Por Alexander Páez/Investigador Fundación SOL
En el contexto de las movilizaciones y la aguda represión ocurrida en los últimos meses la democracia y el estado de derecho han sido de los conceptos más utilizados, tanto para defender el derecho a manifestarse, como para defender el derecho de los ciudadanos que no quieren desorden y se ven afectados por las mismas movilizaciones.
También es utilizado para discutir el derecho a la distribución de la riqueza de una nación, donde la grave desigualdad (ya consensuada a nivel político, técnico y social) no permitiría sostener a la democracia por ser contradictoria con una participación material real con altos grados de inclusión y cohesión social. A su vez, es utilizada para discutir lo contrario, el derecho a la apropiación de tal riqueza según eufemismos tales como “emprendimiento”, “propiedad privada”, “creación de riqueza” etc.
Democracia se asume así como el régimen que permite que los derechos existan, para que sean promovidos, cumplidos y respetados. El derecho a la seguridad, por ejemplo, permite que Chile tenga una sobrepoblación del 55% en cárceles e incluso existen recintos donde se llega al 400% según el Informe de Derechos Humanos del IDH.
Obviamente no es por sí sólo el Derecho a la Seguridad el que provoca mayor violación de derechos humanos fundamentales, pero se invoca a los mismos y a la democracia para luego violarlos, por lo tanto se produce una contradicción entre la superestructura y la infraestructura de la política de defensa de los derechos humanos, haciéndola abstracta y despolitizada.
El mismo Hernán Doren, Presidente de las Isapres, plantea que es inconstitucional que a todos los trabajadores se les extraiga parte de su ingreso personal para financiar el acceso a salud de todas las personas, ya que “las cotizaciones pertenecen a los afiliados y con esto les estaríamos quitando parte de ella” y que no se puede proceder a su expropiación.
Lo cierto, es que el Estado de Derecho y la Democracia, al abstraerlos de su contenido político, son capaces de invocar antiguos espíritus del mal así como las más renovadas esperanzas de progreso y justicia social. En ese sentido, el mayor peligro que corren es que sean determinadas como instituciones a priori por los grupos sociales dirigentes que dominan el país en un momento determinado.
La democracia no ha sido siempre una verdad trascendente en Chile y América Latin. Históricamente ha tenido una relación conflictiva con el desarrollo económico, cuestionándose incluso la posibilidad de establecer democracias en países capitalistas periféricos, tal como lo planteaba Raúl Prebisch, Fundador y Secretario Ejecutivo de la CEPAL en los 50’, ya que se producía una contradicción entre las demandas sociales de la democracia y el insuficiente desarrollo económico de países no industrializados dependientes de los centros económicos y de su desarrollo técnico.
El proyecto político y el régimen apropiado estaban así en una discusión de sus posibilidades de constitución a partir de una orientación específica de desarrollo socioeconómico, sobre todo por el conflicto de los grupos sociales que lo constituirían, es así como, más que una valorización a priori de la democracia, se discutía el contenido de la misma, lo que se llegó a llamar la discusión entre democratización social y política.
La reificación y abstracción de la democracia, es más bien una construcción histórica que se vive en forma de trauma por parte de la clase política actual, en especial la concertación y sectores liberales de la derecha, producto de lo que se llamó la ruptura del consenso democrático, para el golpe de estado de 1973, tal como Foxley lo resumía en los 80 “el rompimiento de los consensos está en la base de la crisis de la sociedad chilena de las últimas décadas”.
La tesis de tal ruptura señala como esencial que Chile vivía desde los períodos del Frente Popular una ampliación democrática, tanto política como social, que fue destruida producto de la polarización ideológica vivida por el país desde la segunda mitad de los 60’ en adelante, tanto en el gobierno demócrata cristiano de Frei Montalva y profundizado en el de la Unidad Popular.
Sin embargo, cabe matizar tal continuidad, en palabras del radical Héctor Arancibia Lazo en 1937, en la doctrina radical y el programa de gobierno de 1938, “Esto no es una República; es la falsificación de una República y contra ello debemos alzarnos todos los que nos sentimos animados del ferviente anhelo de que alguna vez exista soberanía nacional”.
Es sabido el profundo contenido de clase de tal partido y su orientación pública, docente y de reestructuración económica. Su impulso a la clase media y a la ampliación de derechos sociales, obligaba a realizar un diagnóstico del país tanto a nivel económico como político, y plantear desde esa perspectiva la noción de democracia, incluso sin negarse a condenar a grupos sociales específicos si detenían la marcha de su proyecto político “Combatimos la reacción que pretende encadenar el avance ideológico y moral del país. Prestamos amparo a los que sufren y protestan por el alto costo de la vida y por lo bajo de los salarios y condenamos a los elementos egoístas que con ceguera incomprensible exigen la aplicación de medidas policiales para acallar la exteriorización de esas privaciones”.
Al colocar en contexto las fuerzas sociales en pugna, y proyectos políticos con orientación económica y sociales concretas, conceptos como democracia o incluso la misma desigualdad pueden ser comprendidos en perspectiva histórica y no como excusa de represión, ni tampoco como instituciones no-políticas ni de algún orden natural, que sólo dejen espacio a demandas meramente expresivas o estéticas.
El mayor peligro de autoritarismo y represión está en caer en la reificación de las instituciones, sin establecer una crítica y comprensión histórica, de la transformación de las mismas con contenidos políticos y sociales concretos que develen la evidente contradicción de clase de este modelo socioeconómico, el cual invoca a la democracia y las leyes como forma de amenaza de un “nuevo rompimiento del consenso democrático”.
¿En qué momento usted fue consultado para consensuar algo?
