Publicada en El Mostrador el 26 agosto 2014

Por Carla Brega, investigadora Fundación SOL

Las concesiones de recintos hospitalarios son sólo una de las maneras en que los fondos públicos se transfieren a privados en el ámbito de la salud y les aseguran ganancias.

Los trabajadores del Hospital Salvador empezaron a movilizarse hace más de dos meses para evitar que el gobierno concesione la obra pública, manteniendo un paro de actividades de 28 días, que la ministra Molina ordenó cesar como condición para el diálogo. Hasta ahora en la Mesa de Trabajo, los funcionarios proponían la construcción de un nuevo recinto hospitalario directamente por parte del Estado (lo que se ha discutido como “reposición sectorial por vía directa”). Por su parte, el Ejecutivo insistió en la construcción del nuevo recinto por vía concesionada, aunque con algunos cambios al contrato.

Ahora bien, la Mesa de Trabajo se aplazó en razón de analizar una nueva propuesta presentada por los trabajadores: la recuperación de la infraestructura actual del recinto Hospital del Salvador, incluyendo varias partes del edificio que han sido declaradas Patrimonio Cultural. En la práctica, esto implicaría una reposición del recinto, habilitando unos 100 mil metros cuadrados del hospital.

Desechar la concesión por interés público le costaría al Estado una multa de 60 mil millones de pesos en beneficio del “Consorcio de Salud Santiago Oriente”, que se adjudicó a principios de este 2014 el contrato de concesión para la ejecución, reparación, conservación y explotación de la obra pública fiscal.

Aunque, sin duda, lo que más preocupa a las autoridades es que si el Hospital del Salvador no se ejecuta mediante concesión, la obra del Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes) podría ser también cuestionada con facilidad. No en vano los trabajadores se han apoyado en las experiencias de los Hospitales de La Florida y el Hospital de Maipú, inaugurados antes de ser terminados y cuya gestión concesionaria ha sido un fracaso. Para hacerse una idea, sólo la inversión en el Hospital del Salvador requiere unos 293 millones de dólares y la de Félix Bulnes otros US$ 231 millones (datos del Ministerio de Obras Públicas). Las concesionarias incurren en ese gasto, que el Estado va pagando en “cómodas cuotas” semestrales, bajo las condiciones de las primeras. Precisamente de eso se trata el negocio.

En nuestro país las concesiones de obras públicas a manos de privados comenzaron en la década de 1990 y durante el gobierno de Ricardo Lagos se introdujeron tanto concesiones penitenciarias como hospitalarias. En 2010, fue el primer gobierno de Michelle Bachelet el que “perfeccionó” la Ley de Concesiones, en donde obras relacionadas con instituciones de la salud pública, como hospitales, tienen el mismo estatus que autopistas, carreteras, aeropuertos y, claro, no podemos olvidar al transporte público capitalino, el Transantiago.

En todos los casos, el Estado llama a que empresas privadas concursen por la construcción, reparación y/o gestión de alguna obra de beneficio público, pagando a lo largo de la duración del contrato cuya extensión es variable. La duración de la mayoría de los contratos de concesiones hospitalarias es de unos quince años, lo que asegura no sólo que la obra esté terminada, sino también altos pagos y tiempo para que estas empresas generen utilidades.

Si bien en Chile la empresa concesionaria no está autorizada para prestar servicios clínicos, el Estado paga un “subsidio fijo a la construcción” por la edificación del recinto, pero también un “subsidio fijo a la operación” que va variando por concepto de la gestión y uso del Hospital. Lo interesante del caso Salvador-Geriátrico, es que se incorporan además otros dos “subsidios”. El primero es un “subsidio variable” destinado a subvencionar el uso de camas según un índice de Días Cama Ocupado base y adicional, además de Nuevas Inversiones solicitadas por el Estado. El segundo es otro “subsidio fijo” destinado a la adquisición y reposición de equipamiento médico, mobiliario clínico y no clínico durante la etapa de construcción, pero también durante la etapa de explotación del Hospital.

Además, el concesionario tiene derecho a la “Prestación de Servicios Complementarios”, como alimentación, aseo, gestión de residuos, puntos de venta y estacionamientos dirigidos al público general, es decir, servicios que serán pagados aparte y directamente a la empresa concesionaria.

Con este tipo de contrato, la empresa concesionaria no deja flancos sin cubrir. Lo que llama la atención y que varios expertos señalan, es que en el país no se ha demostrado cómo es que la concesión le costaría más barata al Estado que construir sus propios hospitales con fondos fiscales. El Estado no se hace responsable de la planificación ni construcción ni operación de los hospitales públicos porque no contamos con un verdadero sistema de seguridad social. Si con la dictadura el rol del Estado se redujo a una presencia asistencialista, hoy sencillamente procura los provechos del negocio a privados financiándolos, tal como sucede con nuestro sistema de pensiones (AFP).

Bajo esta lógica, las concesiones de recintos hospitalarios son sólo una de las maneras en que los fondos públicos se transfieren a privados en el ámbito de la salud y les aseguran ganancias.

Los empresarios de la salud privada se enriquecen directamente gracias a aquellos pacientes-clientes cuyo sistema de previsión es privado, o sea, de aquellos afiliados a una Isapre. Pero eso es poco. Se enriquecen indirectamente a costa de los fondos públicos con el Bono Auge, los Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas que les paga el fisco, y la “Modalidad Libre Elección”, que es cuando las personas cubiertas por Fonasa de los grupos B, C y D se atienden (por distintas razones) en centros asistenciales privados. Solamente en el año 2013 las transferencias de fondos fiscales a privados de la salud fueron más de 1.100 millones de dólares (datos de la Dirección de Presupuestos del Gobierno).

Aunque, sin duda, lo que más preocupa a las autoridades es que si el Hospital del Salvador no se ejecuta mediante concesión, la obra del Hospital Santiago Occidente (ex Félix Bulnes) podría ser también cuestionada con facilidad. No en vano los trabajadores se han apoyado en las experiencias de los Hospitales de La Florida y el Hospital de Maipú, inaugurados antes de ser terminados y cuya gestión concesionaria ha sido un fracaso. Para hacerse una idea, sólo la inversión en el Hospital del Salvador requiere unos 293 millones de dólares y la de Félix Bulnes otros US$ 231 millones (datos del Ministerio de Obras Públicas). Las concesionarias incurren en ese gasto, que el Estado va pagando en “cómodas cuotas” semestrales, bajo las condiciones de las primeras. Precisamente de eso se trata el negocio.

En nuestro país las concesiones de obras públicas a manos de privados comenzaron en la década de 1990 y durante el gobierno de Ricardo Lagos se introdujeron tanto concesiones penitenciarias como hospitalarias. En 2010, fue el primer gobierno de Michelle Bachelet el que “perfeccionó” la Ley de Concesiones, en donde obras relacionadas con instituciones de la salud pública, como hospitales, tienen el mismo estatus que autopistas, carreteras, aeropuertos y, claro, no podemos olvidar al transporte público capitalino, el Transantiago.

En todos los casos, el Estado llama a que empresas privadas concursen por la construcción, reparación y/o gestión de alguna obra de beneficio público, pagando a lo largo de la duración del contrato cuya extensión es variable. La duración de la mayoría de los contratos de concesiones hospitalarias es de unos quince años, lo que asegura no sólo que la obra esté terminada, sino también altos pagos y tiempo para que estas empresas generen utilidades.

Si bien en Chile la empresa concesionaria no está autorizada para prestar servicios clínicos, el Estado paga un “subsidio fijo a la construcción” por la edificación del recinto, pero también un “subsidio fijo a la operación” que va variando por concepto de la gestión y uso del Hospital. Lo interesante del caso Salvador-Geriátrico, es que se incorporan además otros dos “subsidios”. El primero es un “subsidio variable” destinado a subvencionar el uso de camas según un índice de Días Cama Ocupado base y adicional, además de Nuevas Inversiones solicitadas por el Estado. El segundo es otro “subsidio fijo” destinado a la adquisición y reposición de equipamiento médico, mobiliario clínico y no clínico durante la etapa de construcción, pero también durante la etapa de explotación del Hospital.

Además, el concesionario tiene derecho a la “Prestación de Servicios Complementarios”, como alimentación, aseo, gestión de residuos, puntos de venta y estacionamientos dirigidos al público general, es decir, servicios que serán pagados aparte y directamente a la empresa concesionaria.

Con este tipo de contrato, la empresa concesionaria no deja flancos sin cubrir. Lo que llama la atención y que varios expertos señalan, es que en el país no se ha demostrado cómo es que la concesión le costaría más barata al Estado que construir sus propios hospitales con fondos fiscales. El Estado no se hace responsable de la planificación ni construcción ni operación de los hospitales públicos porque no contamos con un verdadero sistema de seguridad social. Si con la dictadura el rol del Estado se redujo a una presencia asistencialista, hoy sencillamente procura los provechos del negocio a privados financiándolos, tal como sucede con nuestro sistema de pensiones (AFP).

Bajo esta lógica, las concesiones de recintos hospitalarios son sólo una de las maneras en que los fondos públicos se transfieren a privados en el ámbito de la salud y les aseguran ganancias.

Los empresarios de la salud privada se enriquecen directamente gracias a aquellos pacientes-clientes cuyo sistema de previsión es privado, o sea, de aquellos afiliados a una Isapre. Pero eso es poco. Se enriquecen indirectamente a costa de los fondos públicos con el Bono Auge, los Convenios de Provisión de Prestaciones Médicas que les paga el fisco, y la “Modalidad Libre Elección”, que es cuando las personas cubiertas por Fonasa de los grupos B, C y D se atienden (por distintas razones) en centros asistenciales privados. Solamente en el año 2013 las transferencias de fondos fiscales a privados de la salud fueron más de 1.100 millones de dólares (datos de la Dirección de Presupuestos del Gobierno).

Si los trabajadores de la salud pública se han movilizado, lejos de querer perjudicar a los usuarios, es porque saben muy bien la forma en que funciona dicho sistema y que, al fin y al cabo, las concesiones son una forma de privatización. Su movilización nos llama a enfrentar lo que nos parece de lo más normal: hemos pasado de pacientes a clientes que pueden compran salud o educación o cualquier “derecho”, según sea el tamaño de su bolsillo. ¿Qué necesitamos para darnos por advertidos?

Si los trabajadores de la salud pública se han movilizado, lejos de querer perjudicar a los usuarios, es porque saben muy bien la forma en que funciona dicho sistema y que, al fin y al cabo, las concesiones son una forma de privatización. Su movilización nos llama a enfrentar lo que nos parece de lo más normal: hemos pasado de pacientes a clientes que pueden compran salud o educación o cualquier “derecho”, según sea el tamaño de su bolsillo. ¿Qué necesitamos para darnos por advertidos?