Publicada en El Mostrador el 30 julio 2014
Por Recaredo Gálvez, investigador Fundación SOL
Muchas de las reformas parecieran estar completamente aisladas de un contexto general y de un debate en torno a cuál es el modelo de relaciones sociales que se pretende desarrollar. Los titulares operan de la mejor de las formas, instalando en las acciones colectivas una suerte de vaivén negativo en el cual los actores sociales pasan a ser relatores de los acontecimientos, pero no sujetos con poder, y la crítica se vuelve una constante que pareciera no necesitar más que unos buenos versos y hacerse dueños del “NO”.
Una democracia fragmentada como aprendizaje de un modelo de resolución de conflictos basado en la particularidad y despolitización de las partes. Eso es lo que posiblemente ha gatillado la gran gesta de reformas propuestas por el actual Gobierno, muchas de ellas circunscritas al objetivo de “recuperar la fe pública”, señalado por el subsecretario de Previsión al momento de hablar respecto de la AFP Estatal, pero lejanas realmente a los profundos problemas derivados del desarraigo político con que se han instalado las relaciones de poder en la sociedad actual.
El proyecto de ley que crea una Administradora de Fondos de Pensiones estatal, ingresado el 16 de junio a la Cámara, expresa claramente que los objetivos del mismo son aumentar la cobertura y aumentar la competencia en el mercado de AFP. No obstante, para cumplir con esos dos objetivos propuestos, el proyecto señala explícitamente que la “AFP Estatal S.A.” estará sujeta íntegramente a las condiciones de creación, funcionamiento y disolución de las AFP privadas. Además de esto, una traba importante para que dicho organismo estatal pueda cumplir sus metas, es la eventual prohibición de inversión en títulos financieros de personas jurídicas relacionadas, es decir, Tesorería de la República, Banco Central y empresas públicas, siendo estos los únicos capaces de ofrecer una mayor rentabilidad y menor riesgo.
El gasto público contemplado para la puesta en marcha de la AFP Estatal S.A. está en el margen de los MMUS$ 70, lo cual se prevé en un margen de 36 meses y contempla también los requerimientos de encaje y las 20.000 UF necesarias como capital inicial, de las cuales el 99% será a cargo de CORFO y el 1% restante a cargo del fisco.
Otro carril sigue la comisión asesora presidencial sobre el sistema de pensiones, denominada “Comisión Bravo”. Por dicho espacio pasarán hasta el 14 de agosto un total de 73 ponencias, de diversas organizaciones y tendencias. Al 22 de julio ya habían circulado un total de 45 organizaciones, dentro de las cuales 9 corresponden a instancias de carácter sindical que comparten un diagnóstico común en relación al fracaso del sistema de AFP y enarbolan la propuesta de formular un moderno sistema de pensiones basado en el reparto, es decir: la contribución tripartita y la solidaridad intergeneracional. Quienes no poseen una visión unificada en este tema son los centros de pensamiento, de los cuales ya 8 han pasado por la Comisión, con propuestas que van desde la mirada más conservadora, que incluiría sólo algunos ajustes paramétricos al modelo de AFP, hasta las más críticas, que apuntan principalmente a reconfigurar el sistema con una base en el reparto o un modelo mixto.
Las AFP también se han hecho presentes en esta Comisión, demostrando una clara defensa de los avances instalados en la reforma de 2008, y confiados en que sólo es necesaria una serie de ajustes, principalmente orientados en el APV, la densidad de cotización, el aumento de la contribución definida y la edad de jubilación. Coincidentemente, las propuestas del gremio de las AFP se asemejan bastante a lo que hasta ahora ha expuesto la CPC, e intelectuales vinculados a los directorios de AFP.
En una democracia fragmentada parece saludable que tal número y diversidad de actores participen de un espacio de consulta exponiendo sus propuestas. No obstante, dicha democracia no se cuestiona que el espacio sea de exposición y no de debate, así como tampoco cuestionaría que finalmente las determinaciones técnicas superen a las políticas, como ha sido la tendencia en la postdictadura. Esto es así porque lo político también se fragmenta, en un ámbito completamente apartado de lo social, resguardando que la ideología imperante sea principalmente la que busca silenciar las demás ideologías y hacerlas parecer como anacrónicas.
Muchas de las reformas parecieran estar completamente aisladas de un contexto general y de un debate en torno a cuál es el modelo de relaciones sociales que se pretende desarrollar. Los titulares operan de la mejor de las formas, instalando en las acciones colectivas una suerte de vaivén negativo en el cual los actores sociales pasan a ser relatores de los acontecimientos, pero no sujetos con poder, y la crítica se vuelve una constante que pareciera no necesitar más que unos buenos versos y hacerse dueños del “NO”. En este sentido, el debate se centra en lo superficial, lo formal, la letra de la reforma, pero el contenido profundo de la misma corre siempre el riesgo de no ser otro que “recuperar la fe pública” para revitalizar y actualizar las condiciones de acumulación y dominación.