el tipo de matriz productiva, las relaciones laborales que regulen la relación entre trabajadores y empleadores y el tipo de sistema de protección social (presente o ausente) que se encuentre en el país.
¿Cómo se expresa esta diferencia? En la carga financiera de los hogares, es decir, en la proporción que le dedican mensualmente al pago de los servicios de la deuda, comisiones, intereses, etc. En el caso de Suecia para septiembre de 2016, el 11,2% de sus ingresos mensuales son destinados a pagar tales servicios, para Noruega es el 14,8%. En Chile, según la Encuesta Financiera de Hogares 2014, esta proporción es del 51,6% para los hogares con deuda, es decir, la mitad de los ingresos son destinados a deuda. Incluso, sacando los datos extremos (el 1% más bajo y el 1% más alto) la mitad de los hogares tienen un 20% de carga financiera sobre su ingreso mensual, aún así más alta que los países más endeudados del mundo. De ahí la relevancia del sistema de seguridad social y del modelo de relaciones laborales en el país.
Para dar una pincelada del tipo de deuda del país, si tomamos en cuenta a los morosos, que para diciembre 2016 alcanzaron la cifra de 4.295.957, el 46% son del retail, 33% de la banca y 5% de educación. Al calcular la participación por monto, la banca pasa a primer lugar con un 54% y retail baja su participación a un 21% mientras que educación sube a un 7%. Es decir, la mayor cantidad de personas está endeudada en el retail, pero los montos mayores se concentran en la banca que tiene menor proporción de personas morosas. A su vez, el promedio de documentos impagos es de 6, con una morosidad promedio de $1,4 millones, es decir, unos $237 mil por documento. En el retail se concentra mayormente deuda de consumo en casas comerciales, y en la banca deuda hipotecaria. De ahí la diferencia de montos totales de deuda en relación a los países más ricos como Suecia o Noruega, con problemas de deuda por créditos hipotecarios o de aumento de patrimonio, más que de bajo costo o por consumo básico. La deuda tercermundista de Chile permite que la morosidad esté concentrada en 76% en los hogares con obtienen menos de $500 mil.
Junto a ello los adultos mayores son el grupo más golpeado, donde ha aumentado en un 19,1% el número de morosos mayores de 70 años entre diciembre 2015 y 2016. La deuda morosa es $1.177.619 lo que equivale a 2,1 veces su ingreso autónomo del hogar corregido según CASEN 2015. Entre diciembre 2013 y 2016 ha aumentado en un 92% la cantidad de adultos mayores con pensiones del Pilar Básico Solidario morosos.
Aunque el ministro Valdés plantee que el sistema de reparto contiene mucha ideología, lo cierto, es que la fábrica de deudores que el Estado ha impulsado, vía cercenamiento de derechos sociales, privatización de servicios públicos y la extensión del crédito como forma de acceso, ha expandido la movilización a coordinaciones cada vez más amplias de lucha por la desmercantilización de la vida y la construcción de una nueva soberanía colectiva sobre nuestro destino.
La lucha entre hogares deudores, y empresas acreedoras, por el despojo de derechos sociales y riqueza colectiva, toma formas diversas, hoy contra el CAE, las AFPs y mañana por un sistema que permita que la vida de bienestar de algunos no se construya sobre la hipoteca del futuro de otros. Un sistema que sea parte de una deliberación democrática con objetivos de mayor justicia social y una expansión de las posibilidades vitales, no un disciplinamiento que baja la mirada a resolver la existencia diaria sin más horizonte que gestionar la bicicleta de deuda que no lleva a destino alguno.
Publicado en The Clinic el 31 de marzo de 2017
Por Alexander Páez, investigador de Fundación SOL.
Para dar una pincelada del tipo de deuda del país, si tomamos en cuenta a los morosos, que para diciembre 2016 alcanzaron la cifra de 4.295.957, el 46% son del retail, 33% de la banca y 5% de educación. Al calcular la participación por monto, la banca pasa a primer lugar con un 54% y retail baja su participación a un 21% mientras que educación sube a un 7%. Es decir, la mayor cantidad de personas está endeudada en el retail, pero los montos mayores se concentran en la banca que tiene menor proporción de personas morosas.
