Santiago de Chile, 24 jul (EFE).- El Gobierno chileno aseguró hoy que investigará las millonarias pensiones de invalidez que reciben miembros jubilados de las Fuerzas Armadas que están sanos, entre los que figuran condenados por crímenes de lesa humanidad.

"No vamos a proteger a nadie", dijeron los ministros de Defensa y del Trabajo, José Antonio Gómez y Alejandra Krauss, respectivamente, quienes anunciaron la creación de una mesa de trabajo para analizar las modificaciones al sistema de pensiones.

La ministra Alejandra Krauss, explicó a los periodistas que se convocó a una mesa de trabajo "en la cual todos los antecedentes que estimemos pertinente que deban ser revisados desde la perspectiva administrativa o legislativa, serán trabajadas y propuestas en 45 días".

Por su parte, el titular de Defensa afirmó que los chilenos pueden estar tranquilos "ya que todos los antecedentes que hemos recabado los vamos a enviar a la Contraloría para que analice si esas pensiones pueden o no ser revisadas desde el punto de vista de la administración".

Dijo que también recurrirán al Consejo de Defensa del Estado para que determine si existe o no alguna situación irregular desde el punto de vista del sistema penal.

"No vamos a proteger a nadie ni vamos a permitir que recursos que son de todos los chilenos estén mal utilizados", agregó Gómez, mientras que la ministra del Trabajo acotó que "vamos a ser serios y responsables y no se va a permitir abusos de ninguna naturaleza".

Un reportaje emitido la noche del domingo por el canal público de televisión TVN reveló que la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) y la Dirección de Previsión de Carabineros (Dipreca) pagan cuantiosas sumas de dinero a exuniformados jubilados que están sanos "física y mentalmente" e incluso trabajan.

Se constató que cuatro condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura están entre los beneficiados, además del propio hijo de Pinochet, Augusto Pinochet Hiriart, quien recibe mensualmente 900.000 pesos chilenos (unos 1.381 dólares) desde 1979.

En Chile, los criminales de lesa humanidad no pierden sus grados ni beneficios económicos al ser condenados, por lo que cobran sus pensiones según su posición jerárquica en la milicia.

Asimismo, a 27 años de finalizado el régimen, el Estado no está facultado para fiscalizar a las instituciones militares como hace con las civiles, lo que ha sido ampliamente criticado por la izquierda política, entre otros.

Respecto de la posibilidad de que el gobierno anule las pensiones que reciben éstos uniformados, el ministro de Defensa, Jose Antonio Gómez aclaró que "la ley establece que no se pueden revisar aquellas determinaciones que han establecido las comisiones médicas". Aseguró que el Ejecutivo no tiene facultades ni para anular ni para revocar las pensiones, "porque son derechos adquiridos, excepto cuando son períodos determinados", apostilló. No obstante, afirmó que "no pueden existir abusos ni distorsiones en los temas de pensiones porque eso afecta a todos los chilenos".

La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) denunció que en las Fuerzas Armadas impera la "falta de ética", pues se "compra el silencio" de los soldados a cambio de pensiones de invalidez que superan los 2 millones de pesos (unos 3.000 dólares).

La ciudadanía ha mostrado indignación por estos hechos, que son aún más graves a la luz de las bajas jubilaciones que reciben los chilenos afiliados al sistema privado de pensiones (AFP's), que en el 90 % de los casos obtienen menos de 240 dólares al mes, según datos de la Fundación Sol. EFE