Publicado en Russian Today (Rusia) el 20 de agosto de 2017. Chile es el país con mayor Producto Interno Bruto per cápita de América Latina, aunque la mitad de sus trabajadores percibe bajos salarios. La mayoría de sus habitantes se endeuda para poder desarrollarse, pero ya hay 4 millones de ciudadanos que no pueden pagar estos préstamos. Tras haberse aprobado la reforma laboral en Brasil, la economía más importante de Sudamérica, con 207 millones de habitantes, los trabajadores de países con legislaciones más protectoras para la clase obrera, como Argentina y Uruguay, comenzaron a preocuparse por las repercusiones que esto pueda causar en sus naciones. Sin embargo, la región tiene zonas donde las vulneraciones ya eran considerables incluso antes de los cambios en el Congreso brasilero: Chile es un claro ejemplo de ello. "Es el país con mayor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de América Latina, son 24.113 dólares para 2016 ,de acuerdo al último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), llamado 'Perspectivas de la Economía Mundial'", resalta el economista chileno Gonzalo Durán. A pesar de ello, Durán destaca las grandes inequidades para distribuir esta riqueza: "En materia de sueldos mínimos reales (comparables por poder adquisitivo), Chile se ubica por debajo de países como Panamá, Paraguay, Argentina, Ecuador y Costa Rica". El experto en salarios y desigualdad de la Fundación Sol comenta que según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), "para el 2016 la mitad de los trabajadores percibía 540 dólares al mes o menos", pero añade: "Según datos del Ministerio de Desarrollo Social, la línea de pobreza para una familia con cuatro integrantes es de 620 dólares". En efecto, para Durán "hay muchos trabajadores que con lo que ganan no logran superar la pobreza por ingresos", sobre todo en hogares donde perciben un solo sueldo. En cuanto a la fragilidad de la clase trabajadora chilena, el especialista calcula que si solo se consideran los ingresos autónomos, es decir, sin ayudas o subsidios estatales, "la pobreza pasa de un 11,7% a un 26,9%", demostrando así "la debilidad estructural de la masa salarial al momento de generar autonomía económica en los trabajadores y sus familias". Además, Durán comenta otro duro golpe para los bolsillos de sus compatriotas: "De acuerdo a datos de la Universidad San Sebastián y Equifax, hay más de 11 millones de chilenos endeudados y más de 4 millones de personas que directamente no pueden pagar estos compromisos". El país cuenta con casi 18 millones de habitantes, es decir, más de la mitad de su población está envuelta en este conflicto. Muchos de estos morosos pidieron préstamos a entidades bancarias para poder ir a la universidad en busca de un futuro más próspero. El endeudamiento ya se hizo costumbre en la ciudadanía del país trasandino, que recibió un sistema económico heredado desde el Plan Cóndor, que sobrevolaba la región en los setenta bajo gobiernos militares. La reforma laboral chilena y la vigencia económica de la dictadura Con menos difusión mediática que Brasil, el Gobierno de Michelle Bachelet también impulsó su nueva ley de relaciones laborales, que rige desde el 1 de abril, pero había ingresado al Congreso a fines de 2014. "Es importante recordar que en Chile las reglas del juego en materia de derechos colectivos en el trabajo tienen su tronco en las leyes impuestas en 1979 bajo la dictadura de Pinochet. Por eso es importante que a casi 38 años se pusiera término al legado dictatorial", opina el académico. A su vez, repasa que "según las palabras del Gobierno, esta reforma buscaba 'emparejar la cancha entre trabajadores y empresarios'", pero advierte que "hay algo mantenido tal cual como lo impuso la dictadura: negociación colectiva a nivel de empresas". Sobre este aspecto, Durán profundiza: "La idea de la negociación más allá de la empresa, por sector económico, oficio o territorio, no es discutida. Este punto es muy importante para comprender la economía política de las relaciones laborales, toda vez que la negociación por rama permite mejoras en la distribución de ingresos y de poder". En países como Argentina, los convenios colectivos por rubros, con imposiciones remunerativas y otros derechos, como por ejemplo días libres para estudiar, están garantizados para los empleados registrados en blanco. Los sectores patronales deben acatar las reglas. Las negociaciones entre los sindicatos, el Estado y las empresas prevalecen por encima de las intenciones de las compañías, al menos así lo establece el marco regulatorio. En estas naciones con derechos consagrados, el empresariado local insiste en reducir los costos, principalmente en salarios, para ser más 'competitivos' en el mercado internacional. El poder político de las empresas Chile no es ajeno a esta clase de discusiones: "Uno de los argumentos más debatidos en las rondas sobre la reforma laboral fueron las quejas del empresariado en torno a que con ella se sube el costo de la mano de obra y se hace más riesgosa la inversión, argumento similar a lo que pasa en Argentina", considera el magíster en Economía Laboral Aplicada al Desarrollo. Pero va más allá: "La idea de contener salarios apunta en esta lógica de preservar las tasas de ganancias que tienen los empresarios. Esto refuerza la idea relacional de la desigualdad, en donde unos pocos ganan a costa de que la clase trabajadora pierda". Además de consideraciones ideológicas, Durán apunta hacia un aspecto clave a la hora de implementar políticas en el país: el poder del capital concentrado para incidir en las negociaciones. "En Chile, con una economía en pocas manos, la capacidad que tiene el gran empresariado para detener las inversiones es efectiva, instalando con ello una señal respecto a lo que pueden generar ciertas reformas que atenten contra sus intereses", resume. Por ello, según el experto, se desarrolla el concepto de la "profecía autocumplida", donde "el cambio de conducta, dirigida en este caso para defender una tasa de ganancia, detona la crisis que ese mismo sector ha pronosticado". Se trata de una forma efectiva de sostener un discurso corporativo sobre la "economía política", finaliza Durán. Líder en desigualdad Según estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), publicadas por Business Insider, hasta el 2014 -no hay datos más recientes- Chile era el país más desigual de la entidad compuesta por 35 naciones. Para el cálculo se tuvo en cuenta el coeficiente de Gini, donde '1' se traduce en absoluta desigualdad y concentración económica y '0' en una justa y equitativa distribución de la riqueza. El país del Cono Sur obtuvo un elevado y crítico 0,5 en su calificación, donde también se considera la "redistribución" económica tras la intermediación del Estado: cobro de impuestos, subsidios y seguridad social, entre otras prestaciones para impartir mayor justicia social. Debido a sus escasas políticas públicas, Chile solo reduce la desigualdad a un 0,47, por eso lidera la tabla por encima de naciones como México, Estados Unidos y Turquía.