El domingo recién pasado se movilizaron cerca de dos millones de personas a nivel nacional para protestar por el sistema de capitalización individual que administran las AFPs. El objetivo principal es que pueda existir un sistema de pensiones basado en los principios de la seguridad social, es decir, que reconozca a cada habitante del país su derecho a tener una pensión basada en la solidaridad y la justicia social.
Estas movilizaciones, junto a las movilizaciones estudiantiles del ciclo 2011-2012, dan cuenta de la resistencia masiva hacia las múltiples formas de desposesión sistémica que recaen sobre los hogares trabajadores del país. En ambas, ha existido un elemento común que opera como una suerte de síntoma que requiere ser diagnosticado más a fondo para establecer sus causas estructurales: el masivo endeudamiento de los hogares, y sobre todo, de quienes han estado movilizados los últimos 6 años; los hogares de estudiantes y de jubilados o pensionados. No son sólo estudiantes ni sólo jubilados quienes se movilizan, por ello nos referimos a los hogares. Y es que como unidad de análisis ha estado ausente tanto de los diagnósticos de las autoridades como de los análisis sociopolíticos que se realizan.
Al tomar como unidad de observación los hogares, las movilizaciones “sectoriales”, así como el diagnóstico que sustenta tales movilizaciones se observan de forma mucho más sistémica. En el hogar convive “la realidad material” del estudiante con Crédito con Aval del Estado (CAE) y el jubilado pensionado, así como el o la trabajadora que gana el mínimo, o que no puede tener una negociación colectiva que le permita equilibrar al menos la relación asimétrica con su empleador. También convive, el trabajo devaluado de la mujer que no es de mercado, con mayor carga de trabajo doméstico a igual jornada de trabajo que el hombre, etc.
La heterogeneidad y diversidad de las formas de inserción social y productiva en los hogares, contrasta con la solución universal a la cual el hogar acude para lograr reproducir su unidad doméstica. Es que la deuda para estudiar, para comer, para vestir, para poder tratarse una enfermedad, para poder juntarse con los/as amigos/as para recrearse, para poder atenderse en un centro de salud, etc. opera como un amplio instrumento de “integración” hacia las formas colectivas de vida social.
Según el Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central, para el tercer trimestre del 2016 la deuda total de los hogares asciende a un 63,5% de sus ingresos disponibles anuales. Para el 2003, ésta era del 38%. Esto implica un aumento promedio de la deuda de un 12,7% anual durante 14 años. Como para hacerse una idea del ritmo de crecimiento de la deuda de los hogares en relación a otros indicadores comúnmente utilizados, el PIB per cápita creció en mismo período un 4,7%, y los salarios medios de la ocupación principal un 2,4% según la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE (ESI).
Es decir, la deuda de los hogares ha crecido más que la riqueza por habitante del país, y más que los ingresos del trabajo. Según los datos de DICOM-Equifax, publicados por la Universidad San Sebastián, a diciembre 2016 existen 11 millones de deudores. Para dimensionar este dato se puede señalar que existen 8 millones de ocupados y que la población mayor de 18 años es de 13 millones aproximadamente según el INE. A su vez, según la Encuesta Financiera de Hogares del 2014 el 73% de los hogares tiene al menos una deuda.
La deuda es así un hecho extensivo a nivel a nacional, pero también lo es a nivel mundial. Suecia y Noruega, modelos que se podrían plantear como diametralmente diferentes al nacional, tienen una deuda de los hogares como proporción del ingreso disponible anual de 172% y 213% respectivamente (el promedio OCDE para 2014 es de 130%). Comparado al 63,5% de Chile, se planteará que nuestra realidad no ha llegado a niveles dramáticos, sobre todo considerando que los datos para el caso de los países de la Unión Europea están determinados por la larga crisis financiera del 2009. Sin embargo, esa enorme deuda es producto del tipo de deuda de los hogares así como del tipo de ingreso que los hogares obtengan para así gestionar tales deudas. Los ingresos a nivel general al cual pueden acudir los hogares, a su vez, están determinados socio-económicamente (y también, políticamente) por el tipo de matriz productiva, las relaciones laborales que regulen la relación entre trabajadores y empleadores y el tipo de sistema de protección social (presente o ausente) que se encuentre en el país.
¿Cómo se expresa esta diferencia? En la carga financiera de los hogares, es decir, en la proporción que le dedican mensualmente al pago de los servicios de la deuda, comisiones, intereses, etc. En el caso de Suecia para septiembre de 2016, el 11,2% de sus ingresos mensuales son destinados a pagar tales servicios, para Noruega es el 14,8%. En Chile, según la Encuesta Financiera de Hogares 2014, esta proporción es del 51,6% para los hogares con deuda, es decir, la mitad de los ingresos son destinados a deuda. Incluso, sacando los datos extremos (el 1% más bajo y el 1% más alto) la mitad de los hogares tienen un 20% de carga financiera sobre su ingreso mensual, aún así más alta que los países más endeudados del mundo. De ahí la relevancia del sistema de seguridad social y del modelo de relaciones laborales en el país.
Para dar una pincelada del tipo de deuda del país, si tomamos en cuenta a los morosos, que para diciembre 2016 alcanzaron la cifra de 4.295.957, el 46% son del retail, 33% de la banca y 5% de educación. Al calcular la participación por monto, la banca pasa a primer lugar con un 54% y retail baja su participación a un 21% mientras que educación sube a un 7%. Es decir, la mayor cantidad de personas está endeudada en el retail, pero los montos mayores se concentran en la banca que tiene menor proporción de personas morosas. A su vez, el promedio de documentos impagos es de 6, con una morosidad promedio de $1,4 millones, es decir, unos $237 mil por documento. En el retail se concentra mayormente deuda de consumo en casas comerciales, y en la banca deuda hipotecaria. De ahí la diferencia de montos totales de deuda en relación a los países más ricos como Suecia o Noruega, con problemas de deuda por créditos hipotecarios o de aumento de patrimonio, más que de bajo costo o por consumo básico. La deuda tercermundista de Chile permite que la morosidad esté concentrada en 76% en los hogares con obtienen menos de $500 mil.
Junto a ello los adultos mayores son el grupo más golpeado, donde ha aumentado en un 19,1% el número de morosos mayores de 70 años entre diciembre 2015 y 2016. La deuda morosa es $1.177.619 lo que equivale a 2,1 veces su ingreso autónomo del hogar corregido según CASEN 2015. Entre diciembre 2013 y 2016 ha aumentado en un 92% la cantidad de adultos mayores con pensiones del Pilar Básico Solidario morosos.
Aunque el ministro Valdés plantee que el sistema de reparto contiene mucha ideología, lo cierto, es que la fábrica de deudores que el Estado ha impulsado, vía cercenamiento de derechos sociales, privatización de servicios públicos y la extensión del crédito como forma de acceso, ha expandido la movilización a coordinaciones cada vez más amplias de lucha por la desmercantilización de la vida y la construcción de una nueva soberanía colectiva sobre nuestro destino.
La lucha entre hogares deudores, y empresas acreedoras, por el despojo de derechos sociales y riqueza colectiva, toma formas diversas, hoy contra el CAE, las AFPs y mañana por un sistema que permita que la vida de bienestar de algunos no se construya sobre la hipoteca del futuro de otros. Un sistema que sea parte de una deliberación democrática con objetivos de mayor justicia social y una expansión de las posibilidades vitales, no un disciplinamiento que baja la mirada a resolver la existencia diaria sin más horizonte que gestionar la bicicleta de deuda que no lleva a destino alguno.en Actualidad
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