Publicada originalmente en El CiudadanoPor Alexander Páez/Investigador Fundación SOL
En el contexto de las movilizaciones y la aguda represión ocurrida en los últimos meses la democracia y el estado de derecho han sido de los conceptos más utilizados, tanto para defender el derecho a manifestarse, como para defender el derecho de los ciudadanos que no quieren desorden y se ven afectados por las mismas movilizaciones.
También es utilizado para discutir el derecho a la distribución de la riqueza de una nación, donde la grave desigualdad (ya consensuada a nivel político, técnico y social) no permitiría sostener a la democracia por ser contradictoria con una participación material real con altos grados de inclusión y cohesión social. A su vez, es utilizada para discutir lo contrario, el derecho a la apropiación de tal riqueza según eufemismos tales como “emprendimiento”, “propiedad privada”, “creación de riqueza” etc.
Democracia se asume así como el régimen que permite que los derechos existan, para que sean promovidos, cumplidos y respetados. El derecho a la seguridad, por ejemplo, permite que Chile tenga una sobrepoblación del 55% en cárceles e incluso existen recintos donde se llega al 400% según el Informe de Derechos Humanos del IDH.
Obviamente no es por sí sólo el Derecho a la Seguridad el que provoca mayor violación de derechos humanos fundamentales, pero se invoca a los mismos y a la democracia para luego violarlos, por lo tanto se produce una contradicción entre la superestructura y la infraestructura de la política de defensa de los derechos humanos, haciéndola abstracta y despolitizada.
El mismo Hernán Doren, Presidente de las Isapres, plantea que es inconstitucional que a todos los trabajadores se les extraiga parte de su ingreso personal para financiar el acceso a salud de todas las personas, ya que “las cotizaciones pertenecen a los afiliados y con esto les estaríamos quitando parte de ella” y que no se puede proceder a su expropiación.
Lo cierto, es que el Estado de Derecho y la Democracia, al abstraerlos de su contenido político, son capaces de invocar antiguos espíritus del mal así como las más renovadas esperanzas de progreso y justicia social. En ese sentido, el mayor peligro que corren es que sean determinadas como instituciones a priori por los grupos sociales dirigentes que dominan el país en un momento determinado.
La democracia no ha sido siempre una verdad trascendente en Chile y América Latin. Históricamente ha tenido una relación conflictiva con el desarrollo económico, cuestionándose incluso la posibilidad de establecer democracias en países capitalistas periféricos, tal como lo planteaba Raúl Prebisch, Fundador y Secretario Ejecutivo de la CEPAL en los 50’, ya que se producía una contradicción entre las demandas sociales de la democracia y el insuficiente desarrollo económico de países no industrializados dependientes de los centros económicos y de su desarrollo técnico.
El proyecto político y el régimen apropiado estaban así en una discusión de sus posibilidades de constitución a partir de una orientación específica de desarrollo socioeconómico, sobre todo por el conflicto de los grupos sociales que lo constituirían, es así como, más que una valorización a priori de la democracia, se discutía el contenido de la misma, lo que se llegó a llamar la discusión entre democratización social y política.
La reificación y abstracción de la democracia, es más bien una construcción histórica que se vive en forma de trauma por parte de la clase política actual, en especial la concertación y sectores liberales de la derecha, producto de lo que se llamó la ruptura del consenso democrático, para el golpe de estado de 1973, tal como Foxley lo resumía en los 80 “el rompimiento de los consensos está en la base de la crisis de la sociedad chilena de las últimas décadas”.
La tesis de tal ruptura señala como esencial que Chile vivía desde los períodos del Frente Popular una ampliación democrática, tanto política como social, que fue destruida producto de la polarización ideológica vivida por el país desde la segunda mitad de los 60’ en adelante, tanto en el gobierno demócrata cristiano de Frei Montalva y profundizado en el de la Unidad Popular.
Sin embargo, cabe matizar tal continuidad, en palabras del radical Héctor Arancibia Lazo en 1937, en la doctrina radical y el programa de gobierno de 1938, “Esto no es una República; es la falsificación de una República y contra ello debemos alzarnos todos los que nos sentimos animados del ferviente anhelo de que alguna vez exista soberanía nacional”.
Es sabido el profundo contenido de clase de tal partido y su orientación pública, docente y de reestructuración económica. Su impulso a la clase media y a la ampliación de derechos sociales, obligaba a realizar un diagnóstico del país tanto a nivel económico como político, y plantear desde esa perspectiva la noción de democracia, incluso sin negarse a condenar a grupos sociales específicos si detenían la marcha de su proyecto político “Combatimos la reacción que pretende encadenar el avance ideológico y moral del país. Prestamos amparo a los que sufren y protestan por el alto costo de la vida y por lo bajo de los salarios y condenamos a los elementos egoístas que con ceguera incomprensible exigen la aplicación de medidas policiales para acallar la exteriorización de esas privaciones”.
Al colocar en contexto las fuerzas sociales en pugna, y proyectos políticos con orientación económica y sociales concretas, conceptos como democracia o incluso la misma desigualdad pueden ser comprendidos en perspectiva histórica y no como excusa de represión, ni tampoco como instituciones no-políticas ni de algún orden natural, que sólo dejen espacio a demandas meramente expresivas o estéticas.
El mayor peligro de autoritarismo y represión está en caer en la reificación de las instituciones, sin establecer una crítica y comprensión histórica, de la transformación de las mismas con contenidos políticos y sociales concretos que develen la evidente contradicción de clase de este modelo socioeconómico, el cual invoca a la democracia y las leyes como forma de amenaza de un “nuevo rompimiento del consenso democrático”.
¿En qué momento usted fue consultado para consensuar algo?
Publicada originalmente en El Ciudadanoen Actualidad
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