Marco Kremerman
Por estos días se discute sobre la Gratuidad en la Educación Superior chilena y los criterios que deben ser fijados para que una institución pueda acceder a ella.
El Gobierno ha definido una política gradual, que comenzaría con los estudiantes que pertenecen al 50% de hogares de menores ingresos (ingresos mensuales per cápita hasta $154.166). No obstante, antes de ingresar un proyecto de ley de Educación Superior que proponga el nuevo modelo que Chile tendrá en las próximas décadas, la discusión comenzó a través de una glosa presupuestaria, que obliga a adelantar definiciones: años de acreditación, criterios de democracia interna, prohibición de lucro fiscalizable con la institucionalidad disponible.
De esta forma, la gratuidad, que hasta hace poco tiempo era resistida por todos aquellos que consideran que la Educación es un bien de consumo y, por tanto, debe someterse a las leyes de mercado, hoy la buscan y la exigen, ya que se transformó en una buena oportunidad de negocio.
En general, los países estructuran su sistema de Educación Superior construyendo un pilar de instituciones estatales (profesionales y técnicas) que en algunas ocasiones se complementan con instituciones privadas fuertemente reguladas que pueden cumplir un rol público consensuado democráticamente. El resto de las instituciones privadas (que también son reguladas) no recibe aportes del Estado. Bajo este modelo, una tipología posible y razonable podría considerar un 65% de planteles estatales (descentralizados y con control ciudadano), un 20% de planteles privados que reciben aportes estatales, pero que se ajustan al modelo público de Educación Superior y un 15% de planteles privados sin aportes estatales.
El modelo chileno, sin embargo, luego de las políticas impuestas en dictadura y aquellas implementadas en los Gobiernos de la Concertación y Piñera, se estructuró de acuerdo a las leyes de Mercado y a un Estado que ha dejado morir lentamente a sus instituciones, desatendiendo su adecuado financiamiento. Actualmente, solo 14,4% de la matrícula se concentra en los 16 establecimientos estatales, convirtiéndose en un apéndice del sistema de Educación Superior.
Pero esto no ha significado ausencia del Estado, sino que, más bien, bajo el orden neoliberal el Estado chileno asiste a los privados vía subsidios.Por ejemplo, la política del Crédito con Aval del Estado (CAE), creada bajo el gobierno de Ricardo Lagos, ha sido uno de los principales motores del aumento de la matrícula en las instituciones privadas, sobre todo de los alumnos que pertenecen a hogares de menores ingresos. De esta forma, mientras el Holding educacional Laureate (Universidad de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar y AIEP) tenía una matrícula de 56.489 estudiantes el año 2005, hoy alcanza a 176.668 (un aumento de 213%). El Holding Santo Tomás (Universidad, CFT e IP), experimenta un aumento de matrícula desde 31.294 estudiantes a 91.824 el 2015 (193% de aumento), el Grupo INACAP (Universidad, CFT e IP) ve crecer su matrícula de 38.269 a 122.944 (221% de aumento) y la Universidad San Sebastián pasa de 9.663 estudiantes a 28.715 (197% de aumento), por citar algunos casos.
Hoy, acogiéndose a su posición dominante en el mercado de la Educación Superior y a la escasa gobernanza que el Estado tiene del sistema, ellos (y sus representantes en el sistema político) también piden gratuidad, argumentando que en caso contrario se estaría discriminando a los alumnos de menores ingresos que también estudian en sus aulas. El Gobierno está complicado, su propia coalición generó políticas como el CAE que posibilitaron este escenario.
Pero la pregunta que debería hacerse cualquier ciudadano/a ante el diseño de una política pública libre de presiones de grupos de interés es la siguiente: dado que el supermercado Jumbo de Paulmann les vende productos a personas que pertenecen a hogares de menores ingresos, ¿el Estado debería subsidiar a esta empresa? ¿Y a Farmacias Ahumada? ¿Y a Falabella? ¿Y a la Papelera de Matte?
Entonces, ¿el Estado chileno debe asegurar la gratuidad en un plantel privado, solo por el hecho de estar acreditado más de 4 años, incorporar algunos elementos democráticos o chequear que no se lucra "en la medida de lo posible"? ¿Dejamos afuera a 3 universidades estatales que no cumplen todos estos requisitos, siendo que el mismo Estado las ha abandonado? ¿En qué otro país se permitiría algo así? ¿Debemos hacer política sobre la leche derramada, solo porque la Educación Superior en Chile vía una mano invisible asistida por el Estado, se transformó en un mercado repleto de actores privados y un gran nicho de negocio?
Sin duda, esto solo se podrá resolver a través de una Ley de Educación Superior, que reformule completamente el sistema. Sin duda, el contenido de aquello, nuevamente, dependerá de la articulación y la movilización de los estudiantes y la sociedad en general. El sistema político actual sigue preso de malas políticas pasadas, escasa convicción política y el lobby de los grupos de interés.
Ante problemas estructurales, soluciones estructurales.