Publicada en El Desconcierto, el 22 de noviembre de 2019

Por Andrea Sato, investigadora Fundación SOL. 

Las calles de Chile se han convertido en el gran lienzo donde se han escrito las demandas de nuestro pueblo. En cada esquina podemos ver como la protesta social se vuelve patrimonio y repositorio de memoria para la revuelta. En muchas de las calles hemos leído “hasta que la vida valga la pena”, la necesidad de dignidad para que la vida sea vivible es lo que ha movilizado a millones a las calles.  Pero, para entender qué es una “vida que valga la pena” hay que retomar algunas nociones de los feminismos, como el buen vivir, y la sostenibilidad de la vida, ambas propuestas políticas y éticas, son centrales para comprender el estallido social en Chile y las garantías “mínimas” para que exista la anhelada vida que merece ser vivida.

Poner la sostenibilidad de la vida en el centro, como lo plantea Amaía Pérez Orozco, es entender que el sistema socioeconómico es una amalgama de diversas dimensiones de actividad (algunas están monetarizadas y otras no), en el sistema actual, la valorización de las distintas actividades se hace en función del capital, poniendo las vidas al servicio de este, lo que amenaza los procesos vitales de forma permanente. Que en un hogar no se logren las expectativas de bien estar material y emocional, es lo que se ha denominado “Crisis de la Reproducción”. Cuando la vida no es central en los sistemas económicos, y se convierte sólo en un medio de valorización para el capital, se vuelve urgente denunciar que tal valorización se hace a través de la explotación de las personas y los hogares, en este sentido Antonella Picchio declara que este modelo es una “Economía de Muerte” que se sostiene a través de la depredación de la tierra y las personas.

El estallido social en Chile es la manifestación de la crisis profunda, que se ha agravado durante las últimas décadas y que ataca directamente los procesos vitales de los hogares. La protesta popular, es contra un sistema devastador para las vidas y los territorios, que en nombre del libre mercado y la competencia ha dejado a poblaciones enteras sin acceso a los bienes más fundamentales para un buen vivir.

¿Cómo es la vida que merece ser vivida o que vale pena?

Establecer bajo nuestros propios criterios éticos y políticos, que es lo que necesitamos para nuestro bienestar es central. Esto no puede ni debe ser respondido por paneles de expertos, ya que no es una discusión técnica, es una discusión política y ética. La construcción de nuevas estructuras socioeconómicas para articular de forma colectiva la reproducción de las condiciones de una vida que valga la pena ser vivida. Apostar por la distribución efectiva de la riqueza y el aumento del gasto público para financiar y garantizar derechos básicos de las personas es central; en este sentido hay preguntas que hay que hacernos.

¿Cómo distribuimos equitativamente los recursos y aseguramos derechos fundamentales? Un paso prioritario, es la recuperación de la noción de universalidad de los derechos, construyendo mecanismos que permitan colectivizar los riesgos del vivir, en este sentido se vuelve urgente el reemplazo del sistema de AFP, por un modelo de seguridad social de reparto, solidario y tripartito, que en primera instancia libere recursos para la efectiva distribución de la riqueza para poder poner en marcha políticas públicas universales y no queden en manos de grandes grupos económicos, financiados con las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y, en segundo lugar, que garantice un sistema que pague pensiones dignas a jubilados y jubiladas enmarcado en un sistema de seguridad social genuino. De forma paralela avanzar en un modelo tributario que persiga al gran capital, y no a los hogares con impuestos regresivos como el IVA, y asegurar un monto de salario mínimo que permita el acceso a bienes y servicios en los hogares.

El valor de la revuelta social es que nos permite pensar y repensar como queremos vivir nuestras vidas. ¿Cómo son las vidas que merecen ser vividas? ¿Cómo hacemos circular los recursos recuperados al capital? ¿Qué organización del trabajo nos acomoda y cómo convive con las necesidades vitales?

El debate está abierto y hoy es posible darlo. Sabemos que para este debate debemos salir de la ortodoxia del mercado liberal y su interés de acumulación. En este debate, lo principal son los hogares y la sostenibilidad de estos, la distribución de trabajos y recursos que se articulan en la economía del país y logren se redistribuirse justamente. Esta discusión es central para poder incorporar en una mirada sistémica el trabajo que sostiene los demás, valorando lo monetarizado y lo que no, asegurando pisos mínimos para los derechos que mantienen un buen vivir, como la salud, educación y los recursos naturales.

Esta crisis, que es multicausal y multidimensional, nos obliga a devolver la economía a manos de la política, entendiendo lo común no sólo en lo discursivo sino como una práctica cotidiana, reconstruir el vínculo entre lo público y lo privado, lo personal y lo político; logrando ampliar los márgenes que hoy son centrales para visibilizar los elementos que sustentan los ciclos vitales en los hogares. El estallido social nos obliga a encarar profundos debates políticos; los diagnósticos ya se han hecho y los pueblos construyeron su pliego de demandas, escapar de las lógicas de acumulación del capital es urgente y desmercantilizar la vida necesario para ese objetivo; como gritan las calles de Chile “hasta que la dignidad se haga costumbre